Desacuerdo mantiene frenado plan para manejo eficiente de liquidez del Estado
Discusión se centra en incluir o no a las universidades públicas
(CRHoy.com) -Un desacuerdo entre el Gobierno y diputados de oposición mantiene frenado el proyecto de ley que pretende mejorar el manejo de la liquidez del Estado mediante un sistema centralizado.
La iniciativa -que fue propuesta por la Contraloría General de la República (CGR)- fue parte importante de la negociación política que allanó el camino a la aprobación legislativa para autorizar al Poder Ejecutivo a colocar $5 mil millones en eurobonos, el 24 de noviembre anterior.
Aunque la intención era aprobar el proyecto de ley en diciembre pasado, a la fecha se mantiene varado en el Congreso y su avance depende de un nuevo texto que prepara el Ministerio de Hacienda.
Según Pilar Cisneros, jefa de la bancada legislativa del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la discusión gira en torno a incluir o no a las universidades públicas en la normativa.
"Hemos ido avanzando, pero hay puntos de controversia, como si las universidades se quedan o se van. Don Nogui Acosta (Ministro de Hacienda) está trabajando en una contraoferta para ver qué hacemos con eso. Pero sí queremos dejarlo aprobado antes de que terminen las extraordinarias", dijo la legisladora.
Cisneros aseguró que Hacienda prepara un nuevo texto que enviará a la Asamblea Legislativa y sostuvo que la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN) está en desacuerdo con que se incluya a las universidades en la propuesta.
"Hay un poco de resistencia y, aparentemente, Liberación Nacional está muy interesado en que las universidades estén afuera. Vamos a ver si logramos un acuerdo para que se apruebe", agregó.
Nueva versión
Consultado, el ministro Acosta admitió que la discusión se centra en si se deja por fuera o no a las universidades estatales del manejo centralizado de la liquidez del Estado.
"Esa es la discusión en la que estamos", manifestó el jerarca, quien indicó que la próxima semana enviarán una nueva versión del proyecto para valoración de las fracciones parlamentarias. Sin embargo, no adelantó detalles de la misma.
CRHoy.com intentó conocer el criterio del diputado Óscar Izquierdo, subjefe de la bancada del PLN, pero no fue atendió.
Sin avance
Mientras, el legislador Eliécer Feinzaig, jefe de la fracción parlamentaria del Partido Liberal Progresista (PLP), reconoció que hasta el momento no ha habido ningún avance con el proyecto de ley.
"El Gobierno se comprometió a crear una mesa de trabajo con alguna contra propuesta de ellos con base en lo que pidieron las demás fracciones porque nosotros no somos de la teoría de andar excluyendo a instituciones, pero no ha llegado la propuesta y no ha habido la mesa de trabajo", afirmó.
Feinzaig opinó que la iniciativa en discusión se enmarca en una filosofía correcta para manejar toda la liquidez del Estado de una manera centralizada.
"Permitiría tener un ahorro importante en comisiones bancarias. La filosofía del proyecto es la correcta y empezar a sacar a instituciones sería un error", añadió.
Los diputados dudan que el proyecto de ley se pueda aprobar en este periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa que concluirá el próximo jueves.
La iniciativa también fue parte de los acuerdos entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El proyecto
La iniciativa -que se tramita bajo el expediente 22.661- cuenta con un dictamen afirmativo de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.
Su objetivo es crear un sistema centralizado de la liquidez de todas las instituciones públicas que permita ordenar y desarrollar una plataforma de pagos administrada por la Tesorería Nacional.
De acuerdo con la propuesta, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) tendría una función de cajero del Estado y todas las entidades públicas cerrarían sus cuentas en el sistema bancario nacional para que puedan trasladar todos sus recursos a la plataforma de pagos.
También establece disposiciones generales de aplicación para todas las entidades públicas o privadas que administren o custodien recursos públicos, incluidos los sujetos privados que reciben transferencias del presupuesto nacional.
Con las medidas para el manejo eficiente de la liquidez del Estado, el país podría ahorrar más de ¢350 mil millones
anualmente.



