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Denuncian nuevo intento del gobierno para acceder a datos personales

Por Alexánder Ramírez | 30 de Mar. 2025 | 5:21 pm

Ministerio de Hacienda. (CRH).

El diputado Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), denunció este domingo un nuevo intento del gobierno de Rodrigo Chaves de acceder a datos personales de los costarricenses.

Según informó, entre el 12 y el 14 de marzo, la Dirección de Inteligencia Tributaria remitió a los operadores de telefonía móvil, fija y servicio de internet un oficio en el que solicita datos e información personal y confidencial de cada uno de los clientes, y que dicha información se actualice mensualmente.

Estos datos incluyen el nombre completo, cédula, pasaporte o DIMEX, si la persona es nacional o extranjera, número de teléfono, correo electrónico, tipo de contrato y la dirección de su hogar georreferenciada.

Además, se exige su entrega en un plazo de 10 días hábiles, bajo la amenaza de multas millonarias en caso de incumplimiento.

El legislador aseguró que el oficio deja claro que el Ministerio de Hacienda busca obtener datos personales de contacto de cada habitante del país, sea o no contribuyente, de manera masiva y sin que las personas estén sujetas a ninguna investigación fiscal.

El derecho fundamental a la intimidad, incluidos los datos personales, está protegido por la Constitución Política en su artículo 24 y por el artículo 13, inciso 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por su parte, la Ley n.º 9698 de protección de datos establece que cada persona es dueña de su información y destaca el principio de consentimiento informado: nadie puede hacer uso de sus datos sin su permiso expreso. Además, para otorgar su consentimiento, cada persona debe recibir una explicación sobre el uso y el tratamiento que se les dará a sus datos.

"Al contratar un servicio de telecomunicaciones, usted entrega su información personal a un tercero, el operador, quien la recolecta con fines comerciales y únicamente puede usarla para brindarle el servicio contratado. El operador no es dueño de los datos, sino solo su custodio. Ningún tercero tiene derecho a acceder a ellos sin su consentimiento, a menos que exista una orden judicial o administrativa en caso de que usted esté siendo investigado por una causa válida", explicó Feinzaig.

Asimismo, la Ley General de Telecomunicaciones, que regula a los operadores del sector, dedica un capítulo completo al Régimen de Protección a la Intimidad y Derechos del Usuario Final, cuyo artículo 43 obliga a los operadores a "garantizar el secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad y la protección de los datos de carácter personal de los abonados".

Para el PLP, es inaceptable que, al solicitar los datos de forma masiva y sin investigaciones particulares justificadas, Hacienda obligue a los operadores a incumplir la ley a la que están sujetos. Al otorgar solo 10 días para responder, no les da tiempo suficiente para obtener el consentimiento informado de los clientes, lo que los coloca en una situación de incumplimiento legal.

"Pero peor aún, se violan los derechos ciudadanos tutelados por la Constitución Política, la legislación nacional y los tratados internacionales", afirmó la agrupación política.

"Esto es mucho peor que el caso de la UPAD y las pruebas FARO del PAC. Hace un año vimos al Banco Central de Costa Rica intentando espiar cuentas bancarias 'con fines estadísticos'. Y ahora, el nuevo espionaje a la vida privada de los ciudadanos proviene del Ministerio de Hacienda, curiosamente a seis meses del inicio de la campaña electoral. ¿Está Hacienda investigándonos a todos? ¿Con qué fines? Si la información exigida no parece estar relacionada con la función tributaria y los operadores tienen prohibido otorgarla, entonces, ¿para qué o para quién la quieren? ¿Por qué Hacienda promueve que los operadores incumplan la ley? A seis meses del inicio de la campaña electoral, ¿quién se beneficia de tener los correos, celulares, números de teléfono fijo y ubicaciones de cada ciudadano?", cuestionó Feinzaig.

CR Hoy intentó obtener una versión del Ministerio de Hacienda, pero al cierre de esta edición no habían respondido.

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