(CRHoy.com) -El proyecto de ley del Gobierno para recoger los superávits de instituciones autónomas y otras dependencias y destinar esos recursos a la emergencia ocasionada por el COVID-19 genera más dudas entre diputados.

Las inquietudes entre fracciones de oposición crecieron después de una advertencia que hizo la Contraloría General de la República (CGR) comunicada el pasado 3 de abril a los legisladores.

El ente fiscalizador concluyó que los superávits que pretende usar el Poder Ejecutivo -inicialmente para el pago de deuda pública y luego para la emergencia- corresponden en una parte a saldos por cobrar que tienen las instituciones públicas con el Gobierno y no necesariamente son recursos líquidos disponibles.

"La presente iniciativa asciende a un total de aproximadamente el 1% de la deuda; no obstante, parte de ese total corresponde a pasivos de caja única, es decir, son saldos por cobrar que tienen las instituciones al Gobierno Central, por lo que no necesariamente representan recursos líquidos disponibles en forma inmediata susceptibles de ser aplicados al propósito establecido en el artículo 19 del proyecto, el cual es el pago del servicio de la deuda, ni tampoco en el financiamiento directo de gastos que producto de la emergencia sanitaria requieran pagos en efectivo", indica el informe de la División de Fiscalización Operativa de la GCR.

La entidad fiscalizadora también determinó que algunas de las instituciones que deberían trasladar esos recursos al Ministerio de Hacienda se verían afectadas en sus ingresos a causa de la pandemia del nuevo coronavirus.

Iniciativa errada

Según la diputada Silvia Hernández, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), la Contraloría "advierte, de manera técnica, precisa y oportuna, que la expectativa del superávit que el Gobierno consideró como recursos ociosos en algunas instituciones, y a los cuáles se podía echar mano para paliar la crisis sanitaria y la crisis socio-económica, no están líquidos y solo están contablemente diferenciados como recursos sin utilizar de años previos (superávit)".

Por ello, según explicó, el PLN, a través de la legisladora Ana Lucía Delgado, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, hizo gestiones a las entidades involucradas en la iniciativa para que informaran su criterio sobre el proyecto.

Los jerarcas de 8 de las 11 instituciones consultadas avalaron la decisión, el monto y el propósito de su uso, mediante oficios a la Asamblea Legislativa.

"Sin embargo, la CGR nos alerta, previo a tomar la decisión, que dichos recursos tienen compromisos de diferente naturaleza (…)  Es decir, no sólo el proyecto de ley estuvo errado desde el principio, sino que las respuestas de las instituciones que expresaron un consentimiento no informado sobre la disponibilidad de esos recursos", dijo Hernández.

Añadió que el Ejecutivo tendrá que coordinar con las instituciones autónomas y desconcentradas para hacer transparente la información sobre el superávit libre efectivo.

"Esto, con el fin de utilizar lo que si es posible utilizar para atender la crisis. Ahora lo tendrá que hacer rápido y bien, porque la decisión urge", concluyó.

El legislador Pedro Muñoz, cojefe de la bancada legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), manifestó que de nuevo se nota la falta de seriedad por parte de Hacienda.

"El proyecto 'Pagar' parece estar lleno de ocurrencias. Uno esperaría que el Ministro de Hacienda esté enterado de cuáles entidades tienen recursos líquidos en sus superávits y cuáles no, y básicamente esa es la advertencia que hace la CGR, muchas de esas entidades lo que tienen contabilizado como superávit son saldos por cobrar al Gobierno Central", sostuvo.

Recordó que los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) no serían para financiar déficit y que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) indicó que no puede transferir recursos para no afectar al sector turismo. Ambas entidades fueron incluidas en la propuesta del Gobierno.

"Falta una visión de conjunto integral y un plan de ajuste parejo y justo", reiteró Muñoz.

Pierde apoyo

Mientras, el diputado Eduardo Cruickshank, jefe de fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), sostuvo que si no existe liquidez, su agrupación no votará a favor de la iniciativa.

"Apoyaríamos donde tengamos la certeza que exista la liquidez (…) Pero si no existe liquidez, no podemos apoyar papeles. Donde no hay recursos líquidos disponibles, tenga la plena seguridad que nosotros no lo apoyaríamos", declaró.

El congresista independiente Erick Rodríguez, por su parte, manifestó su preocupación e insistió que el Gobierno carece de una estrategia frente a la Asamblea Legislativa.

"Ha habido un Gobierno irresponsable (…) Es un Gobierno que nos ha endeudado. Me parece que la Asamblea Legislativa debería tener un reposo importante y que el Poder Ejecutivo haga lo que pueda con decretos ejecutivos que no sean ilegales o inconstitucionales", expresó.

Rodríguez insistió en que no existe liquidez para llevar adelante el plan del Ejecutivo.

"¿Qué quieren? ¿Crear inflación como en Venezuela o como la que tuvimos en los 80? ¿No aprendieron de eso?", cuestionó el legislador.

Con la iniciativa, Hacienda espera recoger un total de ₡226.145 millones de los superávits de varias instituciones.

Las entidades involucradas en el proyecto son el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), ICT, Junta de Protección Social (JPS), Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), Junta Administrativa del Registro Nacional, Imprenta Nacional y Fondo del Consejo de Salud Ocupacional.

Además, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) debería trasladar a Hacienda el dinero que resulte de la liquidación total de la Sociedad Reconstructora Chino-Costarricense (Soresco).