Contraloría respalda en sustentos legales improbación a presupuestos del Sinart

(CRHoy.com). A través de un comunicado de prensa remitido este jueves, la Contraloría General de la República (CGR) recalcó que existieron los suficientes argumentos legales para improbar un presupuesto extraordinario solicitado por el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

Esta gestión extraordinaria buscaba incorporar al presupuesto vigente, recursos provenientes de la venta de otros servicios por los proyectos de agencia y planes de medios para ser aplicado en publicidad por la suma de por la suma de ¢4.150,2 millones.

El ente contralor en su informe DFOE-BIS-0821 del pasado 8 de septiembre, dirigido al presidente ejecutivo del Sinart, Fernando Sandí Chacón, explicó que improbó estos nuevos recursos a la institución porque entre la documentación presentada para justificar el dinero, la entidad no incluyó un análisis de plurianualidad, y su afectación en el principio de sostenibilidad, de conformidad con las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos (NTPP) y el Artículo 176 de la Constitución Política.

En la publicación de este jueves, la CGR recalcó que para improbar la solicitud se utilizaron criterios basados en el cumplimiento de la normativa y principios presupuestarios", los cuales son conocidos por el Sinart. Estos son los argumentos de la Contraloría:

– Los criterios que rigen la materia presupuestaria se basan en el cumplimiento de normativa y principios presupuestarios, que son de pleno conocimiento de la entidad (Sinart).

– Esta competencia (aprobación presupuestaria) no es interpretativa, es decir, se cumple o no con los requisitos de ley para que un presupuesto sea aprobado o será improbado por la CGR, conforme sus competencias constitucionales en la materia.

– Actualmente tenemos en análisis un nuevo presupuesto extraordinario y su plazo legal para resolver vence el 13 de octubre, de modo que estamos en plazo y de eso tiene pleno conocimiento la entidad también. De así requerirse técnicamente, podemos suspender ese plazo para solicitar la información adicional que se estime para mejor resolver, indicó la entidad.

¿Qué indica el Artículo 176 de la Constitución Política?

La gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable, la cual se basará en un marco de presupuestación plurianual, en procura de la continuidad de los servicios que presta.

El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la Administración Pública, durante todo el año económico. En ningún caso, el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables.

La Administración Pública, en sentido amplio, observará las reglas anteriores para dictar sus presupuestos.

El presupuesto de la República se emitirá para el término de un año, del primero de enero al treinta y uno de diciembre.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9696 de 11 de junio de 2019, "Reforma artículo 176 de la Constitución Política (Principios de sostenibilidad fiscal y plurianualidad")

Señalamientos

Sobre las NTTP, la CGR dijo que no se incluye el análisis en lo específico a la 2.2.3, inciso L, que señala literalmente:

 "Principio de sostenibilidad. Se deben establecer las medidas que aseguren el financiamiento durante todo el periodo de desarrollo de los proyectos y gastos que tienen un horizonte de ejecución que rebasa el ejercicio económico. Así, todas las fases del proceso presupuestario deben ejecutarse dentro de un marco que considere la sostenibilidad financiera en el tiempo de las operaciones de la institución".

Al respecto, el ente contralor señaló que es de vital importancia contar con estos análisis para justificar el presupuesto extra "considerando la cuantía" del monto de los ingresos que se pretenden incorporar al presupuesto vigente del Sinart, pues la suma de ¢4.150,2 millones, equivale al 92% del monto aprobado en dicha cuenta con respecto al presupuesto inicial 2023 del Sinart. Asimismo, representa un 71% del total de ese presupuesto inicial (¢5.818,9 millones)", señaló la CGR.

"…El análisis de plurianualidad para el manejo de la política presupuestaria de mediano plazo del SINART, adquiere especial relevancia. Lo anterior, por cuanto coadyuvará en la identificación de problemas que se puedan presentar en el futuro y la formulación de acciones preventivas correspondientes, en procura de garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de ese Sistema. Aunado a ello, no contar con el análisis plurianual, no permite precisar el impacto en el cumplimiento de los objetivos y metas de mediano y largo plazo de ese sistema, y por consiguiente tampoco asegurar la sostenibilidad y continuidad de los servicios públicos, según lo previsto en el artículo 176 de la Constitución Política" dijo la CGR.

La CGR instó al Sinart en corregir estos vacíos, a la vez que le recordó que en julio anterior le había improbado otro presupuesto extraordinario por la falta de dichos análisis.

Dudas con entidad

El 13 de setiembre, 42 diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron crear una comisión especial que investigue las contrataciones que realizado en esta administración el Sinart por medio de su agencia de publicidad.

"La moción señala que desde el inicio del Gobierno se ha evidenciado en los medios de comunicación y la población en general, una preocupación por contrataciones con posible "tinte político" de publicidad, donde figura la agencia del Sinart, donde se cuestiona un posible abuso de los mecanismos de excepción establecidos en la ley, para brindar servicios a diferentes instituciones del mismo Estado.

"Se requiere determinar el manejo correcto o no, de fondos públicos por más de ₡8.000 millones, provenientes de 14 instituciones que concedieron contratos al Sinart mediante procedimientos expeditos aparentemente alejados de los principios normas jurídicas correspondientes. Se debe investigar también la forma en que se coloca la publicidad en detrimento del interés general y a quien se contrata servicios de mercadeo, agregó la moción.

El Sinart contrató como proveedor a la empresa RMC La Productora, del productor Christian Bulgarelli, quien según indicó la ministra de Educación en un documento oficial entregado a la fracción del Frente Amplio (FA), funge como asesor de comunicación de Casa Presidencial.