Denunciarán al Presidente ante la Fiscalía por creación de cuestionada unidad de datos
Jurista sostiene que mandatario socavó el sistema democrático al violentar la Constitución Política
(CRHoy.com).- La abogada penalista Gloria Navas, denunciará este lunes ante el Ministerio Público al presidente de la República, Carlos Alvarado, por violentar la Constitución Política con la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) que tiene acceso a datos confidenciales de los ciudadanos.
Según la jurista, el mandatario atentó contra el régimen constitucional del Estado de Derecho al violentar el artículo 1.° de la Constitución, que contiene el principio democrático, por lo que, con el respaldo del grupo Movimiento Ciudadano CR, solicitará a la fiscal general, Emilia Navas, que ordene allanamientos, registros y secuestros en Casa Presidencial.
Gloria Navas adelantó que en su escrito solicitará al Ministerio Público que levante la inmunidad al presidente de la República y a quienes lo acompañaron en la firma del decreto No. 41996-MP-MIDEPLAN, que creó la UPAD y que posteriormente se anuló tras revelarse al país sus contenidos.
Las otras firmas que constan en el alcalde de La Gaceta del pasado 17 de febrero son las del ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora y la del ministro a.i. de Planificación, Daniel Soto.
La abogada también denunciará al equipo de profesionales que integran la UPAD: Diego Fernández, quien coordina la oficina, y los economistas Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos.
"El presidente Alvarado lesionó el principio democrático que está establecido en el artículo 1.° de la Constitución Política. En segundo lugar, está la disposición del artículo 24 de la Constitución donde se protege la intimidad de las informaciones y también fue violentada, así como el juramento constitucional y la obligación de los funcionarios públicos de respetar el ordenamiento jurídico", dijo.
"Con este decreto, el primer quebranto esencial, es precisamente a la Constitución Política. Lo cierto del caso es que este de delitos que están contemplados también en el Código Penal. Que hayan anulado posteriormente el decreto no significa que la conducta (delictiva) no se cometió", afirmó Gloria Navas a CRHoy.com.
"Hay que obligar al Ministerio Público a que intervenga. Si obligamos al Ministerio Público, en estos casos tiene que intervenir la Procuraduría General de la República también. Quebrantar la Constitución Política a estos niveles significa golpes de Estado simulados. Porque ellos (Casa Presidencial) utilizaron la Constitución Política para emitir un decreto que viola Constitución", zanjó.
Presidente "socavó" sistema democrático

La abogada Gloria Navas incluyó en su denuncia ante el Ministerio Público a Alejandro Madrigal (izq.), uno de los funcionarios que Carlos Alvarado contrató en la UPAD. (Foto: tomada de Internet)
Navas amplió que el Movimiento Ciudadano CR—que agrupa a economistas, abogados, periodistas y empresarios, entre otros profesionales—considera que el mandatario Alvarado socavó el sistema democrático al echar a andar la UPAD, que laboró en la sombra durante más de año y medio hasta que se publicó el decreto para oficializar su funcionamiento.
El Movimiento Ciudadano CR, se constituyó hace dos años y su principal plataforma son las redes sociales. Navas aclaró que el grupo no es un partido político, sino que pretende ser vigilante de actos de corrupción y actuante, para realizar propuestas acordes con la voz mayoritaria de la ciudadanía sobre diversos temas.
Uno de las acciones que destacan en los antecedentes del Movimiento es la denuncia contra el sindicalista Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por instigación al desorden público durante las huelgas de funcionarios estatales en contra de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o plan fiscal.
Durante ese movimiento de protesta Vargas hizo llamados a cerrar carreteras, vías públicas, las fronteras y a suspender varios servicios estatales, hechos que el Movimiento Ciudadano CR consideró instigación para cometer delitos que afectan la paz social del país.
Más partidos rechazan a la UPAD
Este domingo 23 de febrero dos partidos políticos más condenaron la creación de la UPAD, cuya existencia la denunció CRHoy.com.
El Comité Ejecutivo de la Unidad Social Cristiana (PUSC) envió un pronunciamiento en el que hizo pública su "profunda preocupación" por el decreto ejecutivo que firmó Alvarado y su equipo.
"Si bien es cierto que con la denuncia que hiciera un periódico digital, el Gobierno de la República derogó dicho decreto, la violación a los derechos individuales de los costarricenses, consagrados en nuestra Constitución Política, no deben quedar impunes", aseveró el PUSC.
"Costa Rica forma parte activa de instrumentos internacionales, es fiel defensora y precursora de los sistemas democráticos y de derechos humanos de la región y del mundo, por lo que es por demás contradictorio llevar esa bandera cuando el Gobierno de la República toma acciones contrarias", reaccionaron.
El PUSC anunció que solicitará a sus diputados que propongan que el presidente Alvarado y el ministro Víctor Morales comparezcan ante el plenario del Parlamento para rinda cuentas y anticipó que sus autoridades pedirán al Ministerio Público que indague si la UPAD incurrió en posibles delitos.
En tanto que el Partido Frente Amplio (FA), del diputado José María Villalta, comunicó a la ciudadanía su "absoluto rechazo a la propuesta autoritaria" de crear en Casa Presidencial un órgano que tenga acceso a datos privados y sensibles de la población, con fines políticos.
" Que el respeto a la privacidad es un derecho garantizado en el artículo 24 de nuestra Constitución. Ninguna instancia pública que maneje datos sensibles de la población puede ser creada mediante decreto, únicamente mediante una ley aprobada por mayoría calificada que ofrezca todas las protecciones para evitar el uso indebido de la información", afirmaron las autoridades frenteamplistas.
Esa divisa también mostró su interés por llamar a cuentas a los funcionarios de la UPAD, al actual ministro de la Presidencia y a su antecesor, Rodolfo Piza, para que aclaren el uso que le han dado a la información a la que han tenido acceso durante el año y medio que ha operado la oficina, que le responde directamente al presidente Carlos Alvarado.
"Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y la defensa de los derechos humanos, individuales y colectivos, garantizados en la Constitución Política e instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Costa Rica", subrayaron las autoridades del FA.
Otras fuerzas políticas, como el Partido Liberación Nacional (PLN) y el bloque legislativo independiente afín al Partido Nueva República, también han atacado con dureza a la Administración Alvarado Quesada por crear la UPAD y darle acceso a información sensible de la ciudadanía.
