Coprocom cuestiona: Transportistas tienen 2 cupos en CTP y usuarios solo 1

(CRHoy.com). La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) urgió efectuar cambios en la estructura del Consejo de Transporte Público (CTP) debido a que considera que esa institución ha sido ineficiente en la transformación de los sistemas hacia un beneficio para los usuarios.

A través de un estudio técnico divulgado a finales de mayo, la Unidad de Promoción e Investigaciones de la entidad tomó como ejemplo la teoría de la "captura del regulador" para explicar que la estructura actual que se aplica para conformar la junta directiva del CTP vulnera la adecuada regulación de los actores que brindan los servicios a la ciudadanía.

La "captura del regulador" establece que, por problemas de diseño, de organización o de "otra índole", que la agencia (institución) que debe regular un determinado sector termina siendo "capturada" por este, "de forma que la propia regulación acaba promoviendo beneficios para la industria regulada superiores a los que se derivan para el bienestar general".

En estos casos, describe la comisión, el regulador mantiene un contacto permanente con los empresarios cuya actuación supervisa, mientras que puede tender a ignorar otras fuentes de información como las de los potenciales competidores o la de los propios consumidores, ya que estos no suelen estar suficientemente organizados.

"Se podría llegar así a crear un clima de protección paternalista frente a los problemas que, día a día, transmite el sector regulado y a modificar continuamente la regulación en favor de las empresas concesionarias, protegiéndolas de la competencia de las que quieren acceder a la misma actividad. Si tal captura existe, constituye una barrera de entrada por cuanto protege a las empresas ya implantadas frente a los potenciales entrantes", añadió la Coprocom.

En el documento, la Coprocom detalla que por ejemplo, los transportistas poseen 2 representantes: uno del sector autobusero y otro del sector de taxistas, mientras que por parte de los usuarios solo hay un puesto.

La junta directiva del CTP, para el período 2022-2026, está compuesta de la siguiente forma: Luis Amador, presidente ejecutivo y ministro de Obras Públicas y Transportes; Carlos Ávila Arquín, representante del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT); Franz Tattenbach, del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae); Orlando Ramírez Biolley, del sector autobusero; Gilbert Ureña, de los taxistas; Erick Ulate, de los usuarios; Dennia Morales Grajal de los gobiernos locales y Freddy Carvajal Abarca, actual director ejecutivo a.i.

Así las cosas, el CTP, como órgano desconcentrado del MOPT, es el encargado de definir las políticas y ejecutar los planes y programas nacionales relacionados con el transporte público en todas sus modalidades (autobuses o taxis, por ejemplo). En esa misma línea, es el encargado de emitir los permisos y las concesiones operativas para los servicios de autobús.

"Forma parte del CTP un representante de los concesionarios de buses y un representante de los concesionarios de taxi, mientras que los usuarios se encuentran representados solamente por una persona, lo que representa un único voto. Tratándose de la máxima autoridad en el tema de transporte público, es importante indicar que no puede ser considerada como un ente eminentemente técnico, por cuanto solo se pide experiencia en la materia, y esto ‘preferiblemente' a una de las personas que lo conforman", mencionó la comisión, la cual también alertó la posible influencia política al contar con ministros en la cúpula y al peso del sector transporte en época electoral.

En el estudio técnico efectuado por Coprocom se señala que 5 grupos de interés económico que concentran una cantidad importante de concesiones de líneas de autobuses en manos de unos pocos agentes económicos.

Por ejemplo, la familia Solano (que opera servicios en múltiples localidades, la provincia de Limón y Alajuela) posee 18 rutas, la familia Ramírez (que opera en la GAM) tiene 5, la familia Simaan (ligada a operaciones en la GAM) tiene 5, la familia Herrera (ligada a rutas en Alajuela y Heredia) tiene 4 y la familia Fernández otras 4.

"Ello en rutas que abarcan áreas densamente pobladas de la Gran Área Metropolitana (GAM) y de zonas turísticas estratégicas del país.  Las situaciones presentadas en el estudio no son exhaustivas, de manera que no pueden interpretarse como limitativas o restrictivas de la eventual presencia de más casos concretos que podrían detectarse a futuro y que perfectamente podrían involucrar a nuevos grupos de interés económico por definir", recalcó el análisis.

Para la comisión, es una práctica común que se recurra a la constitución de diversas empresas, pero con vínculos comunes de filiación o parentesco. Lo cual, se ve reflejado, por ejemplo, en la conformación de sus respectivas juntas directivas, representaciones legales o poderes de cualquier tipo.

Sobre el tema, Luis Amador, ministro del MOPT y presidente ejecutivo del CTP, centró la discusión en que la calidad del servicio de autobús no la óptima antes que pensar en la concentración de rutas en pocas empresas. "Que una empresa o una persona tenga la mayoría en 2 y en otra tenga minoría, la ley no lo está regulando. La ley se lo permite. Entonces, yo puedo tener en varias empresas minoría accionaria o representación sin acciones y en otra ser el dueño. Al final de cuentas, yo creo que el tema no es si estamos concentrando en pocas familias o no, creo que el tema es la calidad del servicio que estamos dando porque no es el mejor", enfatizó.

La propuesta más reciente para intervenir el CTP está en el proyecto de reestructuración del MOPT, el cual eliminaría la junta directa de la entidad para concentrar el poder de decisión en la figura del ministro.

La Coprocom es un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), con independencia técnica, administrativa, presupuestaria y funcional.

El propósito fundamental es cumplir la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, investigando y sancionando las prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado.