¿Cuánto ganaban los directivos de CCSS involucrados en caso Barrenador por sus dietas en la CCSS?

Varios miembros y exmiembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) son imputados del caso Barrenador y se les investiga por su papel en la adjudicación de áreas de salud a cooperativas y una asociación médica ligada al Hospital Clínica Bíblica.

Al formar parte del órgano decisor de la institución, reciben un pago de dieta por cada sesión en la que participen. Según datos brindados por la Secretaría de la Junta Directiva, 6 involucrados en el caso recibieron ¢28.410.452 durante sus nombramientos. 

Por cada dieta se les paga aproximadamente ¢58 mil, por lo que por mes pueden recibir más de ¢450 mil colones. Cabe resaltar que las sesiones están convocadas 2 veces por semana, martes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y jueves de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., dichos horarios pueden variar según criterio de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva o se puede convocar a sesiones extraordinarias para temáticas urgentes.

María Isabel Camareno, imputada que pasó una noche en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fue nombrada el 1 de febrero del 2023 representando al sector cooperativista y el 3 de julio del mismo año se anuló. Luego, 2 días después se nombró como representante del Poder Ejecutivo hasta el 31 de mayo de 2030.

En su paso por la Junta Directiva, Camareno ha recibido más de ¢7.4 millones, según un corte realizado a julio de este 2024. En la orden de allanamiento del caso Barrenador, se asegura que Camareno llevó acciones desde su posición como directiva para vigilar el proceso de elaboración del pliego con el que se adjudicaron los millonarios contratos.

En esta misma aseveración se incluye a Jorge Porras, exmiembro que renunció recientemente tras recibir una denuncia de nombramiento ilegal de parte de Martha Rodríguez, directiva, debido a que trabaja en el Banco Nacional, al mismo tiempo que formaba parte de la Junta de la CCSS.

Porras fue nombrado el 8 de febrero del 2023 y luego se anuló el 2 de agosto de 2023, luego, regresó como representante del Poder Ejecutivo en noviembre del 2023. Por su participación en las sesiones de Junta Directiva recibió ¢6.261.177.

Sobre este, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), asegura que llevó a cabo "acciones tendientes a beneficiar a terceros en su condición de oferentes (…) para Servicios de Primer Nivel de Atención en Salud de 10 Áreas de Salud de la CCSS".

En el caso de Johnny Gómez, representante activo del sector laboral, de setiembre del 2023 a julio de 2024, se le pagó ¢5.090.573, con meses donde se superaron los ¢450 mil por reunirse 2 veces a la semana.

Al ser investigado por la adjudicación, su vivienda fue allanada debido a que la FAPTA considera que se apartó de su deber de probidad e interés institucional con la aparente intención de beneficiar a los oferentes. De hecho, en sesiones de junta se evidenció como Gómez expresaba sus dudas con respecto a los informes que alertaban de sobreprecios.

Zeirith Rojas, vicepresidente de la Junta, fue nombrado en setiembre de 2023 y a julio de este año se le pagaron ¢5.033.079.

En la orden de allanamiento, se asegura que Rojas, conociendo el poder que tiene la Junta Directiva, "actuó contrario a las disposiciones de control interno y lineamientos de política de probidad (…) se tiene una alta probabilidad que faltó a su deber de probidad, ya que, motivó una reunión con los representantes de las cooperativas, donde participarían los funcionarios que realizaron las ofertas de servicio para la compra de servicios de primer nivel, y además miembros de la Junta Directiva".

Otros 2 exmiembros imputados en el caso Barrenador son Jorge Luis Araya y Roberto Quirós, a quienes durante su paso por la Junta se les pagaron ¢1.782.320 y ¢2.809.450, respectivamente.

Pese a que Araya estuvo pocos meses en el órgano decisor, según la FAPTA, con plena coordinación y mutuo acuerdo con otros directivos, buscó dirigir la contratación hacia cierto punto que resultaba lesivo al interés público por los sobreprecios.

De hecho, Araya alabó un informe realizado por Marielos Gutiérrez, imputada y gerente general a.i., que se utilizó para justificar la cuestionada adjudicación.

Yo agradezco este informe cuantitativo en el que se toman las 105 Áreas de Salud, se definen 43 características (…) Lo agradezco profundamente (…) Si puedo decir que pocas veces he visto un análisis tan riguroso para que nosotros, miembros de Junta Directiva podamos tomar decisiones basadas en ciencia y técnicas, dijo Araya.

Quirós salió de la Junta desde julio del 2023, pero aun así fue detenido. En el informe que dio origen a su detención se menciona que Quirós mencionó establecer una relación con la Cámara de la Salud, para que ellos trasladaran sus sugerencias de la elaboración del cartel.

Durante la misma sesión, el encartado Quirós Coronado, prevaleciéndose de su cargo como director y vicepresidente de la Junta Directiva, con la intención de generar un beneficio a las cooperativas y ASEMECO, indicó que no servía una licitación por 4 0 6 años, sino que, de manera antojadiza para ese momento sugirió que ‘metieran de una vez 10 años', lo anterior sin contarse con los requisitos legales establecidos en la norma, que en amparo al principio de legalidad, se lee en la orden.