Defensoría pide al MEP el reestablecimiento inmediato de los programas de educación sexual
Consejo Superior de Educación no tiene estudios técnicos para respaldar eliminación
La Defensoría de los Habitantes emitió un amplio informe en el que señala al Consejo Superior de Educación (CSE) por eliminar el Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral sin tener un estudio técnico que permita precisar el impacto de la decisión ni contar con el aval de las áreas técnicas del Ministerio de Educación Pública (MEP) y pide restablecer esa política educativa.
También reprocharon que no se consultara a otras instancias técnicas involucradas en este tema. Por ejemplo, se omitió preguntarle al Consejo Nacional de Atención Integral del VIH SIDA y al Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente, entre otros, su posición al respecto.
Además, en su pronunciamiento de 57 páginas, del cual CR Hoy tiene copia, la Defensoría de los Habitantes recomienda a Leonardo Sánchez, ministro de Educación Pública, derogar la decisión del CSE, tomada el 16 de enero de 2025 y anunciada por Anna Katharina Müller, exministra de Educación Pública, y Rodrigo Chaves, presidente de la República, el 29 de enero acuerpados por líderes religiosos de varios credos.
Según la Defensoría de los Habitantes, quitar la educación sexual de las aulas "conlleva un retroceso en materia de educación" para los menores de edad. En especial, porque la implementación de esa política educativa, instaurada desde hace una década, ha permitido bajar el número de embarazos en adolescentes.
En el documento, Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes, advierte al ministro de Educación Pública sobre la posibilidad de amonestarlo en caso de no acatar las recomendaciones.
"Se previene que por disposición del artículo 14, párrafo tercero de la Ley N° 7.319 el no acatamiento injustificado de las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes puede ser objeto de una recomendación de amonestación para el funcionario que las incumpla o, en caso de incumplimiento reiterado, de una recomendación de suspensión o despido".
Por último, Cruickshank le dio quince días hábiles al jerarca del MEP para que remita un "informe de cumplimiento de recomendaciones" que incluya las medidas que se tomarán, el plazo en que se ejecutarán y el nombre del funcionario o funcionarios a cargo de acatarlas.
A través de la oficina de prensa, Leonardo Sánchez, ministro de Educación Pública, declaró que "las instancias competentes están analizando el documento" y cuando tengan un criterio se referirán públicamente al tema.
Para justificar la decisión de eliminar la educación sexual en los centros educativos, la exministra de Educación Pública y el presidente de la República utilizaron fragmentos y tergiversaron el contenido de las guías que conformaban el Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral.
Por ejemplo, las guías proponen que los jóvenes conozcan el concepto de placer. Sin embargo, el Gobierno afirmó que se promueve que los menores de edad acudan a casas de desconocidos a preguntarle sobre sus prácticas sexuales.
También, un documento destinado a asistir a familias con hijos con discapacidad a cómo descubrir su propio cuerpo fue presentado por el Poder Ejecutivo como "enseñarle a los niños cómo masturbarse".
Más argumentos
La eliminación del Programa de Afectividad y Sexualidad, añade la Defensoría de los Habitantes, "debilita la construcción de las habilidades de empoderamiento y respeto" de los jóvenes.
Además, "pone en riesgo el conocimiento de las personas adolescentes para ejercer su vida sexual libre de violencia".
"Existen diversos estudios e investigaciones realizados por organizaciones internacionales y nacionales, e instituciones públicas, que relacionan la disminución sostenida del embarazo adolescente en el último decenio a la implementación conjunta del Programa de Afectividad y Sexualidad del MEP y otros programas e iniciativas estatales", agregó la Defensoría de los Habitantes.
Por último, agregaron que la decisión del Gobierno podría violar acuerdos internacionales firmados por el país en materia de Derechos Humanos.

