Cuestionan rápido freno a suspensión de magistrada
Afirman que freno a medida no procede, pues acuerdo no estaba firme
Doris Arias,dejó el cargo tras ser suspendida durante 2 meses. CRH/Daniela Abarca
El 'rápido' freno de la sanción a la magistrada Doris Arias, presidenta de la Sala Tercera, fue ampliamente fustigado por gremios del Poder Judicial.
La Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud) reprocharon la decisión de Alcevit Godínez Picado, juez interino Tribunal Contencioso Administrativo, quien acogió para estudio una medida cautelar ante causam planteada por la funcionaria.
Al acoger el planteamiento, la sanción contra la funcionaria –suspendida con 2 meses sin goce salarial– queda en vilo.
Arias presentó el recurso durante la madrugada del miércoles, sin embargo antes de media mañana ya Godínez había dictado una resolución para frenar el castigo.
La funcionaria fue sancionada por la Corte Plena el lunes, junto con sus compañeros de la Sala Tercera, por la desestimación de un expediente penal ligado al 'cementazo'.
Hernán Campos, secretario general de Sitrajud, consideró que la resolución del juez es improcedente. Bajo su criterio, aún no habían dictado el acto final para dejar firme la suspensión.
"Un juez interino en materia contenciosa admite una medida cautelar para una de las magistradas suspendidas (Arias), cuando el acto ni siquiera estaba en firme. No teníamos el acuerdo de Corte Plena en firme, porque adquiere firmeza hasta la sesión siguiente. En este caso, la sesión siguiente no se había dado. Supongo que el juez interino estaba cargado de nervios", expuso el miembro gremial.
Los miembros de la Sala Tercera fueron suspendidos por la desestimación en torno a una causa penal que involucró a los exdiputados Otto Guevara Guth, Víctor Morales Zapata, Walter Céspedes y el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas.
La suspensión aplicó contra Arias, María Elena Gómez, Jesús Ramírez, Carlos Chinchilla (expresidente de la Corte Suprema de Justicia) y Celso Gamboa Sánchez (despedido en abril).
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Dudas con descargo
Tanto Campos, como Álvaro Rodríguez, secretario general de ANIC, cuestionaron las explicaciones dadas por las magistradas Arias y Gómez mediante un comunicado de prensa difundido el miércoles.
Ambas insistieron en que no incurrieron en ninguna falta al desestimar el expediente penal.
"Doña Doris (Arias) hace ver que ella lo que vio fueron unos diagramas de información cruzada. Quiere decir que sí tuvo acceso a esos diagramas, los cuales son las llamadas telefónicas y los contactos que hace ver el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) entre los personajes más citados de esta historia. Si se vio eso, también se tuvo que haber visto la solicitud del director del OIJ para que se ampliara la investigación", apuntó Rodríguez.
Según agregó, existe el voto 2015-1134 del 31 de agosto de 2015, firmado por los miembros de la Sala Tercera, donde los jueces regresaron un expediente penal –de otro caso- al Ministerio Público, tras considerar que no existía la adecuada fundamentación para avalar una desestimación.
"Ellas decían que no tenían facultad desde la Sala Tercera para hacer nada con la resolución que les había llegado de parte de Berenice Smith, exfiscala general subrogante, de desestimar el caso de los exdiputados. Sin embargo conversé con 2 jueces de la material penal y me dijeron que eso no era cierto ¿Entonces en este país no existiría control jurídico de esas autoridades? ¿Entonces no deberían existir? La Sala Tercera sí puede devolver el expediente al Ministerio Público con observaciones", agregó Campos.
Las organizaciones sindicales coinciden en que las funcionarias cuestionadas deberían dejar sus cargos de manera inmediata.