De los garantes de la ética al pacto con sindicatos: Gobierno suma cada vez más contradicciones
En 15 meses han engavetado criterios técnicos, han usado datos falsos y han caído en omisiones
(CRHoy.com) Al tiempo que un fuerte aguacero caía sobre los techos de casas y edificios, otro fuerte aguacero de críticas se disparaba este lunes desde la Asamblea Legislativa contra el gobierno de la República.
El debate reglado para hablar del pacto firmado entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos para dar fin a la huelga en los hospitales trajo consigo no solo los cuestionamientos sobre este tema, sino también sobre muchos de los pendientes que a nivel político se consideran prioritarios para el país: hubo quienes hablaron del desempleo, otros recordaron la esperada reactivación económica y algunos más coincidieron en que por un lado el Ejecutivo les pide impuestos a los ciudadanos y por otro deja a algunos por fuera del plan fiscal.
Mientras la lluvia – la climatológica y la de críticas- seguía, en Zapote el ambiente parecía el de una primaveral y soleada tarde. Las redes sociales del presidente Carlos Alvarado dedicaban sus espacios a la "noticia del día": un libro salido como de una realidad paralela en donde el título llamaba a sus lectores a descubrir cómo el Presidente "puede salvar el planeta" mediante medidas ambientales.
El hecho de que temas de reactivación económica, desempleo, combate a la pobreza, crisis políticas como la huelga en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) queden relegadas a un segundo plano al menos en la agenda de comunicación del gobierno, y en su lugar se preste mayor atención a los esfuerzos en materia ambiental, representa a juicio de analistas una de las contradicciones más notorias en la administración de Carlos Alvarado.
No es que el ambiente no sea importante, según dijo el economista Eli Feinzag. Es que se trata de un tema que puede caminar en paralelo, en momentos en que la gente lo que pide son medidas para sacar al país del atolladero fiscal y económico que lo mantienen sumido en la incertidumbre.
El agravante es que las prioridades económicas del país y los esfuerzos o iniciativas que el Ejecutivo publicita no parecen ir por el mismo camino, de allí que que se cuestiona la existencia de una gran contradicción.
Esta contradicción no es única. En ello coincide la liberacionista Yorleni León.
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Así, en 15 meses, el gobierno de Carlos Alvarado ha venido apilando acciones que revelan la existencia de un gobierno con dos caras distintas:
La creación de un comité de garantes éticos por parte de Carlos Alvarado fue la primera gran contradicción del gobierno.
El Presidente nombró a la ex primera dama Margarita Penón, al excandidato y fundador de Acción Ciudadana (PAC) Ottón Solís, al exdiputado Rodrigo Alberto Carazo y al exmagistrado José Miguel Arroyo como un grupo de apoyo del gobierno que le sirviera de "alarma" en temas éticos.
13 días después de nombrados, los propios integrantes del grupo afirmaron que ni siquiera habían sido llamados para saber cuál sería su función.
En el camino, Penón renunció, Ottón Solís fue designado en un cargo ante el Banco Centroamericano de Integración Económica y Carazo fue elevado a embajador.
En el único caso de relevancia analizado, el garante restante, Arroyo, más bien exoneró y defendió a la excanciller Epsy Campbell por realizar nombramientos de confianza de manera ilegal. Así lo confirmó la propia Procuraduría General de la República, en contrapelo a lo sostenido por el exmagistrado que no halló problemas éticos en el tema.
En setiembre de 2018 el Consejo de Gobierno exhortó a la empresa Uber a abandonar el país bajo el alegato de que existían "múltiples" resoluciones de la Sala Constitucional manifestando la ilegalidad del servicio.
La argumentación del gobierno no solo estaba basada en afirmaciones falsas, sino que también contradictorias con lo que el propio Alvarado prometió en campaña.
Sobre la falsedad: La propia Sala Constitucional salió a desmentir la existencia de fallos contra el servicio Uber y más bien recordó que la "delimitación de la plataforma Uber no le corresponde a ese tribunal, ni fue objeto de pronunciamiento en esta acción de inconstitucionalidad", en referencia a un fallo de 2017 sobre el transporte remunerado de personas, modalidad taxi.
Sobre la contradicción: Al pedir expresamente a Uber que se fuera del país, el consejo de gobierno liderado por Alvarado entró en conflicto directo con la promesa ofrecida en campaña, cuando Alvarado se manifestó en favor de "actualizar los marcos legales" a través de la regulación de las plataformas.
"El resultado debe garantizar la sana competencia… me inclino por regular desde el Estado estas empresas", dijo el 17 de julio de 2017.
No fue la única ocasión. En noviembre de ese año incluso le pidió apoyo a Uber para impulsar un proyecto contra toda forma de discriminación, aunque -paradójicamente- desde el gobierno después les estaban pidiendo irse del país.
En nuestro gobierno, impulsaremos un proyecto de ley contra toda forma de discriminación.
¿Será que podemos contar con el apoyo de @Uber_CR?
Creemos en un país seguro y libre de discriminación.
— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) November 15, 2017
La firma del protocolo para el aborto terapéutico fue una de las promesas directas de Carlos Alvarado como candidato a la Presidencia.
La promesa sin embargo se ha quedado sin cumplir, y 15 meses después los grupos interesados siguen esperándola.
En julio de 2018, con solo dos meses en la administración, el tema generó un fuerte choque dentro del gabinete, que enfrentó a la entonces ministra de Salud Giselle Amador, con la jerarca de Inamu, Patricia Mora.
"Tengo un compromiso y tengo cuatro años para cumplir", dijo entonces el Presidente.
