Defensoría pide al Ejecutivo incluir en agenda ley que respalda subsidio a cuidadores
Más de 600 familias se encuentran sin apoyo económico mientras el texto continúa fuera de la agenda legislativa

La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que incluya en la agenda de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 25.240, que autoriza el subsidio para cuidadores de pacientes graves y menores con enfermedades graves.
A través de un comunicado, la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank, señaló que en las últimas semanas han recibido testimonios de cuidadores angustiados porque "no están disponiendo de recursos económicos para afrontar situaciones de alta vulnerabilidad y complejidad que aquejan a sus núcleos familiares. La imposibilidad de adquirir alimentos, implementos médicos, medicamentos y artículos básicos de higiene refleja una situación apremiante para estas familias y demanda acciones urgentes por parte del Estado".
Además, mencionó que actualmente más de 600 familias carecen del apoyo económico necesario para atender a sus seres queridos: niños, niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad que dependen diariamente de estos cuidados.
"En este sentido, la Defensoría hace un llamado al señor presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para que incluya en la agenda de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que busca brindar una solución estructural y permanente al financiamiento de las licencias de cuido, garantizando así la continuidad y sostenibilidad del programa en el tiempo", indicó la defensora.
Como parte de las acciones, la institución señaló que puso "su mediación y sus buenos oficios a disposición para facilitar el diálogo entre el Poder Ejecutivo, las instituciones involucradas y los sectores afectados", con la finalidad de llegar a un acuerdo que devuelva la tranquilidad a las familias.
También informó que realizó gestiones ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), el Ministerio de Hacienda y otras entidades para "valorar nuevas rutas que permitan dotar de los recursos extraordinarios y con ello completar el pago correspondiente a este año".
Chaves mantiene bloqueo
Cabe recordar que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, mantiene el bloqueo al proyecto de ley 25.240, que autoriza el subsidio para cuidadores de pacientes graves y menores con enfermedades graves, al no convocar el texto en el actual período de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa.
La tarde del miércoles 5 de noviembre, el Ejecutivo remitió un decreto con el cual retiró el proyecto 24.290 sobre jornadas laborales de 12 horas, conocido como jornadas 4×3, el cual se encuentra fuera del Plenario por consultas a instituciones. Sin embargo, el Gobierno sigue sin convocar el texto sobre licencias de cuido solicitado por varias diputaciones y mujeres cuidadoras, quienes advierten del riesgo de que la Contraloría General de la República (CGR) decline el pago de los recursos ante la falta de aprobación del expediente en segundo debate.
El pasado lunes, en las afueras de Casa Presidencial, Chaves afirmó que el proyecto no era necesario, ya que los ₡2.700 millones incluidos en el Tercer Presupuesto Extraordinario 2025 —ya con aval del Congreso— solo debían ser aprobados por la junta directiva de la CCSS, y que posteriormente era responsabilidad exclusiva del órgano contralor autorizar o no el pago.
No obstante, la Contraloría General de la República refutó la versión del presidente Chaves y confirmó la necesidad de aprobar en segundo debate el expediente 25.240, al señalar que la legislación vigente impone limitaciones que solo pueden corregirse mediante una ley.
¿De qué trata el proyecto de ley 25.240?
El proyecto de ley 25.240, denominado Ley para Facultar la Incorporación de Recursos Urgentes para Asegurar el Pago del Subsidio a Personas Responsables de Pacientes en Fase Terminal y Personas Menores de Edad Gravemente Enfermas, busca brindar un soporte económico a los familiares encargados del cuido de pacientes en fase terminal o menores gravemente enfermos.
La iniciativa propone una reforma al artículo 10 de la Ley 7756, del 25 de febrero de 1998, conocida como Ley de Beneficios para los Responsables de Pacientes en Fase Terminal y Personas Menores de Edad Gravemente Enfermas.
"Como se indicó, esa reforma llegó para complementar la intención de protección y justicia social que plantea la Ley N.° 7756, e integra otro tema de gran relevancia, como lo es contemplar que los niños y niñas con enfermedades graves requieren el acompañamiento de sus familiares en esa etapa de extrema dificultad", señala la propuesta legislativa.
De aprobarse, el artículo 10 de la ley quedaría redactado así:
Artículo 10. Cobertura de costos. […] En caso de que los recursos indicados en el primer párrafo de este artículo resulten insuficientes para cubrir el costo de los subsidios otorgados con base en esta ley, se podrán incluir los recursos requeridos en el Presupuesto de la República como transferencia a la CCSS.
La propuesta fue presentada el 9 de octubre por el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, y cuenta con la firma de sus compañeros de bancada: la jefa y el subjefe de fracción, Rocío Alfaro y Ariel Robles, respectivamente, así como de los legisladores Priscilla Vindas y Antonio Ortega.
El pasado 30 de octubre, el expediente fue aprobado en primer debate de forma unánime por la Asamblea Legislativa. La votación contó con 47 diputados a favor, mientras que 10 estuvieron ausentes. Se registraron votos favorables de todas las fracciones políticas y de diputados independientes.
La Sala Constitucional informó la tarde de este miércoles que ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) pagar las licencias de cuido atrasadas y tramitar las nuevas solicitudes.
Para el Tribunal, las instituciones públicas no pueden alegar limitaciones financieras o presupuestarias para incumplir obligaciones sociales previamente reconocidas, máxime cuando están en juego derechos fundamentales y el interés superior de las personas menores de edad o con enfermedades graves.
En todos los casos, los magistrados recordaron que los derechos fundamentales a la salud, al trabajo, a la seguridad social y a la protección de la familia prevalecen frente a las restricciones presupuestarias, y que las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad y efectividad de las licencias", indica el comunicado.