Contraloría señala subestimación, recortes y panorama fiscal adverso en Presupuesto 2027
La Contraloría General de la República (CGR) advirte que el Gobierno subestimó (omitió) al menos ₡494.000 millones en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, correspondientes a obligaciones del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), aportes y compromisos presupuestarios, así como recursos solicitados por distintas instituciones.
Así lo señalaron representantes del órgano contralor durante una audiencia ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, que analiza el proyecto de Presupuesto Nacional para 2027.
A la cita acudió el contralor general a.i. Bernal Aragó Barquero y Julissa Sáenz, gerente del Área de Fiscalización de la CGR.
Según explicó Sáenz, los ₡494.000 millones corresponden a:
- ₡418.194 millones en obligaciones del Estado con la CCSS, de los cuales ₡146.408 millones corresponden al Régimen No Contributivo.
- ₡39.603 millones menos en el aporte patronal del Ministerio de Educación Pública (MEP) a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), lo que representa una reducción del 49%.
- ₡1.019 millones correspondientes a compromisos de pago de deudas del MEP. El proyecto contempla únicamente ₡20 millones para este rubro.
- ₡21.334 millones menos de los recursos solicitados por la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP.
- ₡12.525 millones menos para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), que tendría un 76% menos de presupuesto respecto de 2026.
- ₡1.291 millones correspondientes a faltantes presupuestarios para gastos ineludibles.
Presupuesto refleja deterioro fiscal
El órgano contralor señaló que el proyecto de Presupuesto Nacional, por ₡12,4 billones, representa una reducción del 3% respecto de 2026 y equivale al 22,3% del PIB, el porcentaje más bajo registrado desde 2008.
Según la CGR, el presupuesto refleja la continuidad de un deterioro fiscal que se inició en 2023. El déficit alcanzaría el 4,4% del PIB, mientras que los intereses aumentarían un 9,1% respecto de 2026.
La Contraloría atribuyó parte de este deterioro a la disminución de la carga tributaria registrada en los últimos años.
En un contexto de menor recaudación, aumento de los intereses y un gasto que se mantiene prácticamente invariable, Hacienda estima que la deuda pública continuará por encima del 60% del PIB durante los próximos cinco años.
Para 2027, el Gobierno proyecta que la deuda alcanzará el 65,5% del PIB, equivalente a aproximadamente ₡36,5 billones. De concretarse esta proyección, implicaría un aumento de ₡3,6 billones en un solo año, el mayor incremento anual observado en más de tres décadas, según señaló la CGR.
Cuestiona congelamiento de recursos al Poder Judicial
La Contraloría también cuestionó las normas presupuestarias incluidas en el proyecto para congelar casi ₡30.000 millones al Poder Judicial.
El órgano contralor señaló que estas disposiciones podrían contradecir criterios establecidos por la Sala Constitucional, por lo que calificó la medida como un posible "bloqueo previo" de recursos.
Según la CGR, para aplicar una medida de este tipo sería necesaria una legislación ordinaria y no una norma de ejecución presupuestaria.
El órgano contralor advirtió que condicionar los recursos del Poder Judicial mediante normas de ejecución presupuestaria podría presentar vicios de constitucionalidad, debido a que desvirtúa la autorización máxima del gasto que debe otorgarse en un solo momento y permite condicionarla posteriormente, antes de que los recursos sean entregados.
Las diputadas Karol Matamoros (PLN) y María Eugenia Román (FA) advieron que con la exposición de la CGR se comprueba que la aplicación de estas normas paralizaría el funcionamiento del Poder Judicial.
Piden mayor transparencia del Gobierno
Además, la Contraloría recomendó a la Asamblea Legislativa solicitar a Hacienda mayor transparencia en las estimaciones de los pasivos y obligaciones del Gobierno, con el fin de valorar adecuadamente los niveles de endeudamiento proyectados y las implicaciones de eventuales colocaciones de deuda por encima de las necesidades previstas.
Sáenz señaló que se observa una disminución de recursos destinados a programas de Fodesaf, el IMAS, el PANI, el Régimen No Contributivo (RNC) y otros programas sociales, situación que, según el órgano contralor, se traduce en afectaciones para los sectores más vulnerables, en contraste con un aumento en la adquisición de activos financieros.
Como cierre, Bernal Aragón señaló que urge fortalecer el diálogo permanente sobre las políticas públicas del país entre las distintas instituciones, en busca del bien común.
Aragón se reunió recientemente con el ministro Rodrigo Chaves, encuentro en el que, según afirmó el jerarca, no se abordaron las normas presupuestarias relacionadas con el Poder Judicial.
Previamente, el ente contralor emitió un informe en el que alertó sobre un panorama fiscal adverso y las implicaciones de los recortes incluidos en el Presupuesto Nacional 2027 para distintos programas sociales.