Denuncian posibles anomalías en aplicación de pruebas del polígrafo a “Fuerza Élite”
La Contraloría recibió una denuncia en la que se solicita investigar el uso de pruebas de polígrafo aplicadas por el Poder Ejecutivo a altos jerarcas de seguridad y de distintos cuerpos policiales.
El activista Janekeith Durán solicitó a la Contraloría investigar el uso de fondos públicos en las pruebas aplicadas al denominado "Grupo Élite", conformado por jerarcas del Gobierno y jefes policiales, tras la destitución de siete funcionarios y el posterior hermetismo del Ejecutivo.
En la denuncia se solicita investigar presuntas irregularidades en la contratación de servicios privados, el manejo de recursos públicos y la validez de los actos administrativos que derivaron en la remoción de personal como jefes policiales.
La denuncia señala de manera directa a la presidenta Laura Fernández; al ministro Rodrigo Chaves Robles, y al jefe administrativo de la Presidencia, Alexander Astorga Monge. Según el reclamo, los interrogatorios se aplicaron a, al menos, 33 integrantes del grupo de seguridad del Gobierno.
Las pruebas fueron ejecutadas por la firma privada International Polygraph Studies Center (IPSC), en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). Según reconoció el propio Ejecutivo mediante oficios firmados por Astorga, siete de los 33 funcionarios evaluados no superaron el examen y fueron removidos de sus cargos directivos.
A pesar de las implicaciones administrativas y del cese de personal, Casa Presidencial se ha negado a transparentar el vínculo con la empresa privada. El Gobierno omitió entregar copias del contrato o convenio suscrito con IPSC, así como certificar los montos pagados, la partida presupuestaria utilizada o si el servicio correspondió a una donación.
Para justificar la negativa, se amparó en la confidencialidad establecida en la Ley General de Policía y en los decretos que regulan la DIS.
"No sabemos bajo qué figura jurídica se contrató a esta empresa, ni cuánto dinero público se ha destinado a este programa, ni si existen más rondas de evaluación en curso o planificadas.
Eso es exactamente lo que le corresponde verificar a la Contraloría, con independencia de que el Gobierno invoque razones de seguridad nacional para ocultarle información al pueblo", aseveró Durán.
Entre las peticiones presentadas ante la CGR destacan el revisar el mecanismo de contratación para determinar la figura jurídica empleada para vincular a la empresa IPSC y establecer si existió un procedimiento de compra pública ordinario o una excepción debidamente fundamentada.
Además, se pidió verificar el origen de los recursos utilizados o, en caso de tratarse de una donación, certificar su legalidad, así como determinar la legalidad de los despidos derivados de los resultados de las pruebas de polígrafo.
La falta de acceso a los expedientes de contratación también derivó en acciones ante la Sala Constitucional. Ante la negativa reiterada de suministrar la información solicitada desde el 9 de junio de 2026, Durán interpuso dos recursos de amparo.