Debate TSE: Candidatos presentaron sus propuestas para enfrentar criminalidad y narcotráfico
Los candidatos a la Presidencia de la República Álvaro Ramos Chaves, del Partido Liberación Nacional; Douglas Caamaño Quirós, del Partido Alianza Costa Rica Primero; Luis Amador Jiménez, del Partido Integración Nacional; Ariel Robles Barrantes, del Partido Frente Amplio, y Juan Carlos Hidalgo Bogantes, del Partido Unidad Social Cristiana se midieron la noche de este lunes en el último debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La segunda pregunta que respondieron los aspirantes fue cuáles serían sus propuestas para mejorar el control territorial frente a la criminalidad y cómo combatir el narcotráfico.
Estas fueron las principales propuestas:
- Luis Amador (Integración Nacional)
Propone la creación de un comando élite compuesto por policías especializados.
Plantea mejorar el equipamiento de las fuerzas policiales.
Sugiere mejorar los salarios de los policías.
- Ariel Robles (Frente Amplio)
Propone decretar emergencia nacional por la inseguridad.
Sugiere intervenir con prioridad los 10 cantones con mayores índices de criminalidad.
Plantea aumentar los recursos policiales y mejorar los salarios de los policías.
Impulsar programas de prevención dirigidos a poblaciones vulnerables.
- Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana)
Propone impulsar un acuerdo con la Unión Europea para mejorar el control de las exportaciones hacia ese mercado.
Sugiere crear un fondo nacional de seguridad para fortalecer los recursos de los cuerpos policiales, financiado mediante la venta del Banco de Costa Rica (BCR).
Plantea crear una agencia especializada contra el crimen organizado.
- Álvaro Ramos (Liberación Nacional)
Apunta a endurecer las penas contra el narcotráfico y el sicariato.
Propone fortalecer las policías del país con más recursos.
Sugiere mejorar la lucha contra el cibercrimen y las estafas electrónicas.
- Douglas Caamaño (Alianza Costa Rica Primero)
Sugiere dotar de mayores recursos a las fuerzas policiales.
Propone una mayor articulación entre los poderes de la República para impulsar recursos frescos para la seguridad y promover reformas legales.