Crisis en Crucitas le cuesta $1 millón al mes al Ministerio de Seguridad
Un millón de dólares mensuales (¢500 millones al mes) es el costo que asume el Ministerio de Seguridad Pública por el operativo desplegado en medio de la crisis en Crucitas de Cutris, en San Carlos, tras la extracción de oro por parte de mineros ilegales.
Así lo afirmó el ministro de Seguridad, Mario Zamora, este lunes durante una audiencia ante el Plenario Legislativo.
El jerarca detalló que, a la fecha, se han destruido 114 túneles ilegales, implosionados con dinamita, utilizados por coligalleros para movilizar y extraer oro. Indicó que se trata de una labor constante que incluye la detención de personas, el decomiso de plantas eléctricas, tómbolas, mercurio y cianuro, así como la intervención de cuarterías y puntos logísticos empleados para la extracción ilegal.
"El costo de la operación para el Ministerio de Seguridad Pública representa un gasto mensual de un millón de dólares, es decir, cerca de 500 millones de colones del presupuesto institucional", señaló el ministro.
En total, 200 efectivos están asignados a este operativo en la zona fronteriza.
Zamora solicitó una audiencia urgente ante los diputados para exponer la situación actual del asentamiento minero, espacio que se desarrolla mediante un debate reglado en el recinto parlamentario.
Proyecto sobre minería en Crucitas
La audiencia del ministro se da en momentos en que el Congreso tramita un proyecto de ley para regular la minería metálica a cielo abierto en Cutris de San Carlos.
El pasado 10 de setiembre de 2025, los diputados de la Comisión de Alajuela dictaminaron afirmativamente, con ocho votos a favor y uno en contra, el expediente 24.717, titulado "Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos".
La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo, plantea una reforma parcial al Código de Minería, vigente desde 1982, y propone que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) otorgue concesiones mediante subastas públicas.
Según el texto, la medida busca combatir la extracción ilegal de oro que durante años ha afectado la zona.
Votaron a favor los diputados José Pablo Sibaja y Olga Morera (Nueva República); Monserrat Ruiz y José Joaquín Hernández (PLN); Leslye Bojorges (PUSC); Jorge Antonio Rojas (oficialismo), y los independientes María Marta Padilla y Luis Diego Vargas. En contra votó únicamente Priscilla Vindas, del Frente Amplio.
La iniciativa está lista para discutirse en primer debate en el Plenario Legislativo y sería uno de los proyectos que el gobierno de la presidenta electa Laura Fernández impulsaría en sesiones extraordinarias a partir de mayo próximo.