Día del Orgullo: activistas alertan retrocesos en derechos LGBTIQ+
Activistas y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos LGBTIQ+ alertan sobre retrocesos en materia de protección para las poblaciones sexualmente diversas.
La preocupación se sustenta en una serie de decisiones adoptadas durante los últimos años que, según los sectores consultados, evidencian un cambio en la relación entre el Estado y los grupos que trabajan por los derechos de esta población.
Las decisiones que encienden las alertas
Uno de los episodios más recientes ocurrió en abril de este año, cuando el Gobierno retiró a la representación del foro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de los derechos de la población LGBTIQ+.
La medida fue cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos, que la interpretaron como una señal de distanciamiento de espacios regionales dedicados a la promoción de los derechos de las personas sexualmente diversas.
Meses antes, el Ministerio de Educación Pública (MEP) eliminó el protocolo para la atención de casos de bullying y discriminación contra estudiantes LGBTIQ+, una decisión que generó críticas de sectores que consideraban esta herramienta clave para prevenir situaciones de violencia y exclusión en los centros educativos.
La controversia también alcanzó al Ministerio de Cultura en julio de 2024. Ese mes, el entonces presidente Rodrigo Chaves destituyó a la ministra Nayuribe Guadamuz luego de que declarara de interés cultural la Marcha del Orgullo y la Diversidad.
Junto con Guadamuz también fue removido Ricardo Sosa, quien se desempeñaba como comisionado de Inclusión Social.
Posteriormente, en enero de 2025, el Gobierno derogó esa figura y anuló la declaratoria de interés cultural otorgada a la marcha.
Crecen los discursos de odio
Además de las decisiones institucionales, las organizaciones observan con preocupación el aumento de mensajes discriminatorios dirigidos contra las poblaciones sexualmente diversas.
Según el Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025 de Naciones Unidas, las manifestaciones de odio contra personas LGBTIQ+, en redes sociales, aumentaron un 344% con respecto al año anterior.
Para activistas y organizaciones, esta tendencia refleja un ambiente cada vez más hostil y evidencia la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a prevenir la discriminación.
"Se rompió la comunicación"
Para Enrique Sánchez Carballo, exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el principal retroceso no radica en una medida específica, sino en el deterioro de la relación entre el Estado y las organizaciones de diversidad sexual.
Según Sánchez, el Gobierno dejó de impulsar políticas públicas dirigidas a atender las necesidades de estas poblaciones.
"Se rompió por completo la comunicación y el entendimiento de que debía existir política pública dirigida a atender las vulneraciones que enfrentan las poblaciones LGBTIQ+, particularmente las personas trans, que son de las más vulnerables", afirmó.
Una preocupación global
Dennis Castillo Fuentes, director ejecutivo de Irca Casa Abierta, organización que acompaña a personas LGBTIQ+ refugiadas y migrantes de Centroamérica, considera que la situación debe analizarse dentro de un contexto global de retroceso.
Castillo aclaró que no observa una pérdida generalizada de derechos, pero sí señales que afectan especialmente a poblaciones vulnerables.
Entre ellas mencionó el aumento de los discursos de odio, la discriminación en espacios digitales y las barreras que todavía enfrentan muchas personas para acceder a servicios de salud, justicia y reconocimiento de su identidad de género u orientación sexual.
"Las advertencias realizadas por organismos internacionales muestran que esto tiene efectos sobre la democracia, la convivencia social y el acceso efectivo a derechos fundamentales", agregó.
El impacto en la imagen país
Julio César Calvo, presidente de la Cámara de Comercio Diversa, considera que algunas decisiones del Gobierno pueden afectar la imagen internacional de Costa Rica como un país comprometido con los derechos humanos y la inclusión.
Según Calvo, las señales enviadas a organismos internacionales podrían influir en la atracción de inversión extranjera y talento especializado.
"Hay inversionistas que buscan países donde exista respeto por los derechos humanos y donde puedan atraer talento diverso. Estas señales pueden generar consecuencias a mediano y largo plazo", afirmó.
A su criterio, la inclusión también tiene implicaciones económicas, ya que muchas empresas internacionales priorizan entornos laborales diversos y respetuosos de la igualdad.








