Corte alista discusión interna sobre empleo público y estructuras salariales
Piden tener listo plan ante inminente discusión de estos temas en Asamblea Legislativa
Ante inquietudes internas planteadas por algunos magistrados, la cúpula del Poder Judicial confirmó su anuencia a discutir una propuesta sobre cambios en la estructura salarial y la asignación de pluses dentro de la institución.
Fue la magistrada Nancy Hernández, de la Sala Constitucional, quien recientemente planteó ante la Corte Plena la necesidad de contar con un plan sobre empleo público o reformas institucionales ante las discusiones que se avecinan en la Asamblea Legislativa en torno a este tema.
Uno de los aspectos por los que el Poder Judicial considera que la actual reforma fiscal (expediente 20.580) los afecta tiene que ver directamente con los cambios en la estructura salarial. Entiéndase como variantes sobre pluses o incentivos.
De hecho, ese es uno de los puntos que la Corte Plena pidió a la Asamblea Legislativa corregir para evitar una "afectación" a la independencia judicial.
La actual reforma fiscal, aprobada en primer debate el pasado 5 de octubre y bajo discusión en la Sala Constitucional, reduce los porcentajes por dedicación exclusiva, por prohibición y por otros componentes salariales.
Eso, entre otros aspectos, según la mayoría de la Corte Plena, atentaría contra el funcionamiento de la entidad y haría menos atractiva la carrera judicial. Las eventuales reformas aplicarían principalmente para los nuevos funcionarios.
Según la magistrada Hernández, el Poder Judicial debe estar preparado para posibles escenarios donde la crisis financiera amenace la estabilidad institucional.
"Me ha parecido desde hace años que nosotros tenemos que tener alternativas en caso de que haya que usarse (…) Un 'escenario 1', 'un escenario 2' o un 'escenario 3'. Siento que ojalá no tengamos que usar escenarios de crisis mayor. Si eso llegara que estuviéramos claros en cuáles servicios nos vamos a enfocar", expuso la magistrada, durante la sesión de Corte Plena de este lunes 12 de noviembre.
Por ejemplo, Hernández explicó que la entidad debe cuestionarse las decisiones que se tomarían en torno a servicios no esenciales. Por ejemplo: cobros, notariado o tránsito.
La idea, como también lo acuerpó Iris Rocío Rojas (magistrada de la Sala Primera), radica en que el Poder Judicial tenga algún plan para el momento en que llegue la discusión legislativa.
¿Qué dice Presidencia de Corte?
Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, explicó que la discusión sobre el tema salarial "no es fácil" y "no es un asunto exclusivo de la cúpula". Debe contar con una participación activa de los gremios judiciales, pues para ellos "es un tema grueso".
Cruz recordó que desde hace varias semanas Fernando Castillo, magistrado de la Sala Constitución, está coordinando una comisión sobre este tema.
"No es un tema fácil. Me parece que en los medios se habla con una gran ligereza. La Corte tiene un sistema de 260 categorías salariales. De tal forma que no es con una facilidad que puedo hablar de esto (…) Los pluses tienen una naturaleza muy compleja y variada. Esa complejidad y esa multiplicidad no significan que no se puedan evaluar o determinar en qué consiste", dijo el jerarca.
Según el jerarca el tema de los pluses debe analizarse objetivamente, pues bajo su criterio "en el común de las personas el plus algo que viene de más y que no se merece".
"Eso es lo que la mayoría de las personas piensa (…) Que es un reconocimiento en abstracto y que no se merece. Eso hay que sentarse a evaluarlo (…)", apuntó el presidente.
Para agilizar la discusión en torno a este tema, Cruz consideró que la Corte Plena debe resolver con celeridad las propuestas de 10 comisiones internas sobre distintos temas. "Yo lo que sugeriría es que tengamos un espíritu constructivo para sacar las 10 cosas que nos quedan pendientes. De las cuales solo hemos aprobado una en 8 o 9 meses, para darle prioridad a este tema", finalizó.
Cabe destacar que para 2019, se presupuestaron ₡474.792,0 millones al Poder Judicial como presupuesto institucional. De esos fondos, el 96% (₡456.035,1 millones) lo consumirán las partidas de remuneraciones, servicios y bienes duraderos.
Del total presupuestado, unos ₡180.000 millones se destinarán al pago de pluses.