Cosevi deberá indemnizar a consorcio por fallido plan de cámaras viales
Racsa e ICE figuran entre grupo empresarial que resultó adjudicado
El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) deberá pagar una indemnización al consorcio Gestión Tecnológica ITS por la rescisión contractual del millonario proyecto que iba a sancionar imprudencias en carretera a través de cámaras.
La agrupación empresarial que se adjudicó el proyecto en 2020 está conformada por la estatal Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), la tica Lanprosa S. A. y la sueca Sensys Gatso.
A inicios de diciembre de 2023, la junta directiva del Cosevi tomó la determinación de rescindir el contrato para el proyecto denominado Sistema Integrado para el Control de la Movilidad (Sicom), cuya inversión era cercana a los $54 millones.
Cindy Coto, directora ejecutiva de la entidad, confirmó que se tendrá que pagar por la rescisión. El monto aún no está definido, pero la cifra podría ser millonaria tomando en cuenta el monto contractual.
El Sicom estaba pactado para ejecutarse entre 2020 y 2021, pero las limitaciones en trámites presupuestarios, derivadas del coronavirus COVID-19, provocaron que el plan se quedara atascado.
Laa decisión de rescindir el contrato entre el Cosevi y el consorcio se sustenta en asuntos presupuestarios. "Se rescindió porque no había contenido presupuestario. Era un proyecto muy grande y cuando se hizo era porque había superávit y ya con la reforma de la ley, el Cosevi no tiene los superávits. Entonces, es imposible con el flujo presupuestario pagarlo. Se rescindió y hasta se sacó la resolución con el monto que hay que pagarles a ellos (al consorcio Gestión Tecnológica ITS)", dijo Coto, en diciembre pasado.
¿Por qué sucede esto? Antes de entrar a lo que era la Ley de Presupuesto, el Cosevi mantenía saldos acumulados de años anteriores. Lo que se hacía era que el año siguiente se presupuestaban esos recursos y se atendían necesidades institucionales.
Con la incorporación de Cosevi a la ley de presupuesto, en atención a la Ley 9524, los superávits acumulados de los órganos desconcentrados del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deben ser devueltos al fondo general de gobierno.
Entonces, lo que hace el Ministerio de Hacienda es que lo que queda en cuentas a final de año, lo recupera esa cartera y al siguiente vuelven a asignar recursos.
Entre 202 y 2021, el consorcio Gestión Tecnológica ITS planteó un recurso de amparo contra el Cosevi por dejar sin contenido presupuestario el contrato administrativo, pero fue rechazado de plano.
"El tema no es que lo hemos dejado. La vigilancia automatizada es un tema en el que hay que trabajar porque es la forma de fortalecer la Policía de Tránsito. No lo hemos dejado. Estamos trabajando y buscando la forma para sacarlo (…) Lo vamos a sacar, pero estamos viendo cuál es la forma", insistió Coto.
Este medio supo que el consorcio ya está enterado de la rescisión contractual unilateral decidida por el Cosevi. No obstante, estaban a expensas de conocer el mecanismo con el que la Administración les reconocerá el monto indemnizatorio que se definirá.
El Sicom pretendía ir más allá que un sistema de monitoreo y sanción a través de cámaras en carretera. Permitiría aplicar la foto-multa, pero también otras acciones remotas para el control vial: control de carril exclusivo para buses, video-vigilancia con un centro de analítica, sistemas de control de velocidad, irrespeto a semáforos en rojo, control e irrespeto a la restricción vehicular, control de piques, generación de foto-multas y control de virajes no permitidos, entre otras acciones
Este sistema contemplaba la instalación de 100 equipos en distintos puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM), principalmente en la ruta de Circunvalación y en las zonas más transitadas de la capital.
Los dispositivos serían monitoreados desde un centro que se construiría en Cosevi, en La Uruca, y que compartirá la información con otros cuerpos policiales e instituciones. En una segunda fase, se preveía la inclusión de las municipalidades del Valle Central.
Ante la incertidumbre con el proyecto, Edwin Herrera, entonces director ejecutivo del consejo, reconoció en 2021 que existían riesgos con el adjudicatario y estaban a expensas de la existencia de eventuales reclamos legales al no poder ejecutar el contrato firmado.
Los recursos provenían del fondo libre del Cosevi y la normativa señalaba que se debían usar en proyectos de seguridad vial.