Contraloría ve procedente uso de superávit por MEP para costos de cierre con la FOD

La Contraloría General de la República (CGR) ve procedente el uso del superávit del Ministerio de Educación Pública (MEP) para costear los gastos del cierre con la Fundación Omar Dengo.

Así lo informó el órgano contralor al presidente de la Junta Administrativa de la FOD, Otto Silesky, quien pidió una emisión de criterio sobre la viabilidad jurídica del uso de recursos de superávit específico en el cierre técnico del Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie).

De acuerdo con la Contraloría, es jurídicamente procedente, puesto a que los recursos que se asignaron pueden sufragar los gastos que conllevaba el Pronie, entre ellos, el cierre "que es parte de la misma".

Considerando lo expuesto, en términos generales, es jurídicamente procedente utilizar los recursos de un superávit específico para sufragar los gastos asociados al cierre o término de la finalidad particular para la cual se dispusieron; en el tanto el finiquito de una relación es parte de la misma.

Sin embargo, dicha disposición debe realizarse de conformidad con el ordenamiento jurídico, el cual incluye las normas presupuestarias y las disposiciones que definen finalidades específicas para ciertos fondos, detalló el Gerente de Área de la CGR, Humberto Perera, esto en el documento DFOE-CAP-1432.

En dicho documento, las autoridades contraloras pidieron al MEP el criterio jurídico. Según el oficio detallado por el MEP y suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio, la FOD no puede utilizar el superávit específico para el pago de actividades propias del cierre técnico.

"… la Fundación Omar Dengo no puede utilizar el superávit específico para el pago de actividades propias del cierre técnico del PRONIE, en virtud que el destino específico del recurso aprobado era para promover y facilitar la ejecución del Programa de Informática Educativa, PRONIE-MEP-FOD, así como sus componentes, iniciativas y programas que lo integran, amplíen en su cobertura y fortalezcan"

Autorizar los recursos generaría un desvío de los fondos públicos y en tal sentido, cabe recordar que es responsabilidad de la Administración activa dar un adecuado uso de esos recursos, de conformidad con lo indicado en el ordenamiento jurídico al respecto sin dejar de lado las normas de control interno para el sector público", detalló el MEP a la Contraloría.

Pese a esto, las autoridades de la Contraloría mantienen que es responsabilidad de ambas partes (MEP y FOD) ajustarse al bloque de legalidad en el finiquito de la relación.

No se omite indicar que los recursos aportados por las administraciones públicas nunca dejan de ser fondos públicos; por ende, se ejerce un control sobre un patrimonio público, es decir, en ningún caso pasarán a ser propiedad del sujeto privado.

Por lo tanto, los remanentes de recursos transferidos a entidades privadas para su custodia o administración siguen siendo recursos públicos, y su uso y disposición son responsabilidad del ente público que los aportó, puntualiza la Contraloría.

Sobre este tema se consultó al MEP, debido a la postura que mantiene la cartera educativa sobre la omisión de pagar con el superávit el cierre técnico con la FOD, no obstante, al cierre de la nota no se ha obtenido una respuesta.