Defensoría se suma a queja ante Sala IV por recortes al presupuesto educativo
Señalan declive en resultados académicos
Defensoría de los Habitantes.
La Defensoría de los Habitantes presentó una coadyuvancia a un recurso de amparo planteado ante la Sala Constitucional por la situación de los recortes en el presupuesto destinados a la educación.
"Cada colón que no se dirige a la educación y se incumple la obligación constitucional, provoca un deterioro irreversible en el sistema educativo público y afecta sensiblemente los derechos de la niñez y de los jóvenes", alertó la Defensoría.
La preocupación que señala el órgano es que debido al decreciente presupuesto asignado al sector educación a lo largo de los años, se ha evidenciado un deterioro en diversos aspectos, entre ellos la parte académica, la infraestructura y demás aspectos.
Se refleja en los resultados de las pruebas PISA, donde las calificaciones en matemáticas, lectura y ciencias son inferiores al promedio de la OCDE. En términos de infraestructura, 881 centros educativos cuentan con alguna orden sanitaria.
Asimismo, se ha registrado una disminución del 30% en el número de personas beneficiadas por el programa Avancemos (transferencias directas del Programa de Equidad), así como una reducción del 1,5% en el número de estudiantes que reciben beneficios como transporte, alimentación y nutrición, becas postsecundarias y apoyo del programa de integración, expuso la Defensoría.
Uno de los programas más afectados ha sido el Programa de Equidad del MEP al experimentar una disminución constante en los últimos años. En 2022, el presupuesto disminuyó en un 11% en comparación con 2021, y en 2023 se registró una reducción adicional del 2% en comparación con el 2022.
La Sala Constitucional desde hace más de una década ha advertido al Estado que los presupuestos asignados año con año a la educación pública han sido inconstitucionales por ser inferiores a lo que dispone la Constitución Política, de asignar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a educación.