Defensoría indaga impacto de agroquímicos en Costa Rica
La Defensoría de los Habitantes inició una investigación acerca del impacto de los agroquímicos utilizados en el país y sus posibles implicaciones para la salud humana y el medio natural, y para determinar, además, el tipo de producto que ingresa al país y la normativa que los regula.
El ente señaló la preocupación surge después de que durante los últimos años se haya insistido en que Costa Rica ocupa los primeros lugares en el ámbito mundial en el uso de agroquímicos en diferentes sectores de su producción nacional.
"Es por ello que es importante conocer los requisitos legales y técnicos vigentes para el ingreso, manipulación y uso de agroquímicos; así como la existencia o no en el país de un registro para su venta y utilización. También considera la Defensoría que es indispensable identificar si circulan o no agroquímicos cuyo uso ha sido prohibido en otros países", señala un comunicado de la entidad.
El ente considera relevante determinar si existen requisitos diversos para el uso o manipulación de agroquímicos, tratándose de productos de consumo nacional o de exportación.
También considera necesario conocer si en la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros o el Ministerio de Salud existen protocolos especiales para atender a la población que se haya visto expuesta a agroquímicos.
Además, la Defensoría desea identificar las formas de aseguramiento actualmente vigentes para la población que trabaja usando o manipulando agroquímicos; así como la normativa existente en materia de seguridad ocupacional para estos trabajadores.
Asimismo, uno de los principales objetivos del estudio será definir o no la necesidad de generar cambios en la política nacional y normativa vigente sobre la materia (salud, ambiente, seguros, laboral, entre otras) en procura de garantizar una mejor calidad de vida para la población. Además de promover estrategias para impulsar la agroecología a nivel nacional.
Para desarrollar este estudio, la Defensoría ya solicitó informes al Ministerio de Agricultura y Ganadería, a la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Seguros, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica; así como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
