Decomiso de celulares a “Pancho Villa” permitiría determinar si ordenó atentado contra jueza
Supuesto líder narco tenía teléfonos dentro de celda en La Reforma
Los dos celulares que le confiscaron en una celda de máxima seguridad en La Reforma a Darwin González Hernández, conocido como "Pancho Villa", podrían aportar pruebas para investigar si el supuesto capo pudo haber ordenado el atentado a balazos contra una jueza, además de vincularlo con el presunto intento de soborno a otra jueza.
"Pancho Villa" afronta un juicio por narcotráfico junto a 13 personas más, al ser acusado de liderar una banda dedicada a la importación y distribución de droga en la Zona Sur del país.
El pasado 6 de agosto, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) condujeron un allanamiento en el recinto carcelario donde este sujeto descuenta prisión preventiva, en San Rafael de Alajuela. En el operativo encontraron 2 dispositivos que estaban incluso, cargándose a vista y paciencia.
El fiscal general, Carlo Díaz, indicó ese día que el objetivo era encontrar pruebas adicionales sobre el ofrecimiento que habría hecho la abogada Gracel Arguedas González a una jueza de apellidos Murillo Beita, presuntamente para pedirle declarar a favor de la agrupación criminal.
Sin embargo, el director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó en entrevista con crhoy.com que el contenido del aparato también podría arrojar evidencias en la investigación sobre el supuesto ataque al vehículo de otra juzgadora apellidos Castro Fallas.
Todo se relaciona, evidentemente. Al usted decomisar esos celulares, pues va a encontrar una cantidad de información importante. Nótese que cuando decomisamos los teléfonos celulares de un exjuez en La Unión (Cartago), eso nos llevó a detener a tres fiscales y detener a tres jueces. Entonces (en el caso Pancho Villa) es información importante la que se está obteniendo.
Aquí también hay algo muy importante. El hecho de que policías de OIJ detengan a otros policías de OIJ o Fuerza Pública, o el hecho de que fiscales del Ministerio Público detenga a otros fiscales del Ministerio Público, y el hecho de que se detengan a jueces de la República, eso es lo que significa es que el sistema funciona.
El mal no es endémico ni es sistémico en el sentido de que se pueda cubrir cualquier situación de delito por ser un compañero de trabajo o por ser alguien conocido, no. Aquí hay una seguridad del Estado costarricense de que no estamos cayendo en un estado de default, en el cual se oculten las situaciones. Aquí a todos se investiga y quien tenga que caer, pues va a tener que caer.
La estructura criminal enjuiciada en el caso Pancho Villa, es acusada de traer droga desde Sudamérica, para exportar parte fuera de Costa Rica, y el resto distribuirla en el Pacífico Central.
En la causa figura el empresario Darwin González, su esposa y varios familiares, dos exagentes del OIJ y el expresidente municipal de Corredores, Bernabé Chavarría.
Además, se cree que en el transcurso de 3 años, habrían legitimado las ganancias a través de compra de propiedades y vehículos, según el Ministerio Público.
Supuesto soborno
A la abogada Arguedas González se le inculpa de delitos como penalidad del corruptor, cohecho propio y procuración de impunidad. Aparentemente, la abogada buscó a inicios de año a una jueza de apellidos Murillo Beita, dado que fueron compañeras de universidad en 2005.
Se presume que durante el reencuentro, la imputada aprovechó para solicitar hacer acciones en beneficio de la estructura criminal, a cambio de un pago. Esto luego de eventuales contactos con el grupo de sospechosos.
Las autoridades señalan que la sospechosa pretendía que la jueza Murillo Beita declarara en favor de los acusados en el juicio "Pancho Villa", sobre una actividad procesal defectuosa en el caso. El encuentro entre ambas se concretó en febrero del 2024.
Al parecer, la abogada aprovechó para indicarle a la jueza que había sido contactada por el grupo criminal para solicitarle esas acciones y beneficiarlos, a cambio de un pago. En el pasado, dicha juzgadora estuvo a cargo de ordenar y resolver diligencias en el expediente penal.
A Arguedas le allanaron la casa, ubicada en Laurel de Corredores, donde se decomisó prueba que en apariencia la vincula con la causa judicial. Ella permanece en prisión preventiva al menos hasta noviembre.
El pasado 6 de agosto, se detuvo a sujeto de apellidos Paniagua Paniagua de 38 años, sospechoso de cometer el delito de procuración de impunidad en favor de la agrupación narco. Al parecer, pudo colaborar en alguna forma con la abogada, para ofrecer el supuesto soborno a la jueza de apellidos Murillo Beita.
Paniagua fue capturado dentro de una vivienda en Bella Luz de Corredores, Puntarenas. Desde entonces, Paniagua descuenta 6 meses de prisión preventiva.
En los operativos, se encontraron 6 celulares, al menos 4 pistolas, una carabina y otra arma más, municiones, computadoras portátiles, tarjeta de memoria, un vehículo e indicios de importancia para las autoridades judiciales.
¿Por qué el ofrecimiento?
La jueza Murillo Beita, supuestamente fue pareja de uno de los exagentes del OIJ investigado. De hecho, debe presentarse a testificar en el juicio contra el presunto grupo narco "Pancho Villa".
Durante fases judiciales previas al juicio, Murillo debió ordenar y resolver varias diligencias contra la red de narcotráfico.
Según los abogados defensores, la jueza mantuvo algún vínculo sentimental con uno de acusados de narcotráfico. Específicamente señalan que existió una relación con el hombre de apellidos Campos Jiménez, un exinvestigador del Organismo.
Él es acusado de aprovechar su condición de agente judicial, para asesorar al grupo narco y además, escoltar la droga durante la distribución desde la Zona Sur hasta el Pacífico Central.
Para los abogados defensores, la jueza Murillo debió separarse y no resolver ninguna gestión en fase previa al debate, dado que existía conflicto de intereses por conocer al investigado. Los abogados defensores en el caso pretenden refutar que esta jueza haya participado.
Específicamente fue el abogado Juan Carlos Peralta, quien solicitó incorporar a la jueza Murillo, dentro de la lista de personas que testificarán en algún momento del juicio.
Propiamente, pretenden que el Tribunal Especializado en Delincuencia Organizada, a cargo del caso, declaren que existió una actividad procesal defectuosa. Al parecer, el supuesto soborno fue para convencerla de atestiguar en favor de la supuesta red criminal.
El atentado
Tal como reveló crhoy.com, fue otra jueza de apellidos Castro Fallas quien dio luz verde a la detención y allanamientos sobre la abogada Arguedas González, que presuntamente intentó sobornar a la funcionaria Murillo Beita. Esto ocurrió el 21 de marzo pasado.
Horas después de avalar la diligencia judicial, la funcionaria que avaló los operativos fue víctima de un ataque a balazos contra su vehículo en Tarbaca de Aserrí. Cuando ocurrió el ataque, pasadas las 8:00 p.m. del mismo día, Castro estaba dentro de la casa de su mamá y no en su carro, lo que le salvó la vida.
El vehículo tenía al menos 4 impactos de bala en diferentes partes, según la Sección de Inspecciones Oculares del OIJ. En apariencia, dos hombres en motocicleta habrían detonado un revólver en contra del carro.
Estos hechos provocaron un remezón en el Poder Judicial por el temor de que funcionarios fueran atacados por ejercer sus funciones.