Descuido en zona indígena Salitre sigue sumando décadas
Actualmente la población aproximada de Salitre es de 11.700 personas
En los últimos dos tercios del siglo veinte, las manifestaciones de violencia de personas no indígenas contra personas indígenas se ha agravado en Salitre, así lo menciona un reciente informe de la Universidad de Costa Rica, donde además se develó la poca intervención de los gobiernos para la resolución de los conflictos territoriales y étnicos.
La invasión de propiedades, confusiones de cercas, bloqueos de caminos, las quemas de ranchos, destrucción de patrimonio, son solo algunas de las formas en que las personas combaten.
Así le ha tocado vivir a Sergio Rojas, un indígena y agricultor de 58 años que ha habitado en Salitre centro toda su vida y que ha sido testigo de las apropiaciones ilegales de muchas de las personas no indígenas y de las humillaciones y violaciones hechas a sus pueblos.
"Toda esa gente que está en orden de desalojo, tienen sus casas fuera del territorio, llegan aquí nada más a molestar y a aprovecharse de nuestras tierras… Andamos en un estado de previsión, no estamos seguros, tenemos que estar siempre alertas porque en cualquier momento nos agreden, en cualquier momento nos insultan, nos provocan…Todas la familias indígenas que hemos estado en este proceso de afectación de tierras tiene este tipo de sentir", expresó Rojas.
El conflicto
Buscan mejorar las condiciones de salud de los pobladores indígenas. (Imagen archivo).
El estudio evidenció que existen divisiones en el sector indígena y que las dinámicas de discordia han promovido que las Asociaciones de Desarrollo Integral y otras autoridades étnicas pierdan legitimidad. ¿Pero, por qué?
El problema principal es que existe una pugna de dos bandos, los que se agrupan como bribri o como böran y las personas de origen teribe (que se denominan böran). Por lo tanto, los procesos de recuperación de tierras por cuenta propia de un sector de la comunidad ha originado una tendencia interna etnicista y el temor radica en que solamente los legítimos bribris hereden tierras.
"Obviamente la legislación protege esos territorios indígenas, están protegidos para mantener la cultura… Pero en un momento se permitió la venta de tierras indígenas a personas no indígenas y esto hizo que algunas personas acapararan terrenos dentro de las comunidades, en fincas grandes ¿Y qué pasa ahora? Que las comunidades están creciendo y no tienen donde asentarse", explicó Patricia Rojas, antropóloga de la Universidad de Costa Rica.
Desde el 2012, la problemática viene en aumento y ha pasado por encima de los derechos humanos de las personas indígenas.
Ante tales hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había exigido medidas cautelares para proteger a la población indígena de Salitre y Térraba, pero aun así la situación no llega a su fin y lo peor es que sigue existiendo carencia de las autoridades gubernamentales.
Intentos fallidos
Ana Gabriel Zúñiga, Viceministra de la Presidencia fue una de las funcionarias de la Actual Administración en realizar estudios en las zonas indígenas. CRH
En 1994, se publicó en La Gaceta la primera versión del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. El proyecto de ley estableció una puesta en operación precisa en el tema de tierras y señalaba los procedimientos específicos para realizar desalojos administrativos de personas no indígenas que ocuparon ilegalmente las fincas.
Fue objeto de una muy amplia discusión, tanto en las comunidades donde se generaron talleres participativos, como en la misma Asamblea Legislativa. Sin embargo, luego de un intenso trabajo, el proyecto fue archivado.
Este proyecto, que ha representado el anhelo de una gran mayoría de la población indígena del país para lograr tomar en sus manos su propio destino y el control de sus territorios, ha estado por más de 20 años en la corriente legislativa.
El Gobierno actual ha intentado otras vías que pretendían ser más directas y eficaces. Por ejemplo, se ordenó el desalojo administrativo contra hacendados no indígenas. No obstante, no se ha podido ejecutar porque cada vez que se ha intentado, surgen nuevos actos de violencia y de intimidación.
"Ellos (el Gobierno) están haciendo un estudio minucioso de los habitantes o el territorio para ver si ocupan de la ayuda del IMAS, para brindar la protección necesaria para cuando nos vayan a desalojar no vayamos a padecer, pero eso es una excusa nada más", señaló Sergio Rojas, pero sí afirmó que en tema de desalojos tiene conocimiento de siete casos que están en firme.