Corte recomienda mejoras a proyecto para castigar más duramente la crueldad animal

El proyecto de ley que pretende aumentar los castigos por muerte, maltratos y actos crueles contra animales, tramitado en la Asamblea Legislativa, no afecta el funcionamiento y organización del Poder Judicial, según lo determinó la Corte Plena este lunes.

Esto, tras conocer un informe presentado por la magistrada Patricia Vargas, de la Sala de Casación Penal. Además, el proyecto de ley estudiado pretende prohibir o inhabilitar a las personas que son castigadas por estos actos, para que no puedan volver a tener animales.

Pese a establecer que no influye, sí se realizaron una serie de advertencias como que el proyecto de ley no contempla medidas para prevenir este tipo de conductas, y que tampoco se ha demostrado que elevar las penas permitan disminuir la cantidad de un delito, sino lo contrario.

"En cuanto a la inhabilitación, se le hace ver a la Asamblea Legislativa que sería necesario puntualizar quién estaría a cargo de controlar una inhabilitación con semejantes características, y que evidentemente, no sería resorte del Poder Judicial", indicó la magistrada.

El proyecto plantea castigos más fuertes por las agresiones contra animales. Por ejemplo, la crueldad animal pasaría de entre 3 meses y un año, a penas de hasta tres años de cárcel, por conductas como causar daños a animales domésticos, actos sexuales contra ellos y la vivisección. 

Mientras que actualmente la ley establece una pena máxima de 2 años de cárcel por la muerte dolosa de un animal, el proyecto plantea imponer hasta 5 años de prisión.

Propiciar, organizar y ejecutar las peleas entre animales pasarían de ser sancionadas con tres meses a un año de prisión, con penalizaciones de entre un año y tres años.

Las multas por lesiones injustificadas y el abandono de animales domésticos, se dejaría de sancionar con 20-50 días de multa, sino que aumentaría hasta 100 días de multa.

El proyecto de ley incluye un nuevo castigo a quien produzca o comercialice alimentos, preservantes y similares destinadas al consumo animal, cuando estos se encuentren falsificados, alterados o dañados, y su consumo represente un peligro para la vida, la salud o la integridad física de los animales. Esto será sancionado con 100 a 150 días multa.

Eso sí, según el informe aprobado por Corte Plena, para determinar estos delitos se requerirían pericias adicionales llevadas a cabo por medicatura forense, que aunque no afecta funcionamiento del OIJ a grande escala, sí le añadiría carga de trabajo.