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Con la entrada en vigencia del plan fiscal se asignó al Ejecutivo la obligación de modernizar los productos de la canasta básica. Esto resultaba importante pues los productos elegidos no tendrían que pagar el 13% del IVA.
El gobierno indicó que había tomado en cuenta todos los aspectos técnicos, nutricionales y de consumo necesarios, pero finalmente se descubrió que esto no fue así, al punto que el propio gobierno engavetó un criterio de especialistas del Ministerio de Salud recomendando la inclusión de ciertos productos.
A las críticas se unieron la escuela de Nutrición de la UCR y hasta el propio ministro de Agricultura Renato Alvarado, quien afirmó que la nueva canasta básica del gobierno "condenada a los pobres a comer chatarra", lo cual generó un conflicto directo con Hacienda.
En agosto de 2018 una comisión analizaba la eliminación del denominado "enganche médico", un privilegio que tienen los trabajadores del sector a recibir un aumento salarial proporcional cada vez que trabajadores de cualquier otro sector de la función pública tienen un ajuste.
Esta enorme distorsión ha generado una bola de nieve salarial en la CCSS, pero cuando estaba a punto de ser eliminada el diputado de Acción Ciudadana Welmer Ramos cambió su criterio y decidió votar para mantenerlo. Su voto era decisivo pues eliminaba el empate y cambiaba la decisión entre mantenerlo o quitarlo.
Casa Presidencial, a través del entonces ministro de la Presidencia Rodolfo Piza, argumentó en ese momento que el cambio de criterio para mantener el privilegio fue una posible inconstitucionalidad del plan fiscal.
Pero ese argumento fue echado por la borda por un informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa al argumentar que no había problemas de conexidad eliminando ese privilegio; es decir, el argumento emanado desde Casa Presidencial venía sin ningún sustento técnico ni jurídico que lo respaldara.
El proyecto avanzó y se aprobó manteniendo el privilegio.
En octubre del año pasado Carlos Alvarado anunció que suscribiría junto con otros países una denuncia por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, contra el régimen de Nicolás Maduro.
Ver comunicado oficial en este enlace.
La medida resultaba enérgica; sin embargo el tema terminó diluyéndose, al punto que acabó en una simple nota de protesta ante al Corte Penal Internacional.
En noviembre de 2018 el gobierno anunció la "renuncia" de la entonces ministra de Salud Giselle Amador, aduciendo problemas de salud.
Pero la verdadera razón estaba muy lejana. Una semana después la exfuncionaria confesó que había recibido presiones de tabacaleras para que echara atrás en una directriz que regulaba el mercadeo y venta de cajetillas en espacios visibles. Según dijo, por esta razón fue llamada en Casa Presidencial a "negociar su salida", y no por un tema de salud.
Pero el tema escaló aún más. En enero Casa Presidencial, contradiciendo la versión inicial relacionada con los problemas de salud, confirmó que desde finales de 2018 se le había informado a Carlos Alvarado sobre una investigación por venta de drogas por parte de un hijo de Amador, lo cual "fue una de las consideraciones que tomó el Mandatario" para pedir la salida de la entonces funcionaria.
El pacto firmado entre la CCSS y los sindicatos es una de las últimas acciones que ponen en evidencia las contradicciones del Gobierno.
En primera instancia el Ejecutivo aprobó un proyecto de reforma fiscal en donde defendió a capa y espada que todos los sectores debían cumplir. La propia ministra de Hacienda Rocío Aguilar así lo ha manifestado.
Pero los acuerdos posteriores de la Caja, respaldados por dos decretos ejecutivos y el acuerdo final de la semana anterior parecen convertirse en un majonazo sobre la propia manguera con la cual el Ejecutivo intenta apagar el incendio fiscal.
Para colmo, las autoridades de la CCSS eligieron irse por el camino más largo para resolver el conflicto – la vía judicial- y declinaron llevar el tema a la Procuraduría, -el propio abogado del Estado- en donde una resolución sería vinculante y en donde ya existen consultas no vinculantes obligando a los empleados de la CCSS a cumplir con las normas de empleo público establecidas en la reforma fiscal.
Atendiendo una solicitud de los tres principales sindicatos de educación, el gobierno decidió retirar del conocimiento de la Asamblea Legislativa tres proyecto de ley que buscaban poner tope a las pensiones de lujo.
La medida, notoriamente contraria al discurso político que había sostenido de estar en contra de las pensiones de lujo, causó enojo a nivel legislativo que rápidamente reclamó el regreso de las iniciativas.
Este lunes el gobierno tuvo que echar de nuevo marcha atrás en su posición y devolvió los proyectos al Congreso.
Al tiempo que el gobierno le ha pedido a los ciudadanos socarse la faja y contribuir más en impuestos, y que ha prometido mejorar la recaudación tributaria, el gobierno de Carlos Alvarado ha venido siendo omiso respecto a la necesidad de nivelar la cancha para todas las empresas cementeras del país.
La legislación actual mantiene una distorsión de modo que empresas cementeras que se instalen fuera del rango geográfico que establece la ley, resultan exoneradas del pago de un impuesto al cemento. Esto ha beneficiado a un competidor instalado en Puntarenas, en donde el no pago del impuesto le ha impedido a la provincia recibir al menos ₡1.000 millones en un año.
El proyecto para arreglar esta distorsión está empantanado en el Congreso y sin que el gobierno haya mostrado interés en convocarlo. Durante la administración anterior cuando Welmer Ramos y Gianina Dinarte fueron ministros de Economía, la iniciativa se mantuvo en el congelador, coincidentemente después de que así lo había solicitado en Casa Presidencial el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños.
En esta administración el plan tampoco ha avanzado y está próximo a que se venza su plazo cuatrienal.