Detectan vulnerabilidad en procesos de compra del MEP por más de ¢2.500 millones
Contraloría General de la República. Foto archivo.
La División de Fiscalización Operativa de la Contraloría General de la República (CGR) detectó vulnerabilidad den los procesos de contratación administrativa que realiza el Ministerio de Educación Pública (MEP) en 75 contrataciones que suman más de ¢2.500 millones.
Se intentó conocer la posición del Viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional, Miguel Ángel Gutiérrez, pero al cierre de edición no se había obtenido respuesta. CRHoy.com quería cuestionar a Gutiérrez por qué existen estas vulnerabilidades en procesos administrativos donde están de por medio fondos públicos.
Según dicha División del ente contralor, en el estudio se seleccionaron 75 contrataciones administrativas adjudicadas durante los años 2015 y 2016. Las mismas representan un 20% del total adjudicado en ese periodo por el Ministerio de Educación Pública.
De esos expedientes: un 54% son contrataciones directas, un 33% licitaciones abreviadas y un 13% son licitaciones públicas.
En el estudio se determinó que existen alertas en dos etapas del proceso de contratación, siendo el más riesgoso el Control Contractual y Planificación con un 46.7% y un 46.6% respectivamente.
La Contraloría presentó los resultados al MEP en los que destacó:
- Faltan controles que identifiquen y prevengan vulnerabilidades en la fase de planificación contractual
- Omisión de información en la Decisión Inicial
- Falta de evidencia sobre la justificación del procedimiento de excepción elegido
- Omisión de información en los carteles de compra
- Debilidades observadas respecto de los precios ofertados
- Inadecuada documentación de los expedientes electrónicos de compras
- Insuficiente documentación de soporte de los pagos en los expedientes de contratación
Por ejemplo, en la omisión de información en los carteles de compra en 38 de los expedientes no se pudo verificar si las ofertas se presentaron en el plazo establecido y en 56 de los carteles había indefinición de multas y cláusulas penales, las cuales se deben establecer para prevenir defectos en la ejecución del contrato.
En cuanto a la documentación que soporte los pagos la misma es insuficiente. Según la Contraloría, en 46 de los expedientes " no se pudo verificar si los documentos de la entidad fundamentan a cabalidad los pagos al contratista en ausencia del acta de recepción definitiva".