Cuestionan contratos por ₡70 millones en el INVU: ₡43 millones fueron a productora ubicada en salón de belleza
Algunos de los contratos cuestionados están relacionados a una productora audiovisual ubicada en este salón de belleza, en Lindora. Así lo comprobó CR Hoy.
La oficina de Comunicación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu) gestionó contratos por ₡70 millones sin supervisión efectiva ni conocimiento de las instituciones encargadas del control administrativo, reveló un informe elaborado por el exasesor de la presidencia de la entidad Mauricio Montero, quien indagó una serie de denuncias presentadas en la institución.
Según el informe elaborado a mediados del 2025, las autorizaciones de contratación se realizaban de forma directa desde oficina de Comunicación, a cargo de la funcionaria Tatiana Mora Moya.
Esta situación fue cuestionada en una carta que la presidenta de la entidad Ángela Mata envió al gerente Marco Hidalgo, con fecha 6 de junio del 2025, que también planteó dudas sobre la participación de la directora de Comunicación en procesos de contratación administrativa no necesariamente propios de sus funciones.
El documento solicita a la Gerencia Ejecutiva aclarar si existe alguna delegación formal o aval escrito para respaldar la participación de Mora Moya en ese tipo de procedimientos, los cuales normalmente corresponden a la Proveeduría Institucional o a los distintos centros de costos responsables de las contrataciones.
Además, el oficio pidió remitir información detallada sobre las contrataciones en que la funcionaria ha participado entre 2017 y abril de 2025, incluyendo procesos donde haya intervenido en estudios de mercado, etapas de adjudicación o como fiscalizadora del cumplimiento de contratos. Según el documento, el objetivo es verificar si la asignación de estas tareas podría implicar funciones incompatibles con el cargo que ocupa y eventuales riesgos para los intereses económicos de la institución.
Este medio consultó directamente a la periodista sobre los cuestionamientos, pero al cierre de esta información no hubo respuesta.
Contrato por ₡43 millones con productora
Uno de los casos señalados corresponde a pagos realizados por el INVU por ₡43 millones a la empresa Studio de Imagen ALT por servicios de producción audiovisual y diseño gráfico institucional.
Los pagos constan en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y se efectuaron entre setiembre y diciembre de 2025, mediante órdenes de pedido bajo la modalidad de servicios "según demanda".
Los desembolsos registrados fueron los siguientes:
- 18 de setiembre de 2025: ₡7.177.613
- 18 de setiembre de 2025: ₡9.412.900
- 24 de octubre de 2025: ₡9.526.408,5
- 24 de octubre de 2025: ₡4.410.220,5
- 4 de diciembre de 2025: ₡6.937.861
- 4 de diciembre de 2025: ₡6.146.070
La orden de inicio del contrato se estableció a partir del 1 de julio de 2025, según consta en el expediente digital del proceso.
La empresa aparece representada ante el sistema de compras públicas por Allyson Bolívar Restrepo, una extranjera nacionalizada costarricense residente en Tibás. En la estructura societaria también figura como secretario Richard Giovanny del Toro Sandoval, quien, según registros oficiales, está casado con Handerson Bolívar Restrepo, hermano de la representante de la empresa.
El 29 de abril de 2025, este último realizó gestiones dentro del proceso de contratación, de acuerdo con documentos disponibles en el expediente del SICOP.
Durante el período de contratación, la sociedad registraba como dirección el local número 2 de Plaza Tributo, en la radial de Lindora, entre Santa Ana y Belén . Un equipo de CR Hoy visitó el sitio y constató que en esa dirección opera un salón de belleza identificado como Gio del Toro Studio de Imagen.
En el registro comercial, la sociedad Studio de Imagen ALT también tiene inscrita como actividad la operación de salones de belleza y barberías.
Ante consultas de este medio, Allyson Bolívar, representante de la empresa Studio de Imagen ALT S.A. indicó por medio de un correo que ambas empresas -el salón de belleza y la compañía contratada por el Invu- pertenecen a la misma sociedad, constituida por un grupo familiar, y operan exactamente en el mismo inmueble, para reducir costos operativos.
Según señalaron, Studio de Imagen ALT es una empresa formalmente constituida dedicada a diseño, fotografía y producción audiovisual, actividades que —aseguraron— se encuentran debidamente registradas y respaldadas por permisos y licencias emitidos por el Ministerio de Salud, la municipalidad, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Instituto Nacional de Seguros.
De acuerdo con la explicación brindada, Gio del Toro Salón corresponde a un negocio distinto, que comparte la ubicación comercial. La empresa indicó que la relación contractual con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) se limita exclusivamente a servicios de diseño gráfico y producción audiovisual, los cuales —afirmó— fueron tramitados mediante los procedimientos administrativos correspondientes y cuya información puede consultarse en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).
Los representantes de la empresa aseguraron que en la productora está en ese sitio por razones operativas.
INVU defiende contratación
Consultado por CR Hoy, el Invu aseguró que la institución no contrató un salón de belleza, sino servicios audiovisuales. Según explicó la entidad, durante el análisis del proceso se consultó a la empresa sobre la actividad registrada en su patente comercial.
De acuerdo con la respuesta oficial, la empresa indicó que la actividad de peluquería corresponde a un servicio complementario que brinda a modelos e influencers como parte de la preparación previa a castings y producciones audiovisuales.
"El Invu no contrató un salón de belleza, sino una empresa que brinda servicios de producción audiovisual y diseño gráfico", indicó la institución.
No obstante, el informe elaborado por el exasesor de la Presidencia Ejecutiva advierte que las contrataciones gestionadas desde el área de comunicación institucional evidencian debilidades en los controles internos, especialmente en los procesos de autorización y fiscalización.
El documento señala que las decisiones de contratación se habrían tomado sin la participación de las áreas encargadas de evaluar costos o aprobar adquisiciones, lo que plantea la necesidad de revisar los procedimientos utilizados para adjudicar y supervisar estos contratos.