Criterio jurídico de la CCSS recomienda readjudicar construcción de hospital de Cartago

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), acordó el pasado 19 de setiembre pedir el criterio jurídico con respecto al retiro de la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de CV para la construcción del hospital de Cartago.

La Dirección Jurídica de la CCSS, por medio del oficio GA-DJ-7880-2024 -del cual crhoy.com tiene copia-, recomendó que la administración valore una eventual readjudicación a la segunda empresa calificada.

Este escenario, de acuerdo con Jose Adolfo Gell, asesor legal de la Cámara Costarricense de Construcción, tomaría 2 años, uno para el concurso y otro para que la adjudicación quede en firme.

Es decir, para volver al punto en el que estuvo el proceso antes del retiro de la empresa y así seguir con el criterio de la Dirección Jurídica, tomaría 2 años. Cabe resaltar que la alternativa del gobierno de construir en otro terreno que no sea de El Guarco representaría un atraso de 10 años en la construcción.

Por otro lado, Randall Murillo, de la misma Cámara, explicó que la adjudicación de la segunda empresa debe ser analizada en términos de costos, ya que la de la empresa mexicana era aproximadamente 27% más barata, lo cual les llamó la atención porque era un precio bajo para un proyecto como el hospital.

Resulta procedente que la Administración valore declarar la insubsistencia de la adjudicación recaída a favor de la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A., y proceder a la readjudicación de la licitación objeto de estudio a la siguiente empresa que, por orden de sucesión, superó los análisis técnicos, administrativos y legales, siempre que producto del análisis de la situación resulte conveniente a sus intereses, en los términos y condiciones que establece el ordenamiento jurídico transcrito, detallaron desde la Dirección Jurídica.

¿Qué explicó la Dirección Jurídica?

Según el documento de la Dirección Jurídica, desde el 4 de setiembre a la empresa se le solicitó la garantía de cumplimiento y la suscripción del contrato, pero estas formalidades no se atendieron, y, por el contrario, se le informó a la CCSS el 17 de setiembre la intención de dejar sin efecto la oferta por lo que el contrato no fue formalizado.

Cabe resaltar que la fecha límite para que la Gerencia de Infraestructura y Tecnología recibiera la garantía de cumplimiento era el 18 de setiembre, pero el 17 a las 10:26 p.m. enviaron un archivo llamado "Justificación para dejar sin efecto la oferta", es decir, pocas horas antes del vencimiento del plazo.

El artículo 32 de la Ley de Contratación Administrativa le permite a la administración readjudicar en este contexto:

La administración estará facultada para readjudicar el negocio, en forma inmediata, cuando el adjudicatario no otorgue la garantía de cumplimiento a plena satisfacción o no comparezca a la formalización del contrato. En tales casos, acreditadas dichas circunstancias en el expediente, el acto de adjudicación inicial se considerará insubsistente, y la administración procederá a la readjudicación, según el orden de calificación respectivo, en un plazo de veinte días hábiles, el cual podrá ser prorrogado hasta por diez días adicionales, siempre que en el expediente se acrediten las razones calificadas que así lo justifican.

La Dirección Jurídica explicó que al ser una empresa adjudicataria y no oferente, resulta procedente instruir un procedimiento administrativo ordinario o una investigación preliminar para definir si la conducta de la empresa mexicana tiene elementos para exigirle responsabilidades como una sanción y/o cobro de daños y perjuicios ocasionados.

Según se explicó, el criterio jurídico es compartido por las asesorías legales de la Junta Directiva y de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, quienes se reunieron este 25 de setiembre.

En el documento, Gilberth Alfaro, director jurídico de la CCSS, brindó propuestas de acuerdo para la Junta Directiva, tales como declarar la insubsistencia de la adjudicación y que la GIT analice las otras ofertas, investigar las acciones de la empresa que se retiró, entre otros.

¿Por qué la empresa se retiró?

El pasado 18 de setiembre, en una de las últimas sesiones de Junta Directiva en las que Marta Esquivel, presidenta ejecutiva suspendida, tuvo permiso de estar, presentó la nota con la que la empresa anunció su retiro.

Dicha nota indicaba:

(…) durante este tiempo la situación macroeconómica del país ha variado sustancialmente, desde que el colón se ha reevaluado respecto del dólar de manera dramática. A pesar de ello, el pliego de condiciones no prevé un mecanismo de reajuste de precios para las ofertas presentadas en dólares y a pagar en colones, como es nuestro caso (…)

Asimismo, tan pronto se presentaron las ofertas, se han esgrimido criterios encontrados entre el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social que han puesto en entredicho el proyecto. Así, por ejemplo, en el MS-DM-2718-2024 de 21 de mayo del año en curso, el Ministerio de Salud concluyó que "el lugar no es apto para la construcción de un HOSPITAL SEGURO." Más aún, se han publicado muchas notas de prensa que plasman declaraciones de las distintas autoridades competentes que muestran claras desavenencias entre instituciones del Estado costarricense.

Según explicó Murillo, ninguna empresa constructora quiere estar envuelta en temas políticos, los cuales se han visto exacerbados por declaraciones de miembros del actual gobierno.

De hecho, diferentes diputados indicaron en la Comisión Especial de la Provincia de Cartago que investigarán si desde la administración Chaves Robles hubo presiones para que la empresa se retirara.