Contraloría pide corregir debilidades en ampliación de vía San José-San Ramón
En el centro, Bernal Aragón, subcontralor general de la República. (Captura de pantalla).
La Contraloría General de la República (CGR) pidió este martes corregir debilidades en el proyecto de ampliación del corredor vial San José–San Ramón.
Así lo manifestó el subcontralor general de la República, Bernal Aragón, durante una audiencia con los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, en la que se refirió a los contratos de préstamo suscritos entre Costa Rica, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, destinados a financiar la obra.
Según la entidad fiscalizadora, se debe procurar la minimización de costos adicionales que generan presión sobre el saldo de la deuda pública e impactan el alcance y los objetivos del proyecto.
En este sentido, mencionó que el saldo de la deuda del Gobierno, al 31 de octubre de 2025, alcanzó un total de ₡30,6 billones, lo que equivale al 59,9 % del producto interno bruto (PIB), cercano al 60 %.
También señaló que las opciones de crédito poseen un costo financiero superior a las condiciones otorgadas por otros acreedores para operaciones similares.
Otras de las observaciones planteadas por la CGR son las siguientes:
- El 58 % de los predios del proyecto se encuentran pendientes de expropiar, a pesar de que los desembolsos del crédito con el BCIE se condicionan a que estas hayan finalizado.
- Según información suministrada por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), aún quedan pendientes de expropiar un total de 487 predios, lo que equivale al 58 % del total de expropiaciones.
- El costo total de las expropiaciones ascendía a $145,6 millones, de los cuales las pendientes ascienden a $113,8 millones (78 %).
- Los atrasos en las expropiaciones pueden generar sobrecostos.
La Contraloría llamó la atención sobre el artículo 7 del proyecto de ley, al asegurar que requiere mayor claridad en cuanto al alcance de la exclusión de los procesos de contratación de la Ley General de Contratación Pública.
Las contrataciones no tendrían la participación de la CGR en el control previo; es decir, no atendería:
- Recursos de objeción al pliego de condiciones.
- Recursos de apelación de la adjudicación.
- Refrendo del contrato.
- Para la ejecución de la contrapartida nacional, se aplicaría el procedimiento de licitación reducida, con total independencia de los umbrales económicos que ordinariamente determinan el tipo de procedimiento, según la Ley General de Contratación Pública.
«El proyecto atiende una necesidad pública prioritaria, con el potencial de generar impactos positivos en la calidad de vida de la población y de contribuir a la reducción de los costos de transporte para los sectores productivos que utilizan este corredor vial. No obstante, en aras de una adecuada ejecución de los recursos del crédito externo, se deben mitigar riesgos y superar ciertos desafíos históricos mencionados anteriormente, relacionados con las distintas etapas del ciclo de vida del proyecto, el diseño de su sistema de control, la no aplicación de la ley de contratación pública y la gestión de las expropiaciones pendientes», sostuvo.
La operación con el BCIE asciende a $600 millones, a una tasa estimada del 6,69 % y a un plazo de 20 años, mientras que con el Fondo OPEP es de 150 millones de euros, a una tasa del 3,66 % y a un plazo de 20 años.