Crisis en Nicaragua rebotó en Costa Rica con más de 23 mil peticiones de refugio
Julio fue el mes con más gestiones: casi 5.300
La crisis socio-política que embarga a Nicaragua desde abril del año pasado trastornó radicalmente las labores de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) en Costa Rica.
Durante el año pasado las oficinas que tramitan este tipo de casos recibieron 23.138 pedidos de nicaragüenses para obtener ese estatus migratorio en el país. Esa cifra compete a un 83% del total de peticiones planteadas en ese período.
De esa cantidad, a la fecha solo 3 peticiones de ciudadanos de ese país han sido aprobadas. El resto están en trámite.
Según un reporte facilitado por la DGME, las gestiones crecieron exponencialmente a partir de abril- mes en que comenzó la crisis- pasando de decenas a miles.
La situación en Nicaragua se complicó a partir de una reforma al sistema de pensiones que administra el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El documento fue firmado el 16 de abril de 2018 y publicado en La Gaceta (diario oficial) 2 días después. Ese mismo día estallaron las protestas. Solo fue el comienzo de lo que vino luego…
Las protestas se transformaron en un descontento de una gran parte de la población contra el gobierno de Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.
Para responder al enardecido clamor popular, el gobierno de los Ortega Murillo se valió de la represión policial como herramienta y desencadenó sangrientos encontronazos en diferentes ciudades.
Según organizaciones de Derechos Humanos la cantidad de crímenes perpetrados por fuerzas policiales y parapoliciales rondaría los 600.
De hecho, un informe elaborado por un panel independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y presentado a finales del año pasado calificó los casos ocurridos como crímenes de "lesa humanidad".
Mientras todo eso sucedía, las peticiones de refugio continuaban atiborrando las oficinas de la institución migratoria tica.
En un principio las autoridades costarricenses señalaron que muchos nicaragüenses, que ya estaban en el país bajo condición migratoria irregular, se aprovecharon de la coyuntura para plantear las solicitudes.
Las cifras de 2018 son inéditas, pues distan mucho de los 78 casos de nicaragüenses que pidieron refugio en todo el 2017.
"Alrededor de 30 mil solicitudes de refugio (incluidas las de los nicaragüenses) están en proceso de ser resueltas. La Unidad de Refugio, desde finales del 2018, cuenta con la ayuda de 15 abogados contratados por Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), estos realizan las entrevistas de elegibilidad que se le debe efectuar a cada solicitante de refugio", explicó la DGME.
Posterior a este trámite, re realiza la entrevista y se completa el expediente del solicitante. El cual , luego, es llevado a la Comisión de Visas y Refugio para su respectivo estudio. A partir de ahí hay 2 caminos: la aprobación o el rechazo.
Casos similares
Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), fue el primer ciudadano de ese país en recibir estatus de asilo político aquí como víctima de persecución política en Nicaragua.
Leiva recibió el aval en octubre del año pasado tras una gestión del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MREC).
La institución del asilo político, una figura diferente al refugio, se encuentra consagrada en el Artículo 31 de la Constitución Política de Costa Rica.
La Sala Constitucional señaló que se trata de un principio jurídico de rango superior que se manifiesta en actos humanitarios de solidaridad. Por eso, la concesión o denegatoria de esta figura es un acto de Gobierno, "dictado en pleno ejercicio de la soberanía del Estado costarricense, por lo que corresponde al Poder Ejecutivo la valoración de los hechos y las razones que aduce el solicitante con motivo de persecución, al igual que el análisis de las pruebas".
El asilo político es una protección especial para personas que pertenecen al rango diplomático o han participado en movimientos políticos en su país de origen.
Rafael Solís Cerda, exjuez de la Corte Suprema de Nicaragua, y Carlos Fernando Chamorro, periodista y director del diario independiente El Confidencial, se trasladaron a Costa Rica en los últimos días en virtud del descontento manifiesto con el gobierno de los Ortega.