Corte baja gasto en caro privilegio que carga al presupuesto
Pago de licencia pasó de costarles a los contribuyentes ¢7.162 millones en el 2014, a ¢2.484 millones en el 2019
(CRHoy.com).- Entre el 2014 y el 2019 el Poder Judicial redujo a la mitad la cantidad de días de licencia con goce de un 100% del salario para sus empleados que se incapacitan por enfermedad y maternidad.
Mientras en el 2014—cuando hubo un pico de incidencias de este tipo—otorgó licencias para ausentarse por 151.487 días a sus empleados enfermos, en el 2019 autorizó incapacidades por 76.098 días. En el 2014 el privilegio le costó a los contribuyentes ¢7.162 millones, cifra que se redujo en el 2019 a ¢2.484 millones.
Sin embargo, esta cifra aumentó un 14,7% entre el 2018 y el 2019. El año pasado, según la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, se pagaron ¢2.117 millones por 66.434 días de licencia con goce de salario completo por enfermedad. Durante los meses transcurridos del 2019 la cantidad de días aumentó a 76.098, 9.664 días más para un aumento de un 12,6% con respecto al 2018 completo.
Los empleados del Poder Judicial son los únicos en el país que reciben el cien por ciento del salario cuando se incapacitan, pues el resto de empleados de los sectores público y privado solo perciben un 60% de su sueldo cuando dejan de asistir a laborar por enfermedad.
Cuando un funcionario de esa institución obtiene la licencia, el Poder Judicial asume los primeros tres días de incapacidad. Pero después es la Caja la que paga el 60% del salario del empleado y la Corte asume el pago del restante 40% del sueldo, gasto que costea con su presupuesto institucional.
Ese 40% que debe asumir el Poder Judicial le costó, entre el 2016 y lo que va del 2019, ¢4.718 millones.
Lucha sin frutos
El beneficio para los empleados judiciales ha estado en la mira desde el 2012, pero ha logrado sobrevivir hasta ahora, incluso con el visto bueno de los propios magistrados.
En mayo de ese año, por considerarlo como un "privilegio exclusivo y excluyente" que crea una desigualdad entre los empleados judiciales y el resto de los servidores del sector público, la entonces contralora general de la República, Rocío Aguilar Montoya, presentó una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 42, 43 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La excontralora y exministra de Hacienda también recurrió el Reglamento para el pago de incapacidades por enfermedad y maternidad a empleados del Poder Judicial. No obstante, en diciembre del 2014 la Sala Constitucional votó en contra de la acción de Aguilar y le dio aire al privilegio para los empleados judiciales.
Posteriormente, Otton Solís, cuando fue diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) (2014-2018), presentó un proyecto de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar el beneficio. Aunque la propuesta fue dictaminada positivamente por una comisión legislativa en el 2017, todavía los diputados no la han sometido a votación en el plenario.
La historia de las licencias por enfermedad con 100% de salario para los empleados judiciales tiene un antes y un después del 1.º de setiembre del 2016 cuando se rompió el Convenio de Pago Indirecto de Incapacidades y Licencias entre el Poder Judicial y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Después de esa fecha, la Caja remite un archivo quincenalmente, con el detalle de los subsidios cancelados a las personas servidoras judiciales con el fin de que el Poder Judicial pueda retener los montos correspondientes por subsidio pagado por eso entidad.
"Se estableció un procedimiento para la retención del monto correspondiente al subsidio por incapacidad que la CCSS acredita a las personas servidoras judiciales (…) con el fin de que el Poder Judicial pueda recuperar los montos correspondientes por subsidio que haya cancelado en lugar de la Caja, por medio de deducción automática en la planilla siguiente o subsiguiente, hasta completar el monto por recuperar", indicó la Dirección de Gestión Humana.