Contraloría se declara incompetente para resolver reclamo de empresa sueca por concurso de RTV
Al no tratarse de una licitación pública, ente contralor no puede resolver alegatos contra concurso
A la izquierda, una estación de Opus Grop en Pakistán. A la derecha, una de Dekra en Madrid, España. CRH
(CRHoy.com). La Contraloría General de la República (CGR) declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto el 29 de agosto por parte de la empresa sueca Opus Group, en contra de la resolución administrativa que seleccionó a la compañía alemana Dekra como nuevo oferente de la Revisión Técnica Vehicular (RTV) bajo la figura de permisionario en uso en precario.
Así lo comunicó este jueves el ente contralor, al señalar que "al amparo del principio de taxatividad de los recursos, únicamente resulta competente para conocer mediante vía recursiva la materia de contratación pública".
La materia de contratación pública se refiere al aprovisionamiento de bienes, servicios y obra.
En este caso, como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) optaron por seleccionar al nuevo oferente a través de la figura de permisionario en uso en precario, "no corresponde al acto final de una licitación pública o abreviada tramitada al amparo de la Ley de Contratación Administrativa con esa finalidad, por lo que procede su rechazo de plano por inadmisible".
Pese a este señalamiento, el ente contralor hizo un llamado al MOPT y al Cosevi para "ajustar a derecho" todas las conductas administrativas en una gestión de este perfil.
"A pesar de que el presente recurso debe ser rechazado de plano, por no ser la CGR competente para su conocimiento, es responsabilidad del Cosevi garantizar el ajuste a derecho de todas las conductas administrativas adoptadas en el trámite del permiso de uso en precario, con el fin verificar su apego al ordenamiento jurídico y a los criterios emitidos por la Procuraduría General de la República (PGR), así como a los antecedentes emitidos por la Sala Constitucional en relación con los requisitos y procedimientos necesarios para la prestación del servicio público de inspección técnica vehícular por un tercero", recalcó el ente contralor, en un comunicado de prensa.
Además, según la CGR, el Cosevi y el MOPT, deben garantizar que sus actuaciones se encuentren ajustadas a derecho, como lo dispone el artículo 8 de la Ley General de Control Interno y en caso de encontrar alguna conducta que no se apegue al bloque de legalidad, requieren tomar las acciones que correspondan.
El pasado 24 de agosto, el Poder Ejecutivo anunció que el Cosevi y el MOPT optaron por Dekra como nuevo permisionario para ofrecer este servicio.
Esta decisión se tomó pese a que Opus Group tuvo el puntaje más alto en la evaluación de las 5 ofertas admisibles analizadas. Incluso, fue la que ofreció la tarifa más baja por concepto de inspección.
Las estaciones que asumirá Dekra son las mismas que pertenecieron a Riteve, ubicadas en: Alajuela, Santo Domingo de Heredia, Puntarenas, Cañas, Nicoya, Cartago, Alajuelita, Pérez Zeledón, San Carlos, Heredia, Guápiles, Liberia y Limón.
Si no hay contratiempos, la compañía alemana asumiría la RTV por 2 años. En este lapso, el Cosevi y el MOPT prepararían en este lapso la licitación para adjudicar el servicio a largo plazo.
El Cosevi estima que Dekra podría iniciar funciones entre octubre y noviembre de este año.
Por mientras, el ministerio continuará con el ofrecimiento del servicio de RTV de manera temporal para atender a ciertos usuarios. Entre estos destacan: vehículos usados importados, automotores "rezagados" sin RTV (con placas terminadas en 1, 2, 3 y 4).
De hecho, debido a los plazos para la entrada en operación de Dekra, el Cosevi retrasó la atención de los "rezagados" para el 19 de setiembre (inicialmente estaba pactada para comenzar el 29 de agosto).
"La empresa va a absorber nuestra demanda remanente para atenderla con prioridad y ya establecer el modelo de negocio", dijo Cindy Coto, directora ejecutiva de Cosevi.
En este contexto, el MOPT valora ampliar la amnistía a vehículos que, tras al cese contractual con Riteve, no lograron acudir a la revisión. Esta medida incluye vehículos con placas terminadas en 5, 6, 7, 8 y 9.
Tras 20 años de vigencia, el contrato entre el Estado y la empresa española Riteve venció el pasado 15 de julio.