Crimen organizado “compra conciencias” en la función pública: 14 empleados detenidos
Presidente de Corte reconoce necesidad de revisar sistema de reclutamiento: miembros de bandan han intentado ser contratados
El caso Topo, el caso Madre Patria y tres arrestos más han dejado como resultado la detención de al menos 14 funcionarios del Poder Judicial durante las últimas dos semanas: desde técnicos y administrativos hasta fiscales y jueces de la República aparentemente implicados en casos de corrupción o droga.
Pese a los recientes casos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, niega la existencia de una crisis sistemática de corrupción dentro de la administración de justicia, sino que considera son casos alejados.
A mí me provoca mucha tristeza cuando en estos señalamientos que el mismo Poder Judicial realiza, vemos involucrados funcionarios. Es importante recalcar que nosotros estamos comprometidos con la probidad y estaremos implacables en la investigación y persecución de cualquier hecho indebido.
Consultado por CRHoy.com, el magistrado reconoció que la situación actual obliga al Poder Judicial a poner bajo examen el sistema de reclutamiento para evitar que ingrese ‘recurso humano contaminado' que posteriormente incurra en delitos o acciones prohibidas.
Ser más exigentes en la fase de reclusión del recurso humano. Para ingresar al Poder Judicial, las personas deben ser investigadas en lo que refiere a su vida y constumbres. Lo hacemos con mucho más rigor en la judicatura, (…) Ya lo hacemos, pero obviamente puede también pasarse todas esas barreras, no hay nada infalible, caso en el cual tenemos que proceder con el sistema disciplinario.
¿Comprados o coaccionados?
De acuerdo con Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial, el denominador común en todos los casos es la ‘compra de consciencia': es decir, grupos criminales intentan de alguna forma obtener información privilegiada de causas en procesos, que les sirva o convenga para mantener la actividad delictiva.
Todavía el OIJ no ha encontrado casos donde exista algún tipo de intimidación o señalamiento similar, para que bajo coacción los funcionarios entregan información sensible.
Cuando recordamos casos tan importantes como "Cochinilla", habían también otras motivaciones no solo económicas sino también sexuales que facilitaban estos grupos criminales. No solamente es el dinero lo que le motiva a la persona para caer en la corrupción.
Año con año, se registran más de 100 funcionarios de todo el sector público que son implicados en casos de posible corrupción, algunos más mediáticos que otros. Los que ocurren más seguido son los actos indebidos asociados a figuras policiales y algún tipo de abuso.
Lo más usual son situaciones de detención o imputación por acciones funcionales. A esto me refiero que a una persona dentro de su actuación la denuncian por algún hecho de corrupción: por ejemplo, un policía que lo denuncian por agresión.
Zúñiga ha sido insistente en que una serie de reformas legales han acelerado el éxodo de funcionarios, principalmente del OIJ, hacia bufetes de abogados o empresas privadas que requieren de personal con un perfil de capacitación muy alto, como salen del Organismo.
Hay un claro problema en la actualidad de retención de personal con mucho conocimiento de campo, que lo estamos perdiendo por dos leyes muy puntuales: la Ley de Finanzas Públicas y Marco de Empleo Público.
Son pocos los excompañeros de OIJ que se van a la acera del frente, es decir, a trabajar con bufetes corporativos que defienden a personas vinculadas con grupos criminales. La mayoría se van a empresas privadas, porque es un recurso humano altamente calificado y es muy cotizado.
Investigaciones secretas
El involucramiento de funcionarios judiciales obligó al Ministerio Público a emplear tácticas completamente diversas para evitar que se fugara la información y que el caso no fuera visualizado por personas que vinieran a consultar.
En ocasiones como el más reciente megacaso de corrupción y fraudes ‘Madre Patria', los fiscales manejan los expedientes de forma secreta y hasta entregando las solicitudes en las manos a los jueces, para reducir la fuga de datos. Así lo detalló el fiscal general, Carlo Díaz.
Para que las personas involucradas en esta investigación no se alertaran tuvimos que manejar algunas estrategias, para que no se revelara a terceras personas esa información de que estábamos investigando este caso y que no era simplemente 24 casos aislados. Parte de ese secreto que mantuvimos es lo que logra visualizar que al menos 4 funcionarios consultaron si existía específicamente una causa al respecto.
Funcionarios capturados: el recuento
Venta de droga en el Puerto
Funcionario de Tribunales de Puntarenas 1.5 kg de coca por millón y medio a policía encubierto y ofrecía vender expedientes judiciales, según Fiscalía. Fotos: Ministerio Público.
El primer funcionario cayó el sábado 15 de junio: fue un administrativo de los Tribunales de Puntarenas apellidos Mendoza Hidalgo, que vendió un kilogramo y medio de cocaína por un valor de ₡1.5 millones a un agente encubierto del OIJ. En apariencia, también ofreció vender expedientes judiciales, según confirmó el fiscal adjunto Mauricio Boraschi a CRHoy.
Pese a ser descubierto en el acto, cuando trató de escapar y chocó contra un carro de los investigadores, el sujeto fue liberado y regresó a trabajar. El Juzgado Penal local no aceptó la petición de medidas cautelares y solo ordenó monitoreo electrónico. Días después, la Inspección Judicial (órgano disciplinario) consiguió la suspensión sin goce salarial por tres meses.
Expediente disciplinario: 24-002023-31-DI
Almacenamiento de droga en el Caribe
Juez de Tribunales de Limón detenido por supuesto almacenamiento de drogas.
El jueves 20 de junio, agentes del OIJ arrestaron a un Juez del Juzgado Penal de Limón por supuestamente almacenar droga dentro de su casa. En cuatro allanamientos ejecutados por los agentes, encontraron marihuana, una pipa, una computadora, celulares y papelería con el membrete del Poder Judicial.
Los operativos se realizaron en la sede judicial, así como en tres en propiedades ubicadas en Guácimo, Limón y Talamanca. Propiamente en las comunidades de Siglo XXI, Limón Centro y Bribrí. Contra él ya existía un proceso abierto en la Inspección Judicial y la investigación está en curso
Causa penal: 24-001028-0063-PE | Expediente disciplinario: 24-002024-31-DI
Caso Topo: La Unión de Cartago
OIJ arrestó 3 fiscales y 3 jueces que ayudaban a defensor de bandas criminales. Fotos: OIJ.
Este es uno de los recientes casos más relevantes: tres jueces de la República y tres fiscales fueron capturados el viernes 21 de junio como sospechosos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y otros delitos, al supuestamente ayudar a un defensor asesinado cuando le brindaban datos sobre causas penales.
Presuntamente, colaboraron con un exjuez de apellidos Ulloa Rodríguez asesinado el 27 de febrero anterior y que se encargaba de defender a bandas criminales en La Unión de Cartago y alrededores. Él trabajó años atrás en el Juzgado local y previo a su muerte, aprovechaba la relación de amistad y relación con varios funcionarios judiciales en activo, para recibir datos de sobre casos penales que él llevaba.
Cinco de los funcionarios arrestados quedaron en libertad y una de ellas incluso podrá regresar a su cargo: solamente uno está en prisión preventiva.
Únicamente un juez de apellido Sánchez descontará prisión preventiva pero un breve plazo: un mes. Las fiscales de apellido Kikut y Ulloa, así como el fiscal apellido Darcia y el juez de apellido Cabezas, fueron suspendidos de su puesto, pero no irán a prisión.
A ellos se les obligó a no acercarse a los despachos judiciales investigados, no acercarse a testigos de la causa, no salir del país, firmar una vez al mes ante la Fiscalía de Probidad y mantener domicilio fijo. La jueza de apellido Padilla será sometida a estas medidas cautelares, excepto que ella sí podrá volver a trabajar.
Causa penal: 24-000085-1218-PE | Expediente disciplinario: 24-001945-31-DI
Funcionario cobró comisión
Un funcionario judicial de apellidos Lara Coronado fue detenido el pasado lunes 24 de junio, por el presunto delito de concusión. La orden fue dada por la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, sede Puntarenas.
Aparentemente, el hombre se aprovechó de su cargo y cobró una comisión para la tramitación de uno de los expedientes que se gestionan en ese despacho judicial. El hombre labora como técnico judicial del Juzgado de Cobro porteño.
Causa penal: 24-000015-0877-PE | Expediente disciplinario: 24-002084-31-DI
Caso Madre Patria
Caso Madre Patria dejó al menos 35 personas detenidas. Fotos: OIJ.
Un caso también de mucha relevancia, que involucra al menos a 6 trabajadores en activo y exfuncionarios del Poder Judicial con una banda presuntamente dedicada a fraudes registrales, corrupción y lavado de dinero.
Un juez de apellido Venegas Marín figura como uno de los imputados de mayor perfil dentro de la causa. Él labora en el Juzgado Penal de Desamparados y tiene 24 años de ser funcionario judicial. La investigación apunta a que su rol dentro de la banda era asesorarlos sobre trámites judiciales: aparentemente revisaba los documentos para asegurarse que tuvieran todos los requerimientos legales para un proceso expedito.
Este funcionario judicial también es inculpado porque en apariencia, facilitaba empresas privadas como outlets o transporte de mercancías hacia puertos, con el objetivo de legitimar las ganancias generadas con los fraudes.
CRHoy.com reveló este martes que Venegas Marín fue sancionado con 25 días sin goce salarial por parte de la Contraloría General de la República, tras omitir en su declaración jurada de bienes, que participaba en cuatro sociedades anónimas con fines comerciales entre 2014 y 2022.
En dichas sociedades anónimas, el juez ostentaba cargos como: secretario, fiscal o presidente. La Contraloría también señaló al funcionario de omitir "forma reiterada" la información requerida sobre las operaciones bancarias en las que se constituyó como fiador en los períodos comprendidos entre 2018 y 2022.
Adicionalmente, hay un técnico de Archivo Criminal implicado porque en apariencia, consultaba en los sistemas del OIJ con el número de la causa penal para confirmar si estaba en indagaciones o no. Un exfuncionario técnico más de la Defensa Pública mantenía prácticas similares.
La lista de trabajadores judiciales activos la cierra una técnica del Juzgado de La Unión, que justamente fue allanado el pasado viernes, en el cual se detuvo al juez apellido Sánchez que trabaja con ella, por otro caso aparte de presunta corrupción. Él permanece en prisión preventiva por un mes.
De los que ya no trabajan en el Poder Judicial, se detuvo a un exjuez que se jubiló hace cinco años y el otro era investigador del OIJ, que renunció hace poco más de un año.
Causa penal: 22-005018-0042-PE | Expediente disciplinario: 24-002093-031-DI