Denuncian por beligerancia política a Laura Fernández y a Freddy González
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recibió este martes una denuncia por parcialidad y beligerancia política debido a la participación del secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Freddy González, en actividades protocolarias del 14 de setiembre en Cartago y en la reciente gira que realizó la presidenta Laura Fernández a la Zona Norte.
Entre los denunciados figuran Fernández y González, así como el ministro de Seguridad, Gerald Valverde, otros funcionarios de ese ministerio y el ministro de Educación, Leonardo Sánchez. La denuncia gira en torno a dos episodios.
El primero corresponde a la llegada de la Antorcha de la Independencia a Cartago y a la conmemoración de las fiestas patrias, cuando, según los denunciantes, las autoridades facilitaron la movilización y el ingreso de personas vinculadas al PPSO trasladadas en autobuses y a quienes se les distribuyeron bienes, mientras se restringía, filtraba o impedía el acceso de otros ciudadanos y periodistas.
Cuatro días después, González reapareció en un acto oficial en el que participó la mandataria para inaugurar una planta hidroeléctrica en Cubujuquí de Coopelesca. Según la denuncia, en ese evento se habrían utilizado cargos públicos, decisiones de protocolo, comunicación oficial o medios institucionales para favorecer la proyección del secretario del partido oficialista.
Aunque González tiene una restricción que le prohíbe ocupar cargos públicos, fue presentado en el acto presidencial como "presidente honorario" del movimiento cooperativo, lo que, según los denunciantes, pudo haberse utilizado para eludir dicho impedimento.
14 de setiembre
Durante los actos de la Independencia del 14 de setiembre de 2026 en la Plaza Mayor se aplicaron estrictos controles policiales de acceso e incluso, como reveló CR Hoy, se utilizó inteligencia policial y a la Unidad Especial de Intervención (UEI) de Presidencia para contener y vigilar a manifestantes considerados "opositores al Gobierno".
La denuncia señala que, mientras a esos ciudadanos, periodistas y miembros de la APSE se les exigía presentar la cédula, se les revisaban sus pertenencias o se les impedía el ingreso por portar faroles o pancartas alusivas a la democracia y la libertad, se habría permitido el ingreso preferencial y sin controles equivalentes de autobuses con simpatizantes vinculados al PPSO.
Entre las unidades de transporte identificadas se encuentran buses de empresas como COMTRASULI, TRACCSA y COOTTABUS.
Los denunciantes, Rocío Ramírez y José Solano, señalaron haber vivido directamente este trato discriminatorio al verse obligados a presenciar los actos desde la vía pública. Ante las quejas, un ciudadano cuestionó al ministro Rodrigo Chaves, quien respondió con una expresión considerada irrespetuosa y conocida como "lero, lero".
Debido a estas restricciones, se presentaron diversos recursos de amparo y hábeas corpus ante la Sala Constitucional. Paralelamente, se reportó que Freddy González, secretario general del PPSO, coordinó la entrega de alimentos, como arroz con pollo en vasos, bebidas, capas y banderas a los asistentes movilizados, sin que se conozca el origen de su financiamiento ni las autorizaciones para la instalación de los puestos.
Por estos hechos, se solicita investigar si existieron decisiones estatales que favorecieron políticamente la movilización partidaria del PPSO en detrimento de otros ciudadanos por su posición política.
Gira en la Zona Norte
La sección dedicada a la ampliación del Complejo Hidroeléctrico Cubujuquí de Coopelesca, celebrada el 18 de setiembre de 2026 en Horquetas de Sarapiquí con la participación de Fernández, detalla una denuncia por el posible uso de recursos y protocolo oficial para favorecer políticamente a Freddy González.
En este acto, se solicita investigar la participación de González para esclarecer quién ordenó su inclusión en el protocolo, bajo qué condición intervino y si se utilizaron recursos públicos para su proyección partidaria. La denuncia plantea una posible elusión de la restricción de cinco años que le prohíbe a González ocupar cargos públicos.
Por ello, se pide determinar si su nombramiento como "presidente honorario" del movimiento cooperativo fue un reconocimiento meramente simbólico o si, por el contrario, le permitió ejercer funciones materiales equivalentes a las prohibidas, tales como representar institucionalmente a organizaciones, tomar decisiones, firmar documentos, administrar recursos o recibir viáticos y transporte.
Asimismo, se solicita investigar si la presidenta Fernández conoció, autorizó o favoreció dicha participación mediante decisiones de protocolo o recursos del Estado, lo que, según la denuncia, podría constituir beligerancia política o comprometer su deber de imparcialidad.
Específicamente, se pidió en la denuncia constatar si González formuló ataques contra sectores de la oposición, en particular contra el Partido Liberación Nacional, y si el contenido confrontativo o proselitista de las intervenciones asemejó el acto oficial a un discurso de campaña política, utilizando recursos de sonido, transmisión y comunicación institucional para beneficiar al partido oficialista.
Los denunciantes pidieron al TSE requerir al Ministerio de Seguridad Pública, al MEP, a Presidencia, a la Municipalidad de Cartago, a Coopelesca, a CONACOOP y a la Contraloría planes operativos, bitácoras, agendas, acuerdos, expedientes judiciales y grabaciones, además de testimonios de los denunciantes y testigos.
La petitoria consiste en realizar una investigación preliminar sobre la participación de las autoridades y de Freddy González, aplicar las reglas de inmunidad y abrir un procedimiento sancionatorio si existe mérito para determinar responsabilidades individuales por beligerancia o parcialidad política.