Costa Rica deja de ser la excepción regional en libertad de prensa, advierte informe
Informe advierte que confrontación con la prensa evolucionó hacia formas más complejas de presión institucional durante el periodo 2024-2025
Costa Rica, históricamente considerada una excepción regional en materia de libertad de prensa, muestra señales cada vez más claras de convergencia con los mecanismos de presión y estigmatización contra periodistas observados en otros países de Centroamérica.
Así lo concluye el IV Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión y el Periodismo en Centroamérica 2025, elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica y la Fundación Heinrich Böll Centroamérica, el cual advierte que la confrontación del Poder Ejecutivo con la prensa "se consolida" y evoluciona hacia formas más complejas de presión institucional.
"La persistencia de estos elementos posibilitan afirmar que el país presenta señales cada vez más claras de convergencia con los patrones de presión y estigmatización contra la prensa observados en los otros países de la región", señala el informe.
El estudio sostiene que, entre octubre de 2024 y octubre de 2025, se produjo un cambio relevante en el caso costarricense. Aunque persiste el estilo confrontativo del entonces presidente Rodrigo Chaves hacia la prensa, las presiones identificadas trascienden la estigmatización discursiva y se manifiestan mediante instrumentos legales y administrativos.
Entre los principales hechos analizados figuran el retiro de pauta publicitaria estatal al programa El Chinamo -de Teletica Canal 7- tras la difusión de contenidos satíricos sobre el Gobierno, los cuestionamientos sobre el eventual uso político de la subasta de frecuencias del espectro radioeléctrico y el señalamiento público de actores críticos desde espacios oficiales.
El informe agrega que este patrón de confrontación también se ha extendido hacia otras instituciones que forman parte del sistema de contrapesos democráticos, como el Tribunal Supremo de Elecciones, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial.
No obstante, los investigadores destacan que Costa Rica mantiene diferencias importantes respecto a otros países centroamericanos. El país conserva un marco normativo garantista y un diseño institucional con grados relevantes de independencia que han permitido contener o revertir algunas de las acciones consideradas más lesivas para la libertad de prensa.
En ese sentido, el estudio destaca el papel desempeñado por la Sala Constitucional, la cual durante el periodo analizado condenó actuaciones como el uso político de la pauta estatal como mecanismo de censura indirecta y la obstaculización del trabajo periodístico en conferencias de prensa.
Sin embargo, advierte que esa capacidad de contención institucional también enfrenta presiones políticas. "Esta capacidad de contención, sin embargo, está siendo erosionada por los ataques reiterados del presidente y de su movimiento político y, al momento de elaboración de este informe, se encuentra abiertamente cuestionada en el contexto del proceso electoral", agrega.
El informe identifica dos grandes desafíos para Costa Rica en el periodo 2025-2026. El primero es si la presidenta Laura Fernández Delgado mantendrá la estrategia de confrontación con la prensa y otras instituciones de control o si reducirá el tono del enfrentamiento político.
El segundo se relaciona con el proceso de subasta de frecuencias del espectro radioeléctrico, que ha sido objeto de críticas por la baja participación de empresas interesadas y el riesgo de una eventual reducción del pluralismo informativo producto de los elevados costos establecidos para participar.
A nivel regional, el informe concluye que el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo constituye una tendencia sostenida en Centroamérica caracterizada por persecución judicial, ataques digitales, autocensura, hostigamiento institucional y mecanismos de asfixia económica contra medios de comunicación.
Para los investigadores, Costa Rica aún mantiene instituciones capaces de contener algunas de esas amenazas. No obstante, advierten que las señales de convergencia con los patrones regionales de presión contra la prensa constituyen una alerta sobre la calidad del debate democrático y las garantías para el ejercicio del periodismo independiente en el país.