Corte aprobó 14 y solo negó 2 permisos a funcionarios judiciales para ir a gobierno de Chaves
El gobernante y su ministro de Justicia arremetieron contra la Corte por negar extensión de permiso
El mandatario Rodrigo Chaves Robles arremetió contra el Poder Judicial debido a que la Corte Suprema de Justicia no aprobó una prórroga al permiso sin goce salarial que tenía Gerald Campos Valverde para desempeñarse como ministro de Justicia.
Durante uno de los programas semanales televisados de la Presidencia, el jerarca anunció su renuncia al puesto de subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al no recibir el visto bueno de los magistrados para seguir en el gabinete sin perder su plaza en propiedad. Esto le asegura inmunidad por 13 meses más, pese a tener una acusación penal pendiente.
Tras el anuncio, Chaves cuestionó la determinación de los magistrados y recordó otras ocasiones, como en la administración pasada, cuando Michael Soto Rojas obtuvo el visto bueno para ser ministro de Seguridad por cuatro años.
"Yo no tengo la menor duda que esto es una sacadota de clavo, del cada día más desprestigiado Poder Judicial, especialmente su Corte Plena. Sobre todo lo que llama la atención es la hipocresía de estas personas.
Michael Soto sí, porque Carlos Alvarado les bajaba las orejas y nunca los desafió, a no pero don Gerald vuelve ya para volverlo a meter en el congelador donde lo tenían antes que viniera (a gobierno)", señaló Chaves, entre otras cosas.
Previamente, el propio Campos dijo que es la primera vez que se le niega un permiso a alguien del Poder Judicial para que asuma un cargo en el Poder Ejecutivo. Consultado por CR Hoy en Casa Presidencial, el ministro insistió en que con él se estaba haciendo una diferencia.
"Yo no encuentro algún argumento razonable y de peso para la decisión, más que un capricho, una venganza o una sacada de clavo. (…)
Hay un caso reciente de un exministro de Seguridad que ahorita tiene un puesto gerencial, ¿por qué a él no le aplicaron lo mismo?", manifestó el jerarca.
Pero, pese a estos señalamientos, tanto Chaves como Campos omiten decir que, a pesar de tener una acusación penal, los magistrados le han aprobado tres autorizaciones al ministro para estar en el gabinete actual.
Tampoco señalaron que la Corte ha otorgado un total de 14 permisos para que funcionarios judiciales vayan al Poder Ejecutivo a tener un rol importante, desde el 2022. A excepción de la negativa de esta semana, solo hay un antecedente de rechazo a una petición de estas.
La única ocasión previa en la que la Corte negó definitivamente una autorización a un funcionario judicial para cruzar de acera fue en julio del 2023, cuando improbaron un permiso sin goce de salario con el cual el fiscal adjunto de Pérez Zeledón, Édgar Ramírez Villalobos, pretendía asumir como presidente ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) tras la salida de Gloriana López Fuscaldo.
La máxima entidad de esa institución rechazó la primera petición y un recurso de reconsideración, pero en ninguno de los dos episodios se consiguió el mínimo de 17 votos de los altos jueces.
No obstante, en múltiples ocasiones los magistrados dieron el aval y extendieron los permisos a al menos seis personas diferentes. Inclusive, funcionarios cercanos a Campos y viceministros que lo acompañaron recibieron varias autorizaciones iguales. A continuación, el recuento.
Uno a Marta Eugenia Esquivel
Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, una de las figuras más cercanas a Rodrigo Chaves, era jueza del Juzgado de Trabajo de Goicoechea y también había sido magistrada suplente de la Sala Constitucional.
Previo a que comenzara el periodo actual, la exjuzgadora recibió el aval de la Corte Plena para asumir como ministra de Trabajo, el primer cargo que ostentó en la administración Chaves Robles. En total, recibió 20 votos a favor y dos en contra para su permiso sin goce salarial de un año.
No mucho tiempo después, tras la destitución de Álvaro Ramos Chaves, la exmagistrada decidió renunciar al Poder Judicial para hacerse cargo de la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pues no podía tramitar un nuevo permiso para ese otro cargo en el Poder Ejecutivo.
Tras el escándalo del caso Barrenador y su separación al figurar como sospechosa en una investigación penal, Rodrigo Chaves le otorgó la vacante de ministra de Planificación, dejada por Laura Fernández Delgado, quien pasó al Ministerio de la Presidencia para renunciar unas semanas después.
Dos al viceministro Manuel Jiménez Steller
Manuel Jiménez Steller, el viceministro de Unidades Especiales de Seguridad Pública (MSP) que ha estado envuelto en cuestionamientos por ejercer también como director del Servicio Nacional de Guardacostas sin cumplir los requisitos de ley y por sus decisiones al frente de ese cuerpo y la Policía de Control de Drogas (PCD), también es funcionario judicial de carrera.
Se desempeñaba como fiscal adjunto de Limón y, en mayo del 2023, recibió un primer permiso por parte de la Corte Suprema de Justicia para pasarse al gobierno. El lunes 13 de mayo del 2024 recibió una segunda autorización, luego de que los magistrados avalaron una prórroga.
El viceministro ha sido señalado en una serie de polémicas y señalamientos por las acciones que ha tomado, como el cierre de estaciones de Guardacostas en la Zona Sur del país y en Sixaola, así como por sus órdenes respecto al manejo de los grupos especiales encargados de perseguir el narcotráfico a través de ese mismo cuerpo policial.
Tres a Exleine Sánchez, exviceministro de Justicia
El exviceministro Exleine Sánchez Torres es otro de los funcionarios judiciales que han recibido autorizaciones de la Corte para asumir un cargo dentro del Poder Ejecutivo. En mayo del 2022, llegó el primer visto bueno de los magistrados para que él llegara al Ministerio de Justicia y Paz.
En marzo del 2023 y abril del 2024 recibió dos autorizaciones más tras ampliarse su permiso sin goce salarial, lo que le permitió no perder su puesto en el OIJ. Sin embargo, Sánchez fue despedido a mediados del año pasado, pese a ser un hombre de confianza de Gerald Campos.
Su remoción del cargo fue ordenada por el mandatario Rodrigo Chaves al día siguiente de que él se manifestó en contra de la idea del ministro de Justicia de utilizar carpas en los centros penitenciarios para albergar a privados de libertad ante la falta de infraestructura y la sobrepoblación en cárceles.
Tras la destitución, regresó a su cargo como jefe de delegación de la policía judicial.
Dos a Sergio Sevilla, ex viceministro de justicia
El fiscal auxiliar Sergio Sevilla Pérez consiguió, en mayo del 2022, un permiso sin goce de salario de la Corte Plena para asumir como viceministro de Justicia y acompañar a Gerald Campos en la cúpula del Ministerio de Justicia.
El funcionario del Ministerio Público tenía una causa penal abierta en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
En marzo del 2023, a Sevilla y a Campos se les negó una extensión en el permiso, pero tras un recurso de reconsideración, los magistrados cambiaron de criterio y finalmente avalaron la permanencia de ambos.
Sevilla duró pocos meses más en el gobierno chavista y renunció a su cargo el 7 de agosto del 2022.
Tres a Fernando Ramírez, director del ICD
Fernando Ramírez Serrano asumió como director general del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) hacia finales del 2022. Para aceptar el cargo y asegurar su continuidad, también ha necesitado la autorización de la máxima autoridad judicial, según lo dicta la ley.
En 2023 y 2024 le han avalado prórrogas, sumando ya tres avales en total. El ICD es un órgano adscrito directamente al Ministerio de la Presidencia y está encargado de acciones para prevenir el trasiego, la producción y la comercialización de drogas, así como la administración de bienes decomisados al crimen organizado.
Su jerarca es originalmente funcionario judicial desde 2011 y ha ostentado cargos como juez penal, letrado de la Sala Tercera de Casación Penal, juez coordinador y director del Centro Judicial de Intervención.