Corte estudiará todo el proceso penal y propondrá nuevo Código en 10 meses

La Corte Suprema de Justicia realizará un estudio integral del Código Procesal Penal, la normativa que regula la forma en que se tramitan las investigaciones, los juicios y las demás etapas de los procesos por delitos como homicidios, narcotráfico, robos y corrupción.

El objetivo es determinar si resulta necesario reestructurar la legislación por completo o identificar cuáles reformas permitirían agilizar y mejorar la atención de los casos.

Se tratará de un análisis exhaustivo en el que se evaluará qué aspectos del sistema funcionan adecuadamente, cuáles requieren modificaciones y cómo se compara el modelo costarricense con el utilizado en otros países del continente, como Chile y Estados Unidos, así como con diversos sistemas europeos.

El estudio estará a cargo del magistrado Gerardo Rubén Alfaro y, una vez concluido el diagnóstico, en un plazo de aproximadamente 10 meses o menos, se definirá si se impulsa una reforma integral del Código o únicamente modificaciones puntuales, como las que el Poder Judicial ya ha planteado mediante proyectos de ley.

El Código Procesal Penal se encuentra próximo a cumplir 30 años de vigencia, pues rige desde 1998. Aunque ha sido objeto de múltiples reformas, en la Corte consideran necesario evaluar si responde a los desafíos actuales derivados del crecimiento del crimen organizado, la ciberdelincuencia, la delincuencia transnacional y la creciente complejidad para investigar y demostrar determinados delitos.

La iniciativa pretende generar un sustento técnico sólido que permita presentar posteriormente a la Asamblea Legislativa un conjunto de propuestas para fortalecer la administración de justicia.

Como parte del proceso se consultará a la Fiscalía, el OIJ, la Defensa Pública, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, universidades, asociaciones de víctimas y otras instituciones vinculadas con el sistema de justicia.

La primera etapa consistirá en un diagnóstico de los principales problemas del proceso penal vigente, entre ellos la duración de los procesos, el manejo de la prueba, los recursos de apelación, la protección de víctimas y testigos y la carga laboral de los operadores judiciales. Esta fase se desarrollará durante dos meses.

Posteriormente, durante un mes, se estudiarán experiencias de países como Colombia, Uruguay, Alemania, Finlandia y Noruega para identificar cuáles prácticas podrían adaptarse al contexto costarricense.

La siguiente fase estará enfocada en el diseño del modelo procesal que se pretende implementar en Costa Rica. En ella se definirán aspectos como el papel de los jueces, el grado de oralidad de los procesos, la conveniencia de establecer procedimientos diferenciados según el tipo de delincuencia y otros elementos que integrarían la eventual reforma.

Concluido ese análisis, la Sala de Casación Penal redactará un anteproyecto de ley para un nuevo Código Procesal Penal, labor que tomaría alrededor de dos meses. Finalmente, se convocarán mesas nacionales de trabajo para recibir observaciones y perfeccionar la propuesta antes de su eventual presentación.

Paralelamente, la Sala de Casación Penal continuará impulsando reformas parciales con el fin de mejorar de manera más inmediata la respuesta del Poder Judicial frente al aumento de la criminalidad.

Asimismo, mantiene la expectativa de que los proyectos ya presentados sean aprobados por la Asamblea Legislativa, pues considera que pequeños cambios normativos podrían generar mejoras significativas en el funcionamiento del sistema penal.

"Se propone que el Poder Judicial asuma un liderazgo técnico e institucional en este proceso de transformación. No implica imponer un modelo, sino convocar al país a una discusión seria, sustentada en evidencia, experiencia comparada y conocimiento especializado", explicó Alfaro.

Por su parte, Fernando Cruz, magistrado constitucional y exfiscal general de la República, recordó que, más allá de las reformas legales, no puede perderse de vista la necesidad de incrementar los recursos destinados al Poder Judicial, ya que la demanda de servicios supera la capacidad instalada de la institución.

También insistió en la importancia de fortalecer la inversión en educación y otras políticas públicas orientadas a evitar que más personas sean captadas por el crimen organizado.

"Cuando un país se vuelve tan desigual, las reformas penales son importantes, pero no resuelven por sí solas el problema de la seguridad. Es muy difícil, porque se requiere equidad y el Estado social ha venido a menos", afirmó Cruz, quien además destacó que la iniciativa surge del propio Poder Judicial y no del Congreso ni del Gobierno.

Los magistrados enfatizaron que el análisis tendrá un carácter estrictamente jurídico. Sin embargo, reconocieron que cualquier transformación del sistema penal también requerirá mejoras tecnológicas y mayores recursos económicos para enfrentar la creciente saturación de expedientes.