Defensoría alerta: Costa Rica sigue sin política nacional anticorrupción pese a compromisos internacionales
Defensoría de los Habitantes
La Defensoría de los Habitantes señaló la ausencia de una Política Nacional de Integridad y Combate a la Corrupción, un mandato internacional que Costa Rica ha postergado durante años, pese a los compromisos asumidos ante Naciones Unidas y organismos regionales.
Según indicó la institución, el país continúa sin una hoja de ruta ni un sistema de gobernanza que articule el trabajo de las instituciones públicas con competencias en la materia, a pesar de que la corrupción es un fenómeno con profundas consecuencias sociales, económicas y políticas, que golpea especialmente a las poblaciones más vulnerables.
La Defensoría enfatizó que la inexistencia de una política pública, la falta de rectoría del Poder Ejecutivo y la descoordinación institucional restan efectividad a los esfuerzos anticorrupción. Lo que explicaría, en parte, el estancamiento del país en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, donde Costa Rica se mantiene en 58 puntos de 100, lejos de Uruguay (76 puntos), la nación mejor posicionada de la región, y del promedio de la OCDE (65 puntos).
Además, la ausencia de un sistema de gobernanza limita el aporte de organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, asociaciones profesionales y la academia.
La institución lamentó también el debilitamiento de la plataforma intersectorial Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC), que había sentado las bases para una estrategia integral con ejes de trabajo como participación ciudadana, gestión del talento humano, riesgos de corrupción público-privados y acceso a la información.
Tras ser consultado por la Defensoría, el Ministerio de Justicia informó que la construcción de la política inició en 2024 y que se han sostenido reuniones de consulta, ajustado ejes de trabajo heredados de la ENIPC, elaborando borradores y avanzado en parte del documento.
Sin embargo, aún falta completar el plan de acción, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación. El Ejecutivo proyecta que la revisión final se realizará el 30 de abril de 2026 y que la política estaría concluida antes de que finalice la actual administración.
La corrupción figura sistemáticamente entre los tres principales problemas del país, según distintos sondeos de opinión. Pese a ello —subrayó la Defensoría— el Estado ha demorado la adopción de acciones contundentes y oportunas.