Diputada acude a Procuraduría por alza salarial a ministros

(CRHoy.com) -La diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), pidió este jueves criterio jurídico a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el decreto del Poder Ejecutivo que dejó en firme el alza salarial de un 100% para los ministros y viceministros.

La legisladora, también presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, solicitó la opinión de la PGR en un oficio que dirigió hoy a la procuradora adjunta, Magda Inés Rojas.

Ramírez hizo la gestión después de que el Gobierno publicó en el diario oficial La Gaceta el aumento de ¢1,3 millones a ¢2,6 millones por mes en el salario base de los ministros y de ¢1,3 millones a ¢2,5 millones por mes en el de los viceministros.

En la consulta, la liberacionista insiste en que el incremento salarial a los jerarcas podría ser contrario a lo establecido por la regla fiscal incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La diputada explica que en el Título IV de esa ley se estableció que cuando la relación deuda pública/Producto Interno Bruto (PIB) alcanza un 60% no se puede aumentar los salarios de los funcionarios públicos por concepto de costo de vida.

Según el Ministerio de Hacienda, la relación deuda/PIB de 2021 alcanzó el 68,19%, dato que coincide con lo señalado por la Contraloría General de la República en su Memoria Anual 2022, al indicar que la deuda del Gobierno alcanzó un monto de ¢27,3 billones, equivalente a un 68,3% del PIB. De hecho, Marta Acosta Zúñiga, Contralora General, advirtió recientemente a los diputados y diputadas integrantes de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios que, al mes de abril de este año, la deuda del Gobierno alcanzó la suma de ¢28,7 billones. Si ese monto se contrasta con la estimación que realiza el Banco Central de Costa Rica (BCCR), sobre el PIB 2022 (¢38,5 billones), tendríamos que la relación deuda/PIB se encuentra rondando el setenta y cuatro por ciento (74%), lo que supera ampliamente el umbral establecido por ley.

Señala, además, que el cumplimiento del supuesto legal genera que el país se encuentre en el escenario más gravoso que prevé la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, lo cual hace obligatoria la aplicación de medidas extraordinarias, como por ejemplo, la imposibilidad de realizar  "incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones y la anualidad del funcionario".

En otras palabras, mientras subsista la condición de un nivel de endeudamiento igual o mayor al sesenta por ciento (60%) respecto del PIB, se prohíbe legalmente otorgar ajustes al salario base de todos los funcionarios y las funcionarias del sector público, sin excepción alguna. Por lo tanto, el Decreto Ejecutivo N° 43585-H-PLANMTSS podría resultar contrario a ley y fuera del bloque de legalidad.

Según la congresista, a los ministros y viceministros se les paga con recursos públicos contenidos en el presupuesto nacional y podría haber afectación a la prestación de los servicios públicos si se realizan ajustes entre partidas presupuestarias de manera antojadiza a lo interno de cada ministerio para financiar el costo del alza salarial a los jerarcas.

En el oficio, agrega que el incremento salarial es prácticamente de un 100%, si se compara con el salario base actual de los ministros y viceministros, sin tomar en cuenta el reconocimiento de los pluses salariales que les corresponde en razón de sus cargos o por continuidad en el sector público.

"Lo cual haría que este ajuste tampoco se encuentre dentro de los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad", expresa Ramírez.

Consecuentemente, solicito a la Procuraduría General de la República que rinda criterio jurídico sobre la legalidad de la actuación del Presidente de la República, vía decreto, al otorgar un ajuste al salario base de Ministros y Viceministros, así como también respecto a la competencia de la Autoridad Presupuestaria de aplicar revaloraciones salariales a los puestos excluidos del Régimen del Servicio Civil, mientras persistan las condiciones de endeudamiento que la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ha fijado como parámetro para congelar los aumentos salariales en el sector público.