Defensoría alerta crisis de equidad educativa por recortes en presupuesto
La Defensoría de los Habitantes señaló que la reducción sostenida del presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) y la débil capacidad de gestión en los niveles locales han provocado una crisis de equidad educativa.
Según el órgano defensor, los recortes acumulados en la inversión educativa han impactado directamente áreas clave como la infraestructura, la alimentación escolar y la contratación de personal de apoyo, lo que compromete la calidad del aprendizaje y la permanencia de estudiantes en las aulas.
Esto, según señalan, ha generado un deterioro del derecho a la educación.
Las brechas entre centros educativos se han profundizado de forma significativa, especialmente entre instituciones unidocentes ubicadas en zonas urbanas y aquellas situadas en regiones rurales, costeras e indígenas, así como en comunidades con altos niveles de pobreza.
Presupuestos desiguales en Juntas de Educación
Menciona que en varias regiones del país, las Juntas de Educación operan con presupuestos hasta cinco veces menores que los de centros educativos urbanos, lo que limita su capacidad para garantizar condiciones dignas y seguras para la población estudiantil.
Desde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría advirtió que esta desigualdad presupuestaria constituye una forma de discriminación estructural, al reproducir desigualdades históricas que afectan a la niñez y la adolescencia en condición de pobreza, así como a estudiantes con discapacidad, quienes enfrentan mayores barreras de acceso al sistema educativo.
Además, cuestionó el actual modelo de gestión educativa, y aseguró que no garantiza niveles adecuados de transparencia ni de rendición de cuentas.
La complejidad administrativa, la limitada capacidad técnica de las Juntas y la falta de acompañamiento institucional han generado atrasos en el mantenimiento de centros educativos, la adquisición de materiales y la ejecución de programas sociales. Esta situación, según la Defensoría, profundiza la desigualdad entre centros que logran gestionar recursos propios y aquellos que dependen exclusivamente de transferencias estatales.
Reforma estructural del financiamiento educativo
Ante este panorama, la institución recomendó una reforma estructural del modelo de financiamiento educativo que asegure un presupuesto estable, equitativo y progresivo, con prioridad para los centros con mayores desventajas sociales y territoriales.
También planteó fortalecer la rectoría del MEP sobre las Juntas de Educación y Administrativas, mediante mecanismos de asistencia técnica permanente, auditorías preventivas y un enfoque territorial y de derechos humanos.
La Defensoría subrayó que garantizar la educación como derecho humano requiere una política fiscal comprometida con la justicia social, que recupere el mandato constitucional del 8 % del PIB para educación, invierta en infraestructura resiliente, amplíe los programas de alimentación y transporte escolar y promueva una gestión educativa inclusiva con participación comunitaria.
Finalmente, hizo un llamado al Estado para colocar la educación pública en el centro de la agenda nacional, y advirtió que cada recorte presupuestario representa un retroceso directo en el futuro de miles de niñas, niños y adolescentes en todo el país.