Cuenta regresiva en la Asamblea: Comisión debe definir caso Fabricio Alvarado
La investigación legislativa contra el diputado y excandidato presidencial del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado Muñoz, por una denuncia de aparente acoso y abuso sexual presentada por la exdiputada Marolin Azofeifa Trejos, entró en una etapa decisiva en la Asamblea Legislativa.
La comisión especial encargada del caso deberá presentar su informe entre el 17 y el 19 de abril, según el plazo de dos meses establecido en el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual para diputados y diputadas. De cumplirse ese calendario, quedarían apenas 11 días para que el Plenario Legislativo conozca y vote el informe antes de que finalice el actual periodo legislativo.
La comisión investigadora se instaló el 19 de febrero y ya inició su trabajo. Este órgano está integrado por cinco legisladores.
La preside el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, mientras que la diputada de Nueva República Olga Morera funge como secretaria. También forman parte de la comisión la diputada independiente Johana Obando, la legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN) Rosaura Méndez y el diputado del oficialismo Waldo Agüero.
De acuerdo con el reglamento, la comisión cuenta con acompañamiento técnico de la Dirección Jurídica de la Asamblea Legislativa.
Hasta ahora se desconoce el avance de la investigación, ya que el reglamento establece que todo el procedimiento debe mantenerse bajo confidencialidad, con el fin de resguardar tanto a la persona denunciante como al legislador investigado.
La normativa también señala que, si el informe no se presenta dentro del plazo fijado, los diputados que integran la comisión dejarían de percibir sus dietas hasta que el documento sea entregado.
Defensa espera que no haya impunidad
El proceso surge tras la denuncia presentada por la exdiputada y asesora legislativa Marolin Azofeifa Trejos.
La abogada defensora de Azofeifa, Carolina Hidalgo, señaló que esperan que la investigación concluya con una recomendación de sanción contra el legislador.
"Estamos esperanzados de que no haya impunidad y que el informe de la comisión recomiende sancionar al diputado", indicó.
Hidalgo añadió que confían en que el proceso avance con celeridad y que el caso pueda resolverse antes de que finalice el actual periodo legislativo.
En caso de determinarse responsabilidad, el reglamento establece como sanción una amonestación ética pública por escrito, que se divulgará en los medios oficiales de la Asamblea Legislativa.
Origen de la denuncia
Azofeifa sostiene que los presuntos actos de acoso sexual que atribuye a Alvarado se remontan a 2018 y habrían ocurrido durante varios años, tanto en actividades políticas como dentro de la Asamblea Legislativa.
Según la versión difundida por su defensa, el primer incidente habría ocurrido en enero de 2018, durante una gira en Guápiles, cuando Alvarado —entonces candidato presidencial— supuestamente la besó sin su consentimiento en una casa de campaña.
La exdiputada afirma que posteriormente expuso lo sucedido ante miembros del movimiento político y que, entre 2020 y 2022, cuando ambos coincidieron en el Congreso, se habrían producido nuevos episodios de contacto físico no consentido.
El caso tomó relevancia pública tras el debate presidencial de Radio Columbia del 26 de enero de 2026, cuando la entonces candidata y hoy presidenta electa de la República, Laura Fernández Delgado, denunció haber sufrido acoso por parte de Alvarado. Un día después, Azofeifa publicó un video denunciando su caso y el 4 de febrero presentó una denuncia formal en la Asamblea Legislativa.
Primera aplicación del reglamento
Este caso representa la primera vez que se aplica el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual aprobado por el Congreso el 28 de julio de 2021 para investigar a un legislador.
El procedimiento contempla varias etapas. Tras recibir la denuncia, se concede al legislador señalado un plazo de ocho días hábiles para presentar su respuesta. Posteriormente se realizan audiencias privadas para la recepción de pruebas y testimonios.
Una vez concluida la investigación, la comisión elaborará un informe con una recomendación que será remitida al Plenario Legislativo, instancia que deberá votar la resolución final.
Otras denuncias
Fabricio Alvarado enfrenta además otras denuncias por presunto abuso y acoso sexual, que han generado cuestionamientos tanto judiciales como políticos.
La Fiscalía General de la República confirmó que existe una investigación en su contra por un aparente delito de abuso sexual, tramitada bajo el expediente 24-000108-0033-PE, la cual está a cargo del fiscal general, debido a la inmunidad parlamentaria que ampara a los diputados.
Según trascendió, el proceso se inició tras la presentación de al menos dos denuncias de personas que acusan a Alvarado de presuntos abusos, una de ellas por hechos que habrían ocurrido cuando la víctima era menor de edad.
Ante estas acusaciones, legisladores de varias fracciones solicitaron públicamente que Alvarado renuncie a su inmunidad parlamentaria para enfrentar la investigación penal sin protección especial, con el argumento de que ello permitiría que el proceso avance ante los tribunales.