De las redes a la realidad: lo que debe saber para entender el plan fiscal

Entre señalamientos de mentiras y desinformación, los sindicatos protagonizaron este lunes el primer día de una huelga indefinida en contra de un plan fiscal que, a pesar de la presión de los empleados públicos, continuó en firme su trámite en el la Asamblea Legislativa.

La oposición férrea de unos en favor al plan fiscal y el apoyo de otros ha desatado innumerables reacciones en redes sociales, que van desde algunas fundamentadas a otras que expresan inquietud o dudas de las personas en torno al contenido de la iniciativa.

En ese contexto elegimos algunas de ellas para compararlas con lo que se establece en el plan fiscal o su procedimiento.

 

El proyecto de plan fiscal en efecto contempla cambios en los impuestos que se pagan por servicios como agua y electricidad, que implicaría aumentos, pero no para todos.

En el caso de estos servicios, ambos están incorporados en el artículo 8 del impuesto al Valor Agregado (IVA) que habla de cuáles serán exonerados de pagar el 13%. Sobre el agua quedará exento el consumo igual o inferior a 30 metros cúbicos. Quienes gasten más que eso deberán pagar un 13%.

"Esto significa que se beneficia a la mayor cantidad de la población y se obligará a pagar a solo los grandes consumidores, aquellos que tienen una piscina, por ejemplo", dijo la legisladora oficialista Laura Guido.

En el caso de la electricidad se cobrará el mismo porcentaje a partir de los 280 kW/h, menos de eso estará exento.  Una familia promedio de cuatro a cinco personas puede llegar a consumir alrededor de 200 kW/h., por lo que el pago lo deberán hacer aquellos grandes consumidores o quienes no se preocupen por el ahorro.

El plan fiscal establece la eliminación de una importante cantidad de beneficios que actualmente gozan los empleados públicos; sin embargo, esto aplicará únicamente para los nuevos funcionarios y no los actuales, con lo cual quienes tomaron parte de la manifestación de este lunes seguirán gozando de ellos.

Entre otras aspectos la reforma fiscal elimina la posibilidad de que futuros empleados públicos gocen de cesantía por más de 8 años, pone tope en el porcentaje de aumento a las anualidades de modo que no se podrán seguir calculando sobre el salario acumulado sino sobre un monto fijo (esto elimina la bola de nieve que se producía al respecto), se crea un método de evaluación para que el empleado pueda acceder a la anualidad, y además se elimina la modalidad de pago bisemanal.

El tema de las pensiones de lujo ya ha sido tocado por anteriores proyectos. La anterior Asamblea Legislativa aprobó una reforma a las pensiones judiciales además de otras cuatro leyes que buscaban recortar pensiones de lujo. Por ejemplo, se estableció un cobro a las pensiones superiores a ¢2,5 millones, se eliminó el aumento de 30% anual a las jubilaciones de exdiputados y se prohibió que puedan ser heredadas. También se aumentó la edad en regímenes especiales. Por esta razón el tema no se incluyó en la discusión desde el inicio del proyecto.

El plan fiscal no contempla recortes específicos en beneficios a políticos como cupones de gasolina; sin embargo, sí establece un tope específico a las dietas de todos los miembros de las juntas directivas. Específicamente indica que  "los miembros de la juntas directivas no podrán superar por mes el equivalente a diez salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública. Será improcedente el pago de viáticos conjuntamente con dietas. En el caso de la participación en sociedades o subsidiarias, únicamente se autoriza integrar un máximo de tres juntas y dos comités".

También en tema salarial se impone un tope a todos los jerarcas, desde el Presidente hasta todo su gabinete, diputados, y gerentes, en cuyos casos se congelan posibles aumentos por dos años. Incluye en esta prohibición a todos los funcionarios públicos que ganen al menos ₡4 millones mensuales.

 

Un eventual castigo o mala calificación es posible en el tanto el país no pueda hacer frente a sus obligaciones o no pueda liberar la tensión que existe sobre sus finanzas. El plan fiscal busca eso.

Si esta presión no se reduce, los organismos internacionales considerarían al país un lugar más riesgoso para invertir; es decir, una nación en donde es más posible que haya problemas serios de liquidez y mayores opciones de entrar en impago.

Legalmente es imposible que el Poder Ejecutivo pueda "sacar" el plan fiscal de conocimiento de la Asamblea Legislativa, ya que el Congreso se encuentra en periodo de sesiones ordinarias, en donde son los diputados "los que mandan" sobre la agenda.

El proyecto deberá seguir su trámite, a menos de que un acuerdo de los diputados ponga otros proyectos como prioridad por encima del plan fiscal; sin embargo, aún ocurriendo esto, al tratarse de un proyecto que se maneja mediante vía rápida, existe un plazo de votación que cumplir. Los tiempos indican que esto debería ocurrir en el transcurso de setiembre o a más tardar inicios de octubre.

 

El plan fiscal no "rebaja" el salario al Presidente o al Ministro de la Presidencia, pero sí le impone un tope para que no crezca, congelándolo por dos años.

Independientemente de ello, Carlos Alvarado firmó una directriz al inicio de su mandato congelando el salario por los cuatro años de su administración.

La Asamblea Legislativa además dejó de autoaprobarse aumentos salariales automáticos desde 2015.

Respecto a pluses de empleados públicos y entidades de educación, adicionales a los que ya incluye el plan fiscal, existe un compromiso del Ejecutivo con fracciones como la Unidad Social Cristiana de impulsar un proyecto de empleo público a partir del próximo año, a fin de efectuar mayores recortes en el sector.