Defensa de extraditables de la Zona Sur pide que se rechace solicitud de EE. UU. y se ordene su libertad
La defensa de dos costarricenses requeridos por EE. UU. por narcotráfico solicitó al Tribunal Penal de Corredores rechazar la extradición y ordenar su libertad inmediata, con el argumento de que la reforma constitucional que la permite no puede aplicarse de forma retroactiva a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor.
Se trata de un escrito presentado por el abogado Andy Jack Sánchez, quien representa a William Iván Ramírez Arguedas, alias "Rambo" o "Kimba", y a Greivin Gerardo Castro Muñoz, alias "Precioso" o "Lalo". En el escrito, el defensor pide una decisión judicial expedita.
Esto ocurre luego de que, en diciembre, ese mismo tribunal autorizó extender por tiempo indefinido la detención provisional, pese a que, al parecer, Estados Unidos no entregó la documentación requerida dentro del plazo legal.
En la misma solicitud de extradición figuran el oficial de la Fuerza Pública Michael Corella Amador, alias "Rojo", y un cuarto sospechoso,
Jorge William Cordero Obregón, alias "El Gordo", "Candado" o "Pallín".
La petición de libertad inmediata surge bajo el argumento de que, según la defensa, la solicitud debe ser rechazada con base en el derecho fundamental a no ser expulsado del territorio nacional, consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política.
Antes de la reforma constitucional del 20 de mayo de 2025 (Ley n.º 10730), este artículo establecía que ningún costarricense podía ser compelido a abandonar el territorio nacional. El documento sostiene que sus representados tenían una "situación jurídica consolidada" bajo la versión original del artículo 32, lo que les garantizaba no ser extraditados por ningún delito.
Aunque la reforma constitucional permite la extradición en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, la defensa interpretó que esta nueva normativa rige únicamente hacia el futuro y no puede aplicarse de forma retroactiva en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, según lo dispuesto en el artículo 34 constitucional y la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
Dado que los hechos acusados ocurrieron entre 2017 y 2020, antes de la entrada en vigor de la reforma el 28 de mayo de 2025, la defensa solicita que se rechace la extradición y se ordene la libertad inmediata de los imputados.
Este mismo alegato fue el que permitió al abogado Sánchez ganar un recurso de apelación con el que se revocó y denegó la extradición de Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, "Profe", el tercer costarricense requerido, a diferencia del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y de Edwin Danney López Vega, "Pecho de Rata", quienes sí fueron entregados.
Investigación de la DEA
Las autoridades estadounidenses señalan que los cuatro costarricenses conformaron una red de narcotráfico internacional que operó entre 2017 y 2020, trasladando por vía marítima más de tres toneladas de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y EE. UU.
La red tenía una estructura definida y roles específicos. "Rambo" figura como uno de los principales líderes y coordinador de las operaciones logísticas, encargado de dirigir el transporte de cocaína a lo largo de Centroamérica. Junto a él, "Precioso" también ocupaba una posición de liderazgo, con participación tanto en la logística del trasiego como en el manejo de las ganancias ilícitas mediante presuntas actividades de lavado de dinero.
El tercer implicado, "El Gordo", desempeñaba funciones operativas clave, ejecutando tareas relacionadas con el almacenamiento y transporte de la droga dentro del territorio costarricense.
El grupo usó puntos como Golfito y San Vito de Coto Brus para coordinar el almacenamiento y traslado de la droga, incluyendo cargamentos recibidos en buques y aeronaves que aterrizaban en pistas clandestinas del Pacífico Central.
Las autoridades lograron vincular a los sospechosos mediante interceptaciones telefónicas, labores de vigilancia y el testimonio de un colaborador, quien confirmó la participación de los imputados en las actividades ilícitas. Además, se les relaciona con el decomiso de más de tres toneladas de cocaína, lo que evidencia la magnitud de la operación.
Participación de policía
Uno de los elementos más relevantes es la participación del agente policial Corella Amador, quien, según la acusación, actuó inicialmente como intermediario logístico al servicio de un narcotraficante de alto perfil.
Al inicio, sus responsabilidades consistían en supervisar el traslado y almacenamiento de los estupefacientes. Con el tiempo, "Rojo" habría adquirido mayor protagonismo, al punto de gestionar sus propios cargamentos de cocaína y coordinar su redistribución hacia otros países de la región.
El uniformado habría escalado dentro de la estructura criminal al independizarse de su antiguo superior y comenzar a operar con cargamentos propios. Según la investigación, adquiría cocaína para revenderla a otros grupos en la región, especialmente en Guatemala, lo que le permitía obtener mayores ganancias y consolidar su posición dentro del negocio ilícito.
Su vinculación con actividades delictivas no sería reciente. Fuentes policiales señalan que su relación con el narcotráfico se remonta a casi una década, periodo durante el cual incluso habría actuado como informante y participado en otras actividades ilícitas, como el contrabando de licor en zonas fronterizas.
Los cuatro imputados enfrentan cargos federales por conspiración para distribuir e importar cocaína hacia EE. UU. y permanecen en detención provisional mientras se resuelve su eventual extradición.