Correos aportados por Fiscalía ligan a funcionarios con millonario ajuste en favor de H.Solís
Fiscalía: Empleados de Conavi incrementaron presupuesto en ₡600 millones en favor de empresa
Allanamientos del OIJ en el Conavi el 14 de junio del 2021 por el caso Cochinilla. OIJ
Correos electrónicos intercambiados entre Elsie Carmona Rivas, funcionaria encargada de controlar la ejecución presupuestaria del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), y Priscilla Naranjo Vargas, jefa administrativa de proyectos en la constructora H.Solís, denotan la estrecha relación entre los empleados públicos y las autoridades de esa empresa para concretar una modificación presupuestaria que habría incrementado en ₡600 millones uno de los contratos de mantenimiento vial a cargo de esa compañía.
Las comunicaciones, contenidas en la acusación presentada por el Ministerio Público en el marco del caso "Cochnilla", ocurrieron entre abril y agosto de 2020.
Según la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), a cambio de dádivas y sobornos, Carmona Rivas y Carlos Solís Murillo, entonces gerente de Adquisiciones y Finanzas de Conavi, habrían intervenido en los trámites internos de la institución para favorecer el aumento presupuestario supuestamente procurado por Mélida Solís Vargas, propietaria de H.Solís, para la línea de conservación 6 (Región Chorotega y Pacífico Central) contenida en la licitación 2014LN-000018-0CV00.
La FAPTA sostiene que, por beneficiar a la constructora con la modificación presupuestaria, Carmona Rivas habría recibido dinero para comprar una computadora, a través de un tercero, en la Asociación Solidarista de Empleados de Conavi (Aseconavi). En el caso de Solís Murillo, habría acordado y recibido $9.000 como presunta dádiva por intervenir en el ajuste presupuestario.
Pese a que Solís Vargas habría pedido un aumento de ₡400 millones, el monto final del ajuste ascendió a ₡600 millones (₡200 millones más) y habría sido tomado de otras partidas presupuestarias para trabajos de mantenimiento vial en otras zonas del país.
Labores de conservación vial en una de las rutas nacionales. Archivo CRH/Conavi
¿Qué señalan los correos?
En la acusación, la fiscalía aportó extractos de algunos de los correos intercambiados entre Carmona Rivas y Naranjo Vargas (colaboradora administrativa de H.Solís y que habría actuado bajo las órdenes de Mélida Solís Vargas). Por ejemplo, el 14 de abril de 2020, a las 6:37 p.m., la funcionaria de Conavi le detalló a Naranjo información referente a la ejecución financiera dentro de la institución pública.
Tres días después de esa comunicación, el 17 de abril de 2020, a la 1:03 p.m., hubo una llamada telefónica entre Naranjo Vargas y Mélida Solís, en la cual la primera solicita autorización para, aparentemente, comprar una computadora para Carmona.
Los correos electrónicos comprenden parte de la prueba documental recopilada en los allanamientos realizados por este caso el 14 de junio de 2021. Mientras, las intervenciones telefónicas se efectuaron entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.
Una de las comunicaciones clave, aportadas por la FAPTA en la acusación, se registró el 25 de abril de 2020, a las 11:16 a.m., entre Mélida Solís y Carlos Solís Murillo, en la cual la empresaria le indica que requería la modificación presupuestaria por 400 millones, entre las líneas 2 y 8 (correspondientes a rutas de Alajuela y Puntarenas, respectivamente).
De estas comunicaciones se desprende, la relación existente entre la empresaria Solís Vargas y el gerente de adquisición y finanzas del Conavi, el acusado Carlos Solís Murillo, con quien coordinó los cambios presupuestarios que le convenían a su empresa H.Solís, lo cual significaba adecuar los movimientos de dinero en función de la petición particular, dentro de un proceso licitatorio público destinado a la conservación, mantenimiento y rehabilitación de vías nacionales. También, se denota la jerarquía existente entre Mélida Solís y Priscilla Naranjo, a quien la primera le ordena realizar determinados actos, puntualiza la acusación, presentada por la FAPTA a finales de abril de este año.
En ese mismo sentido, el 18 de junio de 2020, a las 10:56 a.m., hubo una comunicación vía correo electrónico entre Carmona y Naranjo, en el cual la funcionaria de Conavi le remite documentación interna sobre el presupuesto institucional para las distintas líneas contratadas para mantenimiento vial. Ese mismo día, a las 4:42 p.m., hubo una llamada entre Mélida Solís y Naranjo, en la cual Naranjo le indicó a Solís que "ella y Carmona trabajarían en los movimientos de fondo que implicaban los traslados de dinero de la línea 2".
"De lo que antecede se logra establecer, que entre la funcionaria Carmona Rivas y la colaboradora de H.Solís, estaban gestando los cambios presupuestarios en la línea 6 (vía o carretera), para lo cual trasladarían dineros de la línea 2. Todo esto coincide con la petición expresa que hiciera Mélida Solís, siendo éstos los aspectos convenientes para la persona jurídica acusada", sostiene el documento acusatorio.
La modificación presupuestaria, realizada por Solís Murillo y con la intervención de Carmona Rivas, tras varios meses en gestiones, fue aprobada por el Consejo de Administración de Conavi el 23 de julio de 2020. Según los registros telefónicos y los correos electrónicos, las dádivas y los sobornos se habrían entregado a los funcionarios posterior a esta fecha.
La empresaria Solís Vargas cumplió prisión preventiva durante 9 meses, entre junio de 2021 y marzo de 2022, tras ser detenida en los allanamientos efectuados el 14 de junio de 2021 por este caso. Luego, permaneció en arresto domiciliario por 6 meses (hasta setiembre de 2022). Actualmente, está libre sin medidas cautelares y únicamente debe reportar de previo a autoridades judiciales si saldrá del país.
La fiscalía sostiene que en este caso existió una organización criminal con roles y funciones establecidas, entre representantes de la empresa y funcionarios, para cometer los hechos ilícitos. A Solís Vargas y a 3 subalternos la FAPTA les achaca el presunto delito de penalidad del corruptor, mientras a Solís Murillo y a Carmona Rivas un aparente cohecho propio.
Allanamientos por el caso Cochinilla, realizados el 14 de junio de 2021. (Archivo | CRHoy.com)
Francisco Campos, abogado de Mélida Solís Vargas, alegó que la fiscalía se "apresuró" al presentar la acusación. De paso, puntualizó que esta acusación está plantead a través de un testimonio de piezas (expediente aparte) en el que solo se acusa un supuesto evento delictivo de los varios que se le achacaron a los acusados a mediados de 2021 en la causa principal.
El abogado apuntó que están pendientes de resolver todas las apelaciones sobre la clasificación del caso como de "crimen organizado", otras sobre las intervenciones telefónicas aportadas como prueba clave en la investigación y sobre gestiones realizadas durante los allanamientos.
"Presentar una acusación en estos momentos me parece apresurado y aventurado por parte del Ministerio Público. De prosperar cualquiera de esos recursos, la prueba se puede caer. No sé cuál sería la razón de la fiscalía (para presentar la acusación)", expuso el representante legal.
Campos añadió que que están pendientes de resolución las apelaciones y las actividades procesales defectuosas de la defensa.
"Desde 2022, que se presentaron, no se ha podido resolver ninguna. Todavía falta la apertura de toda la prueba electrónica. En esta acusación se ofrece la prueba electrónica, ofreciendo masivamente todos los dispositivos y la información que salgan de esos dispositivos, junto con un informe de la Sección de Crimen Organizado sobre la información que salga de esos dispositivos. Esos dispositivos tienen que abrirse dentro de la causa principal. No existe un sentido lógico en a pretender correr con acusaciones sobre temas puntuales, cuando dependen de prueba y diligencias pendientes en la causa principal", manifestó Campos.
La investigación penal principal versa sobre una presunta de red de corrupción conformada por empleados públicos que habrían acordado, y recibido, dádivas y sobornos a cambio de, aparentemente, otorgar beneficios en contratos de conservación vial adjudicados a empresas constructoras como H.Solís y MECO S.A.
La FAPTA formuló 2 acusaciones bajo el expediente secundario 24-000130-1218-PE: una por el caso de H.Solís y otra por el caso de MECO S.A.
En el expediente principal figuran más empresas contratistas y 67 personas imputados. Sin embargo, debido a la multiplicidad de hechos y personas investigadas, y debido a que ya se contaba con prueba idónea para formalizar cargos en contra de los 12 imputados, la fiscalía agregó que se logró concluir el expediente secundario.