Corte no decidió hoy si remite acusación penal contra Chaves para levantar inmunidad
Magistrados analizaron inhibitorias y excusas de magistrado, pero todavía no el contenido del informe sobre el expediente penal
El Tribunal de la Corte Suprema de Justicia no concluyó este lunes el trámite sobre la acusación penal presentada por la Fiscalía General contra el mandatario Rodrigo Chaves Robles, por el presunto delito de concusión en el caso BCIE–Bulgarelli.
La sesión se celebró de forma privada para examinar si la pieza acusatoria, presentada por el fiscal general Carlo Díaz, cumple con los requisitos legales y méritos penales necesarios para solicitar el levantamiento del fuero especial que protege al presidente, como integrante de los Supremos Poderes.
Levantar la inmunidad es una decisión que corresponde a los diputados, siguiendo el procedimiento legal. Sin embargo, este paso solo puede darse si la Corte autoriza que se continúe con la persecución penal y se remite el caso al Congreso.
Aunque el trámite ya dio inicio, en la sesión de este lunes únicamente se conocieron las inhibitorias de varios magistrados que consideraron tener motivos para excusarse de intervenir, con el fin de conformar el tribunal que decidirá si se remite la acusación al Congreso.
Esa etapa concluyó en la sesión matutina que finalizó alrededor del mediodía, según confirmaron CR Hoy fuentes cercanas a la Corte. Una vez conformado el tribunal, será en una próxima sesión cuando se examine el fondo de la acusación.
Según la tesis de la Fiscalía, presentada en la acusación, Chaves y Rodríguez habrían ejercido presiones para inducir a Christian Bulgarelli —empresario y productor audiovisual contratado por la Presidencia— a otorgar un beneficio patrimonial indebido, producto de dicha contratación, al coimputado Federico Cruz Saravanja, alias Choreco, asesor de la campaña electoral y amigo personal del presidente.
A Choreco se le benefició con $32 mil para la compra de una casa. En ese momento, el ministro Jorge Rodríguez Vives —quien fungía como jefe del despacho presidencial— posteriormente fue ministro de Comunicación y actualmente encabeza el Ministerio de Cultura.
Bulgarelli es el testigo principal en este caso, en el que se investiga la contratación que realizó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a la empresa del productor, para una consultoría en el desarrollo de productos de comunicación para Casa Presidencial.
La contratación se formalizó entre octubre de 2022 y octubre de 2023, por un monto de 400 mil dólares, financiado mediante una donación de la entidad internacional.
En unos audios incorporados como prueba, se escucha a Chaves pedir "cariñitos" y otros favores específicos orientados a mejorar su imagen, los cuales serían financiados con los fondos donados por el BCIE.
Además, según la acusación, antes del proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y realizaron varias reuniones en Casa Presidencial, en las que instruyeron a Bulgarelli para que él mismo redactara los términos de referencia de su contrato.
Chaves figura como imputado en la causa penal 25-000019-0033-PE, en la que se le atribuye el delito de concusión. También está incluido en el expediente 25-000044-0033-PE.
Proceso distinto
En causas penales contra miembros de los Supremos Poderes, corresponde a la Sala Tercera determinar si el hecho investigado constituye delito. Esta etapa forma parte del procedimiento formal.
Si se establece que existe un posible delito —como lo estima la Fiscalía—, la Corte debe definir si el caso se remite a la Asamblea Legislativa, para que sean los diputados quienes decidan si corresponde levantar el fuero a los acusados.
A diferencia de los procesos ordinarios, en estos casos no le corresponde a la Fiscalía tomar declaración al imputado. Esa función la asume un magistrado o magistrada instructora de la Corte Suprema de Justicia, una vez levantada la inmunidad.
Cuando la acusación es admitida por la Sala Tercera, los magistrados conforman un tribunal de Corte Plena, que analiza si el expediente cumple con todos los requisitos legales para ser enviado al Congreso.
De cumplirse esos requisitos, los magistrados deben remitir la acusación al Congreso. Ahí se inicia un nuevo procedimiento: se designa una comisión legislativa que emite una recomendación sobre si debe o no levantarse la inmunidad.
Finalmente, los diputados deben votar en el Plenario. Se requiere una mayoría calificada de 38 votos para levantar la inmunidad del presidente o de otros altos funcionarios.
Una vez aprobada la eliminación del fuero —si se concreta—, se notifica a la Corte, la cual debe nombrar un magistrado instructor encargado de conducir el proceso penal. Este incluye la indagatoria inicial y la recepción de pruebas, con el fin de determinar si corresponde llevar el caso a juicio.
En caso de que el proceso llegue a la etapa final, los magistrados de la Sala de Casación Penal actuarían como tribunal de juicio.