Diputados tienen 16 días para resolver caso contra Fabricio Alvarado por acoso sexual
Defensa de Marulin Azofeifa advierte que atrasos en la investigación podrían impedir que el caso se resuelva a tiempo
La Asamblea Legislativa entrará en una cuenta regresiva de 16 días para resolver el caso contra el diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, investigado por acoso sexual tras una denuncia presentada por la exdiputada Marulin Azofeifa.
El plazo empezará a correr tras el regreso de los diputados del receso de Semana Santa. A partir de ese momento, el Congreso deberá conocer y votar el informe final antes del 30 de abril, cuando concluye el actual periodo legislativo.
En la práctica, ese margen se traduce en apenas 16 días hábiles de sesión, ya que el Plenario solo se reúne de lunes a jueves y restan cuatro semanas antes de esa fecha límite.
La presión no solo es por tiempo. La defensa de Azofeifa —integrada por David Delgado y Carolina Hidalgo, exdiputada y expresidenta de la Asamblea Legislativa— advirtió que los atrasos en la investigación ponen en riesgo que el caso se resuelva a tiempo.
"El tiempo se agota", señalaron.
Comisión contra el tiempo
Antes de que el caso llegue al Plenario, la comisión investigadora enfrenta su propio límite.
El reglamento contra el hostigamiento sexual establece un plazo máximo de dos meses para emitir el informe. En este caso, ese periodo vence entre el 17 y el 19 de abril.
Eso deja pocos días para concluir audiencias, analizar pruebas y redactar las conclusiones.
Las comparecencias están previstas entre el lunes 6 y el jueves 9 de abril, justo después del receso legislativo.
En esas sesiones se escuchará a los testigos del caso, aportados por la denunciante. Por tratarse de un proceso confidencial, sus identidades no se han revelado.
La comisión es presidida por el diputado Alejandro Pacheco e integrada además por Olga Morera, Rosaura Méndez, Johana Obando y Waldo Agüero.
Intento de frenar el proceso
En medio de la investigación, Fabricio Alvarado intentó frenar el avance del caso en la Asamblea Legislativa, alegando que los hechos ya estaban siendo analizados en la vía penal.
Sin embargo, un criterio técnico rechazó ese argumento y concluyó que la comisión legislativa puede continuar con el proceso, ya que su función es distinta a la judicial y ambos procedimientos pueden avanzar de forma paralela.
La defensa de Azofeifa sostiene que los retrasos en el proceso —incluida la falta inicial de audiencias—, sumados al receso de Semana Santa, reducen aún más el margen de acción.
"Existe el riesgo real de que el caso no pueda resolverse a tiempo", advirtieron.
Según explicaron, si el informe no se entrega dentro del plazo, no podría ser conocido por el Plenario antes de que Alvarado deje su cargo el 30 de abril.
Esto, indicaron, podría impedir que el caso sea resuelto en la vía legislativa dentro del periodo actual. "Se abre la puerta a la impunidad", insistieron.
Incluso, señalaron que eventuales dilaciones podrían generar responsabilidad para el Estado costarricense.
Procesos paralelos
El caso no solo se tramita en el Congreso. Fabricio Alvarado también enfrenta investigaciones en la vía judicial.
La Fiscalía General de la República confirmó una causa en su contra por un aparente delito de abuso sexual, tramitada directamente por el fiscal general debido a la inmunidad parlamentaria.
Según ha trascendido, el expediente se originó tras la presentación de al menos dos denuncias, una de ellas por hechos que habrían ocurrido cuando la presunta víctima era menor de edad.
Ambos procesos —el legislativo y el judicial— son independientes y pueden avanzar de forma paralela.
Una prueba para el Congreso
Este caso marca la primera vez que la Asamblea Legislativa aplica el reglamento contra el hostigamiento sexual aprobado en 2021 para investigar a un diputado.
Además, tomó relevancia pública luego de que la hoy presidenta electa, Laura Fernández Delgado, denunciara una situación similar contra el mismo diputado Fabricio Alvarado durante un debate presidencial en enero pasado.
Ahora, con los plazos encima, el Congreso enfrenta una doble presión: cumplir con el calendario y definir el caso antes de que finalice el periodo legislativo.