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Usuaria sufrió ataque de pánico al enterarse de accesos ilegales a su EDUS

Este caso tiene juicio programado para el 7 y 8 de julio del presente año.

Por Ambar Segura | 14 de Mar. 2026 | 1:50 am

EDUS

Una usuaria de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentó una demanda contra la institución tras detectar accesos  injustificados a su Expediente Digital Único en Salud (EDUS), situación que le provocó una crisis de pánico mientras permanecía internada en un centro médico.

La demanda fue interpuesta ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por el abogado Marco Sánchez Pereira, en representación de la paciente.

De acuerdo con el documento judicial, varios médicos consultaron el expediente digital de la mujer sin que existiera una relación médico-paciente con ella ni se encontrara en los centros hospitalarios donde laboraban esos profesionales.

Según la demanda, el 18 de julio de 2023, a las 9:43 a. m. una médica del área de Urgencias del Hospital San Rafael de Alajuela, accedió en dos ocasiones al expediente digital de la paciente. En ese momento, la mujer se encontraba internada en la Clínica Marcial Fallas Díaz, por lo que, según el alegato, no existía motivo para esa consulta.

Posteriormente, el 7 de agosto de 2023, otra doctora, también del área de Urgencias del Hospital San Rafael de Alajuela, revisó en dos ocasiones el expediente digital de la paciente. En esa fecha, la mujer estaba internada en el Hospital Psiquiátrico Roberto Chacón Paut.

La demanda también señala que el 20 de marzo de 2024 una doctora del Hospital Víctor Manuel Sanabria Martínez, consultó el expediente médico digital de la usuaria sin que existiera atención médica o internamiento en ese centro.

El documento, del cual CR Hoy tiene copia, sostiene que estos accesos violarían la confidencialidad de la información contenida en el EDUS, la cual es considerada información privada y sensible.

Crisis de pánico

Según el escrito judicial,  la paciente sufre de crisis de ansiedad y depresión. Alega que cuando se enteró de los accesos a su expediente digital sufrió una crisis de pánico y los síntomas se agravaron.

La demanda indica que la mujer reaccionó con "cólera, furia e impotencia", golpeó una pared y el personal médico tuvo que sujetarla, situación que, según el documento, prolongó su internamiento.

Reclamo económico

En la acción judicial, la usuaria solicita que se declare la responsabilidad de la CCSS por los accesos injustificados al expediente digital.

Como parte de la demanda, pide el pago de ₡100 millones por daño moral y ₡10 millones por daño físico, además de los intereses correspondientes hasta el pago efectivo.

La demanda también solicita que se reconozca que la información contenida en el expediente digital es confidencial y que la institución responda por los daños ocasionados por el actuar de sus funcionarios.

Este caso tiene juicio programado para el 7 y 8 de julio del presente año.

Respuesta de la CCSS

En la contestación de la demanda, la CCSS rechazó la mayoría de los señalamientos de la usuaria y sostuvo que los accesos al EDUS se habrían originado por errores involuntarios en la digitación del número de cédula, sin que existiera acceso o divulgación de información médica sensible.

Según la institución, el registro del 18 de julio de 2023 realizado por una médica del servicio de emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela se habría producido por un "probable error de digitación" al ingresar el número de cédula en el sistema. La CCSS afirmó que esa consulta no implicó acceso a datos sensibles ni su divulgación.

Un argumento similar planteó sobre el registro del 7 de agosto de 2023, también efectuado desde el Hospital San Rafael de Alajuela, el cual, según la institución, corresponde a una búsqueda en el sistema producto de un error al digitar el número de identificación.

La entidad también indicó que la existencia de esos registros no demuestra un acceso indebido deliberado, ya que, según su postura, para atribuir dolo este debe probarse de manera clara mediante evidencia.

Además, la institución señaló que no existe prueba de que se haya divulgado información médica de la usuaria, ni que se haya vulnerado algún dato específico de carácter confidencial.

En su respuesta, la CCSS también cuestionó varios de los hechos planteados por la demandante, incluyendo algunos relacionados con sus internamientos y atenciones médicas en distintos centros de salud de la red institucional.

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