Defensoría sobre presupuesto educativo 2025: Es un error restringir la inversión
Señalan cierre a la mejora en la calidad de vida de los estudiantes
Defensoría de los Habitantes.
La Defensoría de los Habitantes señaló su preocupación ante la posibilidad de una disminución en el presupuesto destinado a la educación para el próximo año, aunado a los impactos que enfrenta este sector con la aplicación de la regla fiscal.
De acuerdo con una advertencia del Ministerio de Hacienda a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, se prevé un recorte de ₡65 mil millones para el año 2025, dejándolo en un 4,7% del PIB.
De acuerdo con la Defensoría, es un error como país restringir la inversión en educación.
El país debe seguir apostando a esta inversión para transformar el futuro de los habitantes, disminuyendo la desigualdad social, ampliando las oportunidades y reforzando el conocimiento, práctica y defensa de los derechos humanos.
Sumado a ello, el sistema educativo tiene el reto de garantizar a los estudiantes los conocimientos, aptitudes, actitudes y valores que exige hoy el siglo XXI, para lo que requiere de un profesorado con experiencia y adecuada preparación, con programas educativos actualizados, bilingües, que permitan a los alumnos asumir los desafíos y exigencias del actual mercado laboral, detalló la Defensoría.
De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se invierte $9.923 por estudiante en primaria y $11.400 por estudiante en secundaria.
Con este panorama, la Defensoría asegura que el MEP para el año 2022 invirtió aproximadamente $3.126 por estudiante anualmente, en comparación con el promedio de las naciones vinculadas a la OCDE, siendo que el país está muy por debajo de la media.
Ante esta situación, la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, hizo un llamado al Poder Ejecutivo, para que el ejercicio presupuestario 2025, incorpore los recursos suficientes y necesarios para alcanzar, si no el mínimo, los máximos históricos invertidos en educación.
Igualmente, hace un llamado al MEP y demás instituciones que ejecutan recursos para la Educación, a adoptar las medidas administrativas necesarias, para modernizar sus estructuras y ejercer el cumplimiento constitucional de una educación gratuita y costeada por el Estado, a la altura de los retos que hoy se exigen a los estudiantes.