Contraloría señala “problemas de seguridad jurídica” en plan para extender concesiones de bus
Alega errores en redacción que generan confusión
El plan para ampliar el plazo de concesión de rutas de autobús de 7 a 15 años, con posibilidad de prorrogar a 15 años más para las compañías con flotillas 100% eléctricas, experimenta problemas de "seguridad jurídica".
El dato consta en el informe DFOE-CIU-0354 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República (CGR), el cual envió el criterio a la propuesta planteada por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), José Joaquín Hernández.
Uno de los transitorios afirma que los permisos de uso vigentes en caso de que sea ley de la República "podrán durante los siguientes 2 años solicitar que se les autorice la operación de sus permisos por 15 años" siempre que exista un compromiso a la sustitución de la flotilla a buses eléctricos.
La CGR enfatizó que esa disposición transitoria equipararía tanto la naturaleza como la relación jurídica y los efectos de un permiso cuando el marco legal actúa por carácter excepcional con quien posee la concesión.
"El citado transitorio presenta un problema de seguridad jurídica, siendo que preceptúan el concurso (licitación pública) como el mecanismo ordinario establecido para la obtención de la concesión de operación del servicio público de transporte, modalidad autobús, siendo el permiso de uso una figura que incorpora el ordenamiento a título de aplicación restrictiva", indicó el criterio.
De acuerdo con la Contraloría, existen situaciones particulares que no pueden ser atendidas de forma momentánea bajo la figura de la concesión, el cual contempla un elemento de temporalidad limitada del permiso, siendo que la administración lo pueda revocar en cualquier momento.
Señaló el oficio que el plan tendría un eventual roce con el principio de igualdad entre un empresario que sustituya su flota al 100% por unidades eléctricas, en comparación con el que asuma el compromiso a un porcentaje del cual no se queda claro en la propuesta.
Estudios técnicos
La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR sugirió a la Asamblea Legislativa para que cuente con estudios técnicos y económico-financieros que justifiquen la ampliación de ese plazo de 15 años prorrogables a otros 15.
Los mismos deberán estar basados en la vida útil de los buses eléctricos, su batería y su financiamiento, los cuales son esenciales con el propósito de determinar los criterios mínimos para definir el plazo otorgado a una concesión.
Existe un transitorio que señala que el Consejo de Transporte Público (CTP) será el encargado de comprobar el cumplimiento de las obligaciones de un concesionario previo al otorgamiento de una ampliación, así como aquellos a quienes hagan el compromiso en el cambio de su flotilla.
"Surge la duda de a qué se refiere tal compromiso y cuál es la figura que se utilizará para honrarlo, pues no se incluyen elementos básicos sobre los cuales se pueda realizar esa verificación", enfatizó la Contraloría.
Otro numeral refiere a que los autobuseros con concesiones de ruta regular para el periodo entre 2021 y 2028 que se comprometan a sustituir la flota de combustibles fósiles del 50% al 100% podrán ampliar el plazo de 7 a 15 años. El análisis determinó que eso contravendría el principio de igualdad.
La CGR detalló que en el proyecto de Ley no se le otorga al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) la posibilidad de rescindir antes el contrato ni un régimen sancionatorio claro en caso de incumplimientos antes de que se cumplan los 15 años.