Contraloría también avisa: autonomía no excluye a U públicas de ser fiscalizadas
La Contraloría General de la República.
Por si existiera alguna duda, la Contraloría General de la República prefirió adelantarse a la discusión que ya se lleva a cabo en una comisión de la Asamblea Legislativa y lo aclaró de una vez: la autonomía universitaria no excluye a las universidades estatales de ser fiscalizadas.
Se trata del documento DFOE-SOC-0399 emitido este 8 de marzo, mediante el cual el Órgano Contralor resolvió que ante cualquier duda que exista, las universidades estatales pueden y deben estar sometidas a la labor de fiscalización que ejerce esta entidad, pero ésta no es única, pues la Asamblea Legislativa también puede hacerlo.
La discusión se produce en torno al trabajo que desarrolla la comisión especial para estudiar el Fondo Especial de Educación Superior (FEES) que pretende recomendar mecanismos distintos para financiar a las casas de enseñanza públicas y ejercer control sobre la forma en que éstas realizan sus gastos.
"Es criterio de esta Contraloría General que la esfera de autonomía conferida a las universidades públicas no excluye el ejercicio de la función de control y las acciones de fiscalización que lleva a cabo este órgano contralor. Por su parte, se considera preciso aclarar que lo aquí señalado se enmarca, dentro del ámbito de nuestras competencias de fiscalización y control de la Hacienda Pública, esto a propósito que en torno al concepto de autonomía universitaria, existen abundantes pronunciamientos tanto de la Procuraduría General como de la Sala Constitucional, los cuales contribuyen a perfilar su contenido y alcances", indicó el documento.
La resolución obedece a una consulta efectuada por la diputada Xiomara Rodríguez, integrante de la comisión FEES, en el cual solicitó si existían criterios emitidos sobre el concepto de autonomía universitaria, la asignación, distribución, administración y ejecución del FEES y los eventuales controles que se ejercen sobre dicho fondo.
"Esa autonomía, reconocida constitucionalmente para que las universidades cumplan con los fines para los que fueron creadas, se reconoce en materia de administración, organizativa y de gobierno, pero que ello no implica una abstracción total de los mandatos legales y de las potestades de regulación de la Asamblea Legislativa en aquellos ámbitos que no tienen incidencia directa con respecto a sus fines como institución de enseñanza superior, ni la falta de sometimiento al ordenamiento jurídico costarricense en aquellas materias que no afectan esa autonomía (está sometida al ordenamiento jurídico desde la Constitución Política hasta las normas, valores, principios y diversas leyes que afectan la actividad no académica)", selló la Contraloría.
Las líneas de acción a las que hace referencia la entidad son especialmente la docencia y la investigación. Pero ocurre distinto con lo relativo al control de la Hacienda Pública, para lo cual existe un marco normativo especial que "escapa al ámbito de la autonomía universitaria".
Lo manifestado por la Contraloría va en concordancia con las declaraciones de la ministra de Hacienda Rocío Aguilar en el programa Enfoques de este lunes, en dónde dejó claro que todas las instituciones del Estado – incluyendo a las universidades– deben someterse al cumplimiento de la reforma fiscal.
Las universidades pidieron al Poder Ejecutivo ser excluidas del acatamiento del plan fiscal, en especial del capítulo de empleo público que regula los topes a cesantías y pluses salariales, por considerar que la iniciativa no las incluye en razón de su autonomía.
Se prevé que la disputa entre universidades y el gobierno escale a instancias judiciales, según lo señaló la propia jerarca de Hacienda, luego de que entidades como la Universidad Estatal a Distancia ya acordaron solicitar a su Departamento Jurídico realizar los análisis necesarios para impugnar el acatamiento de la reforma fiscal.