Denuncias por préstamos gota a gota se multiplicaron en 4 años
En comparación con 2022 la cifra se duplicó
Las denuncias por préstamos gota a gota en Costa Rica se multiplicaron 6 veces más a lo largo de los últimos 5 años.
El resultado se da tras un análisis de CRHoy.com con base en estadísticas oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acerca del comportamiento de las denuncias en el periodo comprendido entre 2019 y 2023.
Esta modalidad de préstamos son ofrecidos por personas particulares, las cuales realizan una solicitud una cierta cantidad de dinero para la cobertura de una necesidad urgente de consumo.
La cuestión con este tipo de créditos es que no se requiere de algún estudio previo por parte del prestamista para poder realizar su otorgamiento.
La preocupación radica en que estos financiamientos son usados por los grupos ligados al crimen organizado, por lo que la práctica está bajo alerta de las autoridades.
Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) son conscientes que cuando ya los pagos se vuelven insostenibles comienzan las técnicas de amenazas de muertes o afectación a la integridad contra las familias.
Comportamiento
En el año 2019, el número de denuncias recibidas ante el Organismo fue de 132 casos, es decir, en promedio se registraron 11 al mes.
Para el 2023, la estadística registrada por parte de la institución llegó a ser 773, es decir, hubo en promedio 64 quejas ante el OIJ por mes.
En comparación con el 2022, el año pasado hubo un crecimiento cercano al 88%, según reportó el Organismo de Investigación Judicial.
En cuanto al comportamiento mensual, el mes que más registró casos de préstamos gota a gota en denuncias fue en octubre de 2023 con 90, seguido por agosto del año anterior con 85 y en tercer lugar aparece junio de 2023 con 82.
Durante los cinco años en estudio, el mes que reporta mayor cantidad de denuncias fue agosto con 198, seguido de octubre con 191, mientras que en tercer lugar es septiembre con 170.
En febrero (99) y diciembre (90) destacan entre los dos meses con menor cifra relacionada con los préstamos gota a gota. El resto de los meses supera el centenar tras la sumatoria de los últimos cinco años.
Las autoridades hicieron hincapié a la necesidad de regular este tipo de prácticas que pueden convertirse en extorsivas y que atentan con la integridad tanto de los deudores como de sus familias, por lo cual encienden las alarmas.
Regulación
Una propuesta que se encuentra en la corriente legislativa tiene como finalidad regular y sancionar el delito de préstamo gota a gota.
La idea se presentó el 20 de febrero de 2023 por parte de los diputados Gilbert Jiménez Siles del Partido Liberación Nacional (PLN) y Gloria Navas Montero, vicepresidenta del Congreso, en conjunto con la Comisión de Crimen Organizado y Seguridad del Colegio de Abogados y Abogadas.
La preocupación está en que precisamente esos préstamos detrás hay una organización delictiva por presuntamente para legimitar fondos procedentes de organizaciones criminales.
Randall Zúñiga López, director del Organismo de Investigación Judicial, mostró su apoyo al proyecto presentado en la corriente legislativa.
La iniciativa tiene como finalidad castigar con penas de hasta cinco años de prisión a quien se dedicara al negocio, préstamo o arrendamiento a quien procura su cobro y no lleve libros de contabilidad conforme a las exigencias legales.
El castigo se aplicó también para quien se aproveche de la necesidad económica o estado de pobreza le hiciera dar o prometer algún tipo de ventaja desproporcionada con las condiciones del préstamo o la obligue al otorgamiento de las garantías de forma extorsiva.
La pena se incrementaría a 12 años si se comprueba que una organización delictiva está detrás de esta actividad ilegal.
La Corte Plena determinó el pasado 15 de enero que los préstamos gota a gota no afectan el funcionamiento del Poder Judicial.
Esto se traduce en que se requiere el apoyo de 29 diputados o la mayoría simple al momento de la votación para que la iniciativa se convierta en Ley de la República.
Esta es una de las iniciativas que impulsa la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que recientemente dictaminó el proyecto, y que el OIJ y la Corte urgen para combatir la situación de inseguridad que se vive en el territorio nacional.
Si prospera el proyecto y tiene sus dos debates en el Congreso, pasaría automáticamente a la Presidencia de la República para su firma respectiva